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Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

A raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, (en adelante, IBI), volvió a ser noticia. En nuestro anterior artículo, Financiación Municipal: Tributos Locales, ya trazábamos algunas pinceladas sobre los rasgos básicos del IBI. Ahora, intentemos conocerlo de manera más amplia.

La dos primeras cuestiones que debemos resaltar respecto al IBI las encontramos en el artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL). Este artículo nos señala que “los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta Ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, …”. Observamos que se trata de una afirmación imperativa, lo cual implica que los ayuntamientos están obligados a requerir el pago del IBI, al igual que ocurre con el IAE y el IVTM. Por otra parte, queda  también patente en este breve fragmento normativo que la regulación del impuesto por los municipios se encuentra limitada en todo caso por lo dispuesto por la labor del legislador estatal que, como ha hecho a través del RD 20/2011, puede jugar un papel decisivo en su desarrollo.

El hecho imponible del IBI lo constituye la propiedad, derecho real de superficie, derecho real de usufructo, o concesión administrativa sobre bien inmueble rústico o urbano. Sin embargo, existen determinados supuestos de sujeción o exención que debemos tener muy en cuenta y que se recogen  en los artículos 61 y 62 del TRLRHL. Entre ellas encontramos casos como el de los bienes de dominio público afectos a uso público, (no sujetos), o los bienes de la Iglesia Católica o la Cruz Roja Española, (exentos). Igualmente se permite a los municipios establecer exenciones adicionales, como es el caso de aquellos inmuebles cuya cuota líquida no alcance una cuantía determinada.

 La base imponible del impuesto viene determinada por el Valor Catastral del bien en cuestión, el cual podrá ser luego corregido mediante reducciones. Estas reducciones se aplican durante un periodo de nueve años a partir de la actualización de los valores catastrales, disminuyendo cada año esa reducción hasta desaparecer tras el noveno año.

 Una vez obtenida la base liquidable habremos de aplicar los respectivos tipos de gravamen para obtener la cuota íntegra. El TRLRHL estable en su artículo 72 unos tipos máximos y mínimos que permiten a los ayuntamientos decidir el tipo que aplicaran en sus municipios, siempre dentro de este margen. La novedad que viene a aportar el RD 20/2011 radica precisamente en este aspecto, en la inclusión en su artículo 8 de un incremento de estos tipos de gravamen.

 Por último, y de cara a obtener la cuantía definitiva a abonar en concepto de IBI, el TRLRHL prevé en su artículos 73 y 74 una serie de bonificaciones, la mayoría de ellas potestativas, que permiten reducir el importe final a pagar por el contribuyente. Una de las más notables y extendidas es la diseñada para los titulares de familia numerosa. En cuanto al momento del devengo, éste coincidirá con el primer día del año natural, por lo que nos encontramos en pleno periodo recaudatorio de este impuesto.

No debemos obviar en ningún caso que lo aquí descrito hace referencia exclusivamente a la regulación estatal.  Para conocer las características específicas del IBI en un municipio concreto habremos de acudir a las Ordenanzas Fiscales del mismo, y ahí encontraremos los tipos de gravamen, exenciones o bonificaciones aplicables en cada caso concreto, que pueden diferir notablemente según el lugar donde se sitúe el inmueble.

En QAH| Financiación Municipal: Tributos Locales

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