Jurídico 


Incidente de nulidad de actuaciones con condición suspensiva: el auto de la Sala 3º del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2017

Pilar Cancer Minchot, Abogada del Estado ante el Tribunal Supremo, se planteaba hace unos meses [“Nulidad de actuaciones y recurso de casación contencioso-administrativo” Abogacía Española,  8 de mayo de  2017] algunas preguntas muy pertinentes en cuanto a la armonización del incidente de nulidad de actuaciones y el nuevo régimen casacional en el orden contencioso-administrativo: ¿queda excluido el incidente de nulidad de actuaciones en todas las sentencias (y autos) enumerados como recurribles en casación en los arts 86 y 87 LJCA?¿Sólo cabe ya promover tal incidente, en su caso,  contra la resolución que ponga fin al recurso de casación? ¿Una resolución judicial es “susceptible” de recurso de casación por el mero hecho de estar incluida en los artículos 86 y 87 LJCA, cuando, como también veremos,  la admisibilidad del recurso ya no depende de condiciones objetivas-como la cuantía- sino que depende en último término de la concurrencia de un concepto jurídico indeterminado -la concurrencia en el recurso de “interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia”- dejado a la apreciación del Tribunal Supremo? O, dicho de otro modo, ¿sustituye satisfactoriamente el nuevo recurso de casación al incidente de nulidad de actuaciones en el caso de las resoluciones enumeradas en los arts 86 y 87 LJCA?

Las opciones viables para dar respuesta a estas cuestiones, podían sintetizarse en las tres siguientes:

  1. Desaparición del incidente de nulidad de actuaciones para las resoluciones enumeradas en los artículos 86 y 87 LJCA.

Esta sería es la solución más ortodoxa, interpretando que contra las mismas “cabe” recurso por el mero hecho de que pueda prepararse casación, aunque no esté garantizada, naturalmente, su admisión. De esta forma, sólo cabría el incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución del Tribunal Supremo que pusiera fin al recurso de casación, pero no contra la sentencia o auto de instancia. Como excepción, en el caso de la incongruencia omisiva, sí debería recurrirse previamente a un incidente que, sin ser de nulidad, sí se suscita como aquél ante la Sala de instancia, cual es el complemento de sentencia.

4.5. Por todo ello, esta Sala estima que exigir, con arreglo a la previsión contenida en el artículo 89.2.c) LJCA, que frente a situaciones de incongruencia omisiva los recurrentes en casación antes de promover el recurso intenten la subsanación de la falta por el trámite de los artículos 267.5 LOPJ y 215.2 LEC, refuerza los derechos procesales de los litigantes y redunda en una mayor agilidad y eficacia del trámite procesal de admisión de los recursos de casación preparados.  [ATS (Sala de Admisión) 49/2017, de 22 de marzo de 2017].

Esta solución –recuérdese, la desaparición del incidente de nulidad- supone disminuir claramente la defensa frente a las infracciones de derechos fundamentales y, en particular, frente a las infracciones de normas procesales (de actos o garantías, o de las normas reguladoras de la sentencia) que produzcan indefensión, respecto del régimen precedente. Así, con la antigua casación,  al poder determinarse casi con total certeza si contra la resolución judicial que ponía fin al proceso era admisible o no el recurso de casación, resultaba indudable que se conocería en el fondo la alegación sobre una infracción procesal (a salvo las lógicas vicisitudes de inadmisión por plazos, incumplimiento de otras cargas procesales, etc.), bien en casación, bien en incidente de nulidad de actuaciones si no cabía aquella. Ahora, por contra, lo más probable es que no se llegue a revisar en el fondo la existencia o no de tal infracción procesal.

1.Tesis de la previsibilidad razonable

Otra posibilidad sería que, al promover un incidente de nulidad contra una resolución del art 86 o 87 LJCA, se argumentara que toda vez que el recurso de casación tiene pocos visos de prosperar, debería admitirse el incidente y pasarse a resolver en el fondo sobre el pretendido quebranto de derechos fundamentales alegado.  Evidentemente, una vez admitido el incidente (aunque fuera desestimado; o inadmitido por causa que no fuera el carácter recurrible de la resolución), quedaría descartada la posibilidad de interponer recurso de casasción, cuya improcedencia habría sido aceptada por la propia parte interesada y por el tribunal. Si, promovido así el incidente,  fuera inadmitido por considerar el tribunal que sí cabe recurso de casación, el plazo del recurso debería, en pro de la seguridad jurídica, reabrirse.

2. Efecto de irrecurribilidad ex post

Una solución alternativa se residenciaría ante la propia Sala 3ª, cuando ésta considerase que no existe interés casacional objetivo que justifique la admisión de la casación, debería colegirse entonces que tal inadmisión convierte la resolución judicial contra la que se ha preparado el recurso de casación en irrecurrible y, por tanto, susceptible de que se promueva contra ella incidente de nulidad, cuyo plazo, consecuentemente, debería reabrirse. Por supuesto, solo para esta causa de inadmisión y no para otras, cuya concurrencia implica el incumplimiento de cargas procesales con cuyas consecuencias debe pechar el recurrente.

Pues bien, recientemente, la Sección de Admisión ha dado por fin respuesta a esta cuestión en Auto de 11 de diciembre de 2017 (RCA 3711/2017), en el que después de consignar que la aparente incongruencia «interna» y «extrapetita» en que la sentencia recurrida incurre resulta irrelevante a los efectos de su interés casacional objetivo, y por ende, el recurso deviene inadmisible,  añade el razonamiento que aquí interesa ponderar por su relevancia exegética, cuando analiza el alcance temporal que tal pronunciamiento tiene a los efectos de la eventual interposición del incidente de nulidad de actuaciones, cuya resolución posibilitará, en su caso, la modificación del fallo de la sentencia impugnada.

Y lo hace teniendo en cuenta el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, diseñado de tal forma que ha perdido esa naturaleza cerrada y taxativa que era predicable del sistema de recursos previgente, a efectos de la interposición del recurso extraordinario de casación, pues entre las características del nuevo recurso de casación se encuentra la del alto margen de apreciación, de que esta Sala dispone para su admisión, en contraste con el sistema, insistimos, cerrado y categórico, que adornaba la regulación precedente. Este cambio legislativo tiene una superlativa importancia a la hora de determinar si se está o no ante una resolución judicial contra la que cabe el recurso extraordinario de casación, pues la clara apertura del recurso de casación a resoluciones que antes lo tenían vedado excluye la inmediata y previa interposición del incidente de nulidad de actuaciones. En la sistemática actual, en contraposición a la anterior, y como principio general, sólo cuando se haya decidido la inadmisión del recurso de casación se podrá afirmar que contra la resolución judicial impugnada no cabe recurso ordinario, ni extraordinario, lo que es claramente novedoso, pues en la regulación precedente la propia resolución dictada definía intrínsecamente su recurribilidad.

«En consecuencia, a este Tribunal le compete decidir sobre la admisión o inadmisión del recurso de casación. Si el recurso de casación se admite se continuará la tramitación legalmente prevista. Por el contrario, si se inadmite el recurso de casación interpuesto contra la resolución judicial impugnada, es en ese momento, y esto es lo novedoso de la resolución que dictamos, cuando se puede afirmar la imposibilidad de interponer recurso ordinario o extraordinario contra la resolución judicial impugnada. Ello significa que la condición de «inimpugnabilidad» de la resolución de instancia sólo tiene lugar cuando la declaración de inadmisión del recurso de casación por el Tribunal Supremo se produce, no cuando aquélla es dictada (…) Entendemos que esta interpretación no sólo da una explicación razonable y coherente de la regulación del incidente de nulidad de actuaciones, a la vista del nuevo texto del recurso de casación contencioso-administrativo, sino que respeta las competencias del Tribunal Supremo -limitadas a admitir o inadmitir el recurso de casación-, y, asimismo, las que pertenecen al Tribunal de instancia, quien con libertad de criterio habrá de decidir, en su caso, acerca de la «incongruencia interna» o «extrapetita» que se denuncie.».

* Vía| Elaboración Propia.
* Imagen| Wikipedia

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