Jurídico 


Incendios Forestales y Recalificaciones

Hace poco las redes sociales se inundaban de mensajes donde se sugería una vinculación entre el incendio que asoló las zonas del Parque Natural de Doñana con una posible recalificación de dichos terrenos donde se proyecta la construcción de un gaseoducto por parte de Gas Natural.

Si bien dicha vinculación ha sido negada por personas nada sospechosas, es necesario aclarar ciertos titulares de noticias aparecidas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre la posibilidad de recalificar los terrenos forestales tras un incendio después de la modificación de la Ley de Montes realizadas en 2015.

Sin entrar en el caso concreto anteriormente mencionado, antes de las modificaciones realizadas en 2006 y en 2015 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la redacción inicial del artículo 50 era la siguiente :

1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio del uso forestal por razón del incendio. Igualmente, determinarán los plazos y procedimientos para hacer efectiva esta prohibición.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración y, en particular, el pastoreo, por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediante la que se aprueba el Código Penal.

Como vemos, en el texto aprobado inicialmente recogía una prohibición genérica y sin plazo cierto sobre el cambio de uso forestal de los terrenos forestales incendiados. Las Comunidades Autónomas, dentro de ámbito competencial, eran las encargadas de fijar el plazo y los procedimientos para hacer efectivo esta prohibición.

Sería en la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, De Montes, donde se introdujo un plazo mínimo de prohibición del cambio de uso forestal de los terrenos forestales incendiados:

1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
1.º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2.º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
3.º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.

Como vemos, en la modificación producida en 2006 se introduce un plazo mínimo de 30 años para el cambio del uso forestal de los terrenos forestales incendiados. En principio, ningun precepto prohibe a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, elevar dicho plazo en su normativa autonómica, pero, siendo una norma básica del Estado, al fijar un plazo mínimo conseguía homogeneizar los diferentes plazos recogidos por las CCAA en sus normativas, con el objetivo de acabar con la disparidad de plazos entre las mismas.

De igual forma, recoge que las Comunidades Autónomas podrán prever excepcionalidades a este plazo solo en los casos recogidos en la Ley estatal y siempre que se diesen con anterioridad al incendio forestal. Por lo que hasta esta fecha, la norma no permitía el cambio de uso de los terrenos incendiados por circunstancias posteriores al incendio.

La última modificación del artículo 50 se produce en 2015, mediante la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 

1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
c) Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.
Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.
En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior.
En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediante la que se aprueba el Código Penal.

La modificación realizada en 2015 mantiene lo recogido anteriormente y amplía excepcionalmente la posibilidad del cambio de uso de terrenos forestales por razones de interés público de primer orden. La novedad de este excepcionalidad reside en el cambio de uso de los terrenos forestales incendiados por circunstancias posteriores al incendio. Esta excepción provocó en su momento un gran revuelo ya que la posibilidad del cambio de uso de terrenos forestales incendiados por causas que no se daban antes del incendio podría dar lugar a un aumento de los mismos como consecuencia de la especulación sobre los terrenos. Sin embargo la requisito que se recogieron de la ley hace prácticamente imposible que se dé cualquier tipo de especulación sobre los mismos.

Los requisitos para poder hacer uso de la excepcionalidad recogida en la última modificación de la ley son los siguientes:

– Las razones de interés público de primer orden deberán ser apreciadas mediante ley, bien por ley autonómica o, en caso de interés general nacional, por ley estatal.
– Se deberán de adoptar las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada, identificándose las mismas con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.
En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.
Dicha excepción está pensada para aquellas obras públicas que pueden ser proyectados en parte de suelos forestales quemados en el futuro, debido al extenso periodo de 30 años que recoge la ley estatal. Sin esta excepción habría que dejar pasar el plazo para poder cambiar el uso de estos terrenos.

Conclusión

Como vemos, el cambio de uso de los terrenos forestales que introdujo la última modificación de la Ley de Montes en 2015, necesita la concurrencia de varios requisitos que dan lugar a cierta garantía de que dicho cambio no se debe a la especulación sobre los terrenos incendiados.

Así, se necesita la aprobación de una ley que determine las razones de interés público de primer orden, por lo que se garantiza la participación del legislativo en dichas determinación así como la participación ciudadana en la elaboración de la norma.

De igual forma, se deben buscar medidas que compensen la parte quemada con anterioridad al cambio de uso de los terrenos forestales, por lo que dicha compensación no podrá ser fijada con posterioridad al cambio.

En cualquier caso, se prohíbe cualquier cambio en los montes catalogados, es decir, aquellos montes de dominio público que hayan sido declarados de utilidad pública.

Más información|España en llamasLey 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes , Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, De Montes , Cadena Ser
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En QAH| Nueva Ley de Montes ¿Interes General?

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