Hay Derecho Joven, Jurídico 


(I) El Derecho a Decidir: en la Constitución Española

(Artículo escrito por Matías González Corona)

Bajo la rúbrica del “Derecho a Decidir”, trataremos de sentar las bases jurídico-técnicas según las cuales queda demostrada la ilegalidad que supone la autodeterminación unilateral de las regiones dentro del Estado español, a la vista de la actualidad política y justo antes del referéndum ilegal del 1-0. Analizaremos la cuestión desde el punto de vista internacional en dos artículos posteriores.

Nuestro Tribunal Constitucional ya se manifestó al respecto en Sentencia 42/2014 del 25 de marzo, antes del famoso 9N, declarando inconstitucional y, por tanto, nula, la Resolución del Parlamento de Cataluña sobre la declaración de soberanía y derecho a decidir del pueblo catalán.

El Tribunal Constitucional deja claro que Cataluña es titular de un derecho a la autonomía reconocido en la misma Constitución Española pero, resulta que “no es titular de un poder soberano, [siendo este] exclusivo de la Nación [española] constituida en Estado” (ibídem), pues “la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional” [STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a), que cita la STC 4/1981, FJ 3]. En otras palabras, la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resultaría contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE.”

Nuestra Constitución, de las más avanzadas y tuitivas para con los derechos y libertades de los ciudadanos en comparación con el marco internacional, no reconoce ningún derecho a la autodeterminación de los pueblos. Toda actuación tendente a ese fin es, por tanto, inconstitucional; ilegal; nula. De esto se deduce que, la única forma de dividir el Estado español pasa por una reforma constitucional, siendo soberano el pueblo español representado por las diferentes fuerzas políticas en el órgano representante de la soberanía nacional; El Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, la diatriba en la que actualmente nos encontramos no debe pivotar en la calidad democrática de quien permita o no un referéndum donde la población pueda manifestarse. No. Ya se encarga nuestra Carta Magna de reconocer la validez del referéndum consultivo para aquellas decisiones políticas de especial trascendencia (art. 92 CE) aunque, claro está, posibilitando la participación de todos los ciudadanos. Igualmente, nada tiene que ver con el Principio Democrático (art. 23 CE) por el que los ciudadanos tienen derecho a participar de los asuntos públicos (sufragio universal).

Pero aún con todo, como se ha mencionado, la vía de la reforma constitucional estaría abierta incluso solicitando un referéndum por la Comunidad Autónoma interesada que versara en la adopción de una iniciativa para reformar la Constitución en el sentido de incluir el derecho a decidir (art. 149.1.32ª CE).

En resumen, queda prohibido todo acto que, por su naturaleza, sea nulo, por efecto de la inconstitucionalidad del mismo. No es posible convocar un referéndum para permitir allanar la vivienda de tu vecino (e.g.). La democracia se sustenta en el Principio de Legalidad, no pudiendo dejar el cumplimiento de la ley al arbitrio de las personas. La misma ley, como ocurre en nuestro país, contendrá los mecanismos para cambiarla según la voluntad del pueblo. Si ese mecanismo no existiera, no hablaríamos de un Estado democrático, sino totalitario. Afortunadamente no es el caso.

* Vía | Hay Derecho Joven

* Imagen| Madrid Diario

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