Jurídico 


Hoja de ruta ante el órdago independentista

ordago-catalan-600x375“El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse…”. Así reza la “Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña” aprobada en enero de 2013 por el Parlamento catalán, en un potente órdago que desde los partidos nacionalistas catalanes han lanzado al “resto” de España y que en buena medida trae causa de las frustraciones derivadas de la tardía declaración de inconstitucionalidad de su Estatuto de Autonomía. Se trata de un problema político, y en menor medida jurídico, pero que vistas las cortas miras de nuestros políticos (de un lado y de otro) puede poner en serio peligro la convivencia futura entre los españoles. No podemos seguir así: España necesita una hoja de ruta clara, por un lado para afrontar la articulación territorial del Estado ante un modelo de autonomías que parece haber llegado a su tope y que por su carácter abierto constitucionalmente no ha dejado de producir tensiones; y, por otro, se hace también necesario dar respuesta al desafío independentista.

Empezando por lo más inmediato. Un notable sector social y político catalán (apoyado incluso con cada vez menos timideces por el Partido Socialista) viene reivindicando un pretendido “derecho a decidir” de Cataluña sobre su permanencia en España. Entre quienes así lo piden hay quienes sólo lo hacen “seducidos” por el marchamo democrático de la petición pero votarían a favor de la unidad en España, y quienes lo hacen porque esperan legitimar de esta manera la independencia de Cataluña. Pues bien, vaya por delante una idea: no hay convención ni tratado internacional que reconozca un “derecho a decidir”, en definitiva un “derecho de separación del Estado” a favor de pueblos (salvo aquellos coloniales o sometidos violentamente). Si una comunidad convive democráticamente, por muy plural que resulte en su interior (por motivos étnicos, lingüísticos, etc.), es a su conjunto a quien le corresponde decidir su designio, porque todos comparten derechos y obligaciones, y una “parte” no puede decidir segregarse por si misma ignorando la voluntad del resto. No valen aquí victimismos políticos del género de que Cataluña es la que ha mantenido al resto de España, o que Cataluña conforma un pueblo homogéneo que tiene derecho a expresarse por sí mismo sin atender al resto del país. En cualquier caso, y volviendo al plano jurídico, una decisión adoptada sólo por los votantes catalanes ni tiene sustento en el Derecho internacional, ni además resulta democrática; sino todo lo contrario. También el resto de españoles tienen “derecho a decidir” sobre un territorio con el que se viene conviviendo, invirtiendo y compartiendo un marco político desde hace siglos.

A partir de aquí, cierto es que tampoco se puede esgrimir la Constitución como un ente monolítico intangible. Muy al contrario, se puede, y de hecho resulta necesario redefinir nuestro modelo de convivencia territorial, e, incluso, si un territorio manifiestamente se determina a querer quedarse fuera pueden articularse las vías para admitir su separación. No hay por qué obligar a nadie a que se mantenga en un club al que no quiere pertenecer. Ahora bien, las reglas para la salida (después de tantos años como miembros conjuntos) las fijamos entre todos; porque lo que no vale es estar a las maduras pero no a las duras… Esto no es tan fácil como ir a las urnas a votar un día. Y quede también claro que irse de España es irse de la Unión Europea, con la que una Cataluña independiente tendría que “negociar” su ingreso como nuevo Estado.

Sobre estos ejes me permito proponer la siguiente hoja de ruta:

  1. Abrir un proceso de reforma constitucional para fijar un modelo “cerrado” de organización territorial del Estado. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido con el último proceso de reorganización territorial abierto por el Presidente Zapatero a partir de reformas de distintos Estatutos de Autonomía –y por ende premiando las visiones “singulares” de cada territorio sobre el interés general-; lo que hay es que decidir con una perspectiva común cuál es el mejor modelo para España. A lo mejor la mayoría de los españoles pueden preferir recentralizar competencias o hacer un modelo con autonomías con estatutos especiales y otras de tipo general, o se puede optar por un auténtico salto a un Estado federal (lo que puede exigir la fusión de algunas de las actuales comunidades autónomas, un senado como auténtica cámara de representación territorial, etc.). A este respecto me remito a la propuesta que ya presenté en mi artículo “La España (in)vertebrada”.
  2. Someter a referéndum la reforma constitucional en todo el territorio español. Aprovechando ese mismo referéndum se podría realizar otro referéndum consultivo en Cataluña para preguntar a los catalanes si, no contentos con la reforma constitucional propuesta, quieren que se abra un proceso de negociación de la independencia de Cataluña. En cuanto a esta posibilidad de referéndum sólo en Cataluña puede ser compleja constitucionalmente ya que el art. 92 de la Constitución se refiere a someter a consulta a “todos los ciudadanos”; pero se pueden buscar fórmulas jurídicas (e incluso se puede cambiar la Constitución en este punto). La idea en cualquier caso es distinguir dos referendos: 1) General y vinculante en el que se apruebe el “futuro” marco de organización territorial de España; 2) Parcial (en Cataluña) y consultivo, para iniciar el proceso de negociación para la independencia de Cataluña si no estuvieran de acuerdo con el marco de autogobierno que les ofrecería el nuevo marco constitucional. La pregunta tendría que ser muy sencilla; por ejemplo: ¿quiere usted que inicie el proceso para que se independice Cataluña de España?
  3. Llegados al extremo de que en Cataluña se rechazara la propuesta de reforma Constitucional y se quisiera iniciar el proceso de independencia, habría entonces que sentarse en una difícil negociación sobre el “cómo” decidir la separación y sobre sus “consecuencias”. En cuanto a las consecuencias habría que pactar el “finiquito” entre Cataluña y el resto de España (inversiones y reparto de deuda, infraestructuras, etc., pero también cuestiones relativas a la nacionalidad, al estatuto de los ciudadanos que vivan en uno y otro lado…). En cuanto al cómo resulta también muy complicado. Pensemos por ejemplo en la hipótesis de que territorios dentro de Cataluña manifiesten claramente que quieren seguir siendo parte de España y otros sin embargo independizarse; o cuál sería la mayoría que se requeriría para admitir la independencia.
  4. Por último, habría que volver a someter a referéndum de todos los españoles ese “finiquito” y, en segundo lugar, llevar a la práctica una última votación, ahora sí sobre las reglas preestablecidas en el propio finiquito, para decidir definitivamente la separación de Cataluña (o de alguno de los territorios de la actual Cataluña). En mi opinión yo sería favorable a que el “finiquito” lo aprobáramos todos los españoles, pero luego la decisión última sobre separarse o no la dejaría a los concretos territorios, exigiendo mayorías de población cualificadas pero además por territorios (no toda Cataluña como un bloque). Si el “finiquito” fuera rechazado por la mayoría de los españoles habría que volver a abrir el proceso de negociación, indagando en las causas de la oposición.

Se trata de una propuesta que puede estar llena de matices y falta de maduración en alguno de sus puntos, pero por lo menos creo que ayuda a ver que existen vías para iniciar un “necesario” diálogo visto el tono del debate.

Imagen| Abteve

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