Jurídico 


Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos de Cataluña: una lectura crítica de la Ley

El pasado 6 de Abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 5/2012 , de 20 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos, cuya principal novedad, tal y como anuncia su nombre, es la creación en su Título III (arts. 98 a 114) del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos.

Lo primero que llama la atención al leer esta norma es que la creación y primera regulación de esta novedosa figura impositiva se despacha en 17 artículos y 4 folios del Boletín Oficial. Es decir que, a expensas del desarrollo reglamentario, la configuración normativa de este impuesto autonómico es cuanto menos escueta. Cabe destacar, por otro lado, que el objetivo de este impuesto es la financiación del “Fondo para el fomento del turismo”, creado en esta misma Ley para destinar recursos a objetivos tan poco humildes como “la promoción turística de Cataluña, el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad, y la protección, preservación, recuperación y mejora de los recursos turísticos, el fomento, creación y mejora de los productos turísticos y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo”, pero cuya regulación se limita a 2 actualmente a artículos de la mencionada Ley.

Este impuesto, que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2012 grava “la singular capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto con la estancia en los establecimientos y equipamientos a los que se refiere el artículo 103.3”, que son los establecimientos hoteleros, los apartamentos turísticos, los campings, los establecimientos de turismo rural, los albergues de juventud, las viviendas de uso turísticos, las áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles y las embarcaciones de crucero turístico o de recreo; es decir, prácticamente cualquier tipo de alojamiento vacacional, reservándose además la facultad de establecer otros establecimientos por Ley.

Llama también poderosamente la atención que, según el art. 103.2, se entiende por estancia “el disfrute del servicio de alojamiento, por día o fracción, con pernoctación o sin ella”, de modo que la definición del hecho imponible es excesivamente vago y amplio.

El contribuyente, es decir, quien soporta el impuesto es “la persona física que realice una estancia en cualquiera de los establecimientos y equipamientos a los que se refiere el artículo 103.3”. También lo es “la persona jurídica a cuyo nombre se entrega la correspondiente factura o documento análogo por la estancia de personas físicas de dichos establecimientos y equipamientos”, lo cual resulta llamativo si tenemos en cuenta que se trata de un impuesto que grava la capacidad económica de las personas físicas.

Estarán exentas de este impuesto las personas de 16 años o menos, asi como “las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea”. Aunque la Ley establece que para la aplicación de estas exenciones “debe acreditarse documentalmente la concurrencia de las circunstancias que las devengan, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento”, esta regulación reglamentaria de la acreditación de la aplicabilidad de la exención debe entenderse referida a “las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea”, ya que la edad de las personas físicas puede comprobarse sencillamente mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. En todo caso, no será nada sencillo determinar el contenido legal del concepto “estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea”, pues los términos “subvención”, “programa social” y “administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea” términos con un enorme contenido jurídico detrás.

En cuanto a la cuota, se obtiene de multiplicar el número de estancias, hasta un máximo de 7 unidades de estancia por persona y establecimiento, multiplicado por el tipo de gravamen correspondiente según el tipo de establecimiento: 2,5€ para Hoteles de 5 estrellas, gran lujo y embarcaciones de crucero, 1 € (1,25€ en Barcelona ciudad) para Hoteles de 4 estrellas y 4 superior y 0,5€ (0,75€ en Barcelona ciudad) para el resto de establecimientos y equipamientos, que será exigido al final de la estancia mediante la factura, sin perjuicio de que se haya pactado un anticipo de precio a cuenta de la estancia.

En resumen, que habrá que seguirle la pista al asentamiento de este impuesto y a su desarrollo reglamentario, y, por supuesto, comprobar sus efectos y su efectividad para financiar el Fondo para el fomento del turismo y así contribuir a la competitividad del turismo catalán.

Vía| BOE

Imagen| Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

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