Hay Derecho Joven, Jurídico 


(III) El Derecho a Decidir en el Derecho Internacional

(Artículo escrito por Ignacio Gomá Garcés)

Lo hemos comentado en los artículos previos de esta serie (aquí y aquí): el derecho a decidir en Cataluña es, fundamentalmente, una articulación de carácter político que no termina de encontrar un encaje jurídico que lo legitime, ni en el ordenamiento jurídico español ni en otros precedentes extraídos del derecho comparado. Y, como veremos a continuación, tampoco el Derecho Internacional Público avala.

La sección en la que ahora escribo tiene por nombre “Jurídica” y, como tal, espera de mí una conclusión técnica y terminante sobre la regulación internacional de este famoso derecho a decidir en apenas 600 palabras. Iré, pues, al grano:

  1. El principio de la libre determinación de los pueblos no constituye un supuesto dentro del cual pueda incardinarse el referéndum del 1-O. Como afirma Xavier Pons Rafols, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona, “este principio, tal y como está enunciado en los instrumentos de las Naciones Unidas, se orienta hacia los pueblos sometidos a dominación colonial u ocupación extranjera y no resulta en absoluto pertinente a la situación catalana desde esta dimensión externa”.
  1. El principio del Derecho Internacional de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, como no es necesario en Cataluña, tampoco puede hacerse valer para celebrar el referéndum del 1-O.
  1. No existiendo ningún otro supuesto que permita la autodeterminación o aun la secesión, puede afirmarse que no existe ningún principio en el ordenamiento jurídico internacional que ampare legalmente las ensoñaciones independentistas.

En todo ello coincide la más amplia mayoría de la doctrina jurídica especializada. Jaume Saura, por ejemplo, Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona, comparte en esencia los planteamientos antes señalados: “Empecemos diciendo que no existe tal cosa como un “derecho a decidir” en derecho internacional. Se trata de una expresión desconocida y, en consecuencia, sin contenido jurídico. Lo que sí existe es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que supongo que el derecho a decidir quiere soslayar sutilmente.

Por todo lo anterior, el derecho a decidir tan apelado por el Govern debe considerarse como una manifestación exclusivamente política carente de todo efecto jurídico, por más que éste ingenuamente se implore.

Por supuesto, dentro del juego de la política, uno puede proponer todo tipo de alternativas (un referéndum pactado, por ejemplo), pero el principio democrático exige que las aspiraciones políticas que tienen y tendrán lugar en Cataluña operen en el marco de un Estado de Derecho y, por tanto, de la legalidad. En democracia, se puede hacer todo, pero desde la democracia. Cualquier pretensión encaminada por distintos derroteros no es digna de ser avalada ni por el Derecho ni, por tanto, por los ciudadanos.

La actual crisis política, institucional y territorial que vive, no Cataluña, sino España necesita de la política y de sus maravillosas ocurrencias. El Derecho ya ha dicho todo lo que tenía que decir, de modo que dejemos a un lado este asunto, por favor, pues no conduce a ningún sitio. No lo digo yo, lo dicen los expertos y los más altos representantes del escenario internacional.

Consideremos este asunto zanjado y pasemos a hablar de otro tema: de la política y del acuerdo.
Fuentes:

Legalidad internacional y derecho a decidir”, por Xavier Pons Rafols, Catedrático de Derecho Público Internacional de la Universitat de Barcelona.

Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el Derecho Internacional”, Jaume Saura, eldiario.es, 4 de febrero de 2013.

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