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Huelga en el fútbol español, un problema de Derecho Laboral

No es nuevo el revuelo que ha causado la “casi” huelga futbolística en nuestro país y en nuestros medios de información. Los futbolistas son trabajadores y, como tales, se organizan colectivamente en la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. Aun siendo una “relación laboral de carácter especial” tienen todos los derechos “básicos” de cualquier trabajador, especialmente los colectivos, de negociación y huelga.

El caso es que a raíz de la promulgación del RDL 5/2015, de 30 de abril, sobre la comercialización de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales del fútbol profesional se ha generado un importante conflicto en el seno del fútbol profesional. De una parte, la Federación Española de Fútbol y la AFE, objetando los contenidos de esa norma, de otra, la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) a favor de los mismos.

Al margen de reclamar su participación en cuestiones que les incumben profesionalmente, las reivindicaciones de los futbolistas representados por AFE son, entre otras:

  1. Que se garantice el pago de las deudas salariales que mantengan los clubes con sus futbolistas del mismo modo que se garantiza en el RDL el pago de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que tendrán preferencia de cobro sobre las cantidades recibidas por las retransmisiones televisivas.
  1. Que el reparto del 90-10 de los fondos que, derivados de los derechos de retransmisión televisiva son atribuidos a los jugadores de Primera y Segunda División, se haga de manera más equitativa como en otros países europeos, un 80-20 o, incluso, un 70-30 respectivamente.
  1. Que se destine directamente a favor de la AFE un porcentaje de los ingresos que pudieran derivarse de la venta centralizada de los derechos, para el cumplimiento de los fines que le son propios, así como para cualquier otra finalidad que pudieran adoptar los órganos legítimos de esta asociación. Como puede observarse, todas las pretensiones entran dentro del ámbito laboral y profesional del futbolista, además de estar justificadas por la propia acción social que lleva a cabo la AFE orientada a la protección del futbolista, defendiendo y garantizando sus derechos y velando por el normal desarrollo de su carrera deportiva y posterior promoción laboral.

Por todo ello, la AFE decidió convocar una huelga a partir del 16 de mayo que comportaba la suspensión de todos los partidos en las tres divisiones principales (1ª, 2ª A y 2ª B). La huelga fue anunciada por la directiva de la AFE en una rueda de prensa a la que asistieron muchos de los futbolistas estrella de la primera división.

Esta medida, que se acompañaba en paralelo al anuncio por parte de la FEF de una suspensión de actividades a partir del 16 de mayo, fue combatida con extrema energía por la Liga, la asociación patronal del fútbol profesional a través de dos medidas. Por una parte, ante el CSD, impugnando la decisión de la FEF de suspender las actividades. De otro, el presidente de la LFP interponía una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional para declarar la huelga ilegal por tratarse de una huelga política y pretender alterar lo pactado en un convenio colectivo. Además, y este es el elemento más novedoso, solicitaba como medida cautelar la suspensión de la huelga convocada.

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El pasado 14 de mayo, la Audiencia Nacional dictó un auto por el que se suspendía la huelga para el día 16,accediendo a la medida cautelar solicitada por la Liga. La Audiencia Nacional, mediante un Auto, accede a la medida cautelar solicitada por la LFP y suspende la huelga, previo depósito por parte de la LFP de 5 millones de euros de fianza – fianza que había sido propuesta sin ningún tipo de justificación por la propia LFP– al estimar:

  • Por un lado, que “Los objetivos de la huelga identificados en su convocatoria, así como en la propia carta remitida por el señor Rubiales a sus asociados, permiten adelantar un juicio provisional favorable a que algunos de los objetivos de la huelga podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente”.
  • Y, por otro, que de permitirse la huelga se “provocará un grave desorden organizativo, cuya resolución es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas”.

A ello, además, le unimos que no está tan claro que la huelga de AFE vulnere la legalidad vigente, es decir, el mencionado artículo 11 del RDL 17/1977, tal y como sustenta la LFP en su demanda e invoca la AN en el Auto, y ello por lo siguiente:

  • No se trata de una huelga política, pues como ya he referido, las pretensiones de los futbolistas están directamente relacionadas con su problemática laboral.
  • Por otro lado, si bien es verdad que una de las reivindicaciones de la AFE es que se de cumplimiento al acuerdo adoptado entre AFE-LFP el 25 de julio de 2014, por la que la segunda se comprometió a abonar a la primera un 0,5% neto de todos los ingresos si se legislaba finalmente sobre la venta centralizada de los derechos audiovisuales, y que esto supondría la modificación del convenio vigente, también lo es más que dicho convenio se aprobó con esa premisa previa, y que, además, lo establecido en el convenio en esta materia resulta modificado por el propio RDL 5/2015, lo cual podría legitimar dichas pretensiones de la AFE en cuanto que más que pretender la modificación directa del convenio lo que pretende es negociar los contenidos del convenio que han sido modificados por el referido RDL 5/2015.

Ante este panorama nos surge la duda: ¿qué conlleva que se haga efectiva una huelga en la liga de fútbol española? ¿Se acabaría la Liga si finalmente se levanta la medida cautelar de suspensión de huelga antes de que finalice la temporada? ¿Cómo va a afectar la doctrina sentada a partir de este momento por la AN?

En primer lugar, el Derecho Laboral español establece que las jornadas de huelga no se pueden recuperar. De esta manera, si finalmente se lleva a cabo una huelga por parte de la AFE, cada jornada que no se dispute no se podrá jugar más adelante. Sería diferente si la RFEF hubiera paralizado la Liga de manera unilateral o si la RFEF y la LFP hubieran llegado a un acuerdo para aplazar una jornada, como sucedió con la primera jornada de la Liga 2011-2012, que se acabó disputando más adelante.

Y en segundo lugar, La doctrina que se desprende del Auto de la AN plantea muchos interrogantes a la doctrina laboralista. La relevancia de las decisiones de la AN hace que esta decisión sea muy grave para el movimiento sindical en su conjunto. La extrapolación de esta doctrina puede generalizar las acciones declarativas de ilegalidad de las huelgas y la consiguiente paralización judicial de las convocatorias. Todo un plan estratégico antihuelguístico que no es compatible con el reconocimiento del derecho de huelga al máximo nivel en nuestra Constitución.

Fuente: Iusport. Baylos

Imagen:  El Confidencial

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