Jurídico 


‘Hearings’ y abogados en el nuevo recurso de casación contencioso

Una de las novedades más interesantes de la nueva casación contencioso-administrativa que entrará en vigor el próximo 22 de julio de 2016 merced a la disposición final décima de la LO 7/2015, es el reforzamiento de la oralidad en el trámite casacional. En efecto, una vez recibidos los autos originales y el expediente administrativo en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el nuevo artículo 90 LRJCA introduce una suerte de verbalización del procedimiento, al contemplar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, la celebración de una audiencia para que las partes personadas y por plazo común de treinta días, expongan sus argumentos acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Se trata, indudablemente, de un trasunto de los célebres y exigentes hearings del Tribunal Supremo norteamericano.

Muy sintéticamente, y siguiendo la Regla 10 de las Normas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la petición de certiorari debe presentarse por el solicitante (brief for the petitioner) ante la Secretaría del Tribunal Supremo (Clerk’s Office), en el plazo de noventa días desde la fecha de la resolución impugnada, con el contenido y requisitos formales establecidos legalmente. La parte contraria (respondent) dispone de treinta días, a contar desde la notificación de aquella petición, para formular su escrito de oposición (brief in opposition), el cual puede ser nuevamente rebatido (reply brief) si apreciara concurrencia de cuestiones nuevas en la referida contestación. Asimismo, se prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes puede formular un escrito complementario (supplemental brief) para llamar la atención sobre cualquier aspecto legislativo, jurisprudencia o de otra índole no disponible al tiempo de presentación de los anteriores escritos. De cada petición de certiorari, y la documentación de la que se ha hecho referencia más arriba, la Secretaría del Tribunal da traslado a cada uno de los nueve jueces que lo forman. Aunque en verdad, quien recibe en primera instancia esa información es el denominado cert pool o gabinete que cada juez dispone, como ya vimos antes. Cada uno de los law clerks que forman ese pool y para cada expediente que les es repartido, elaboran un memorándum estandarizado, comprensivo de si la petición trae causa de una petición de certiorari o de un recurso y si de la competencia del Tribunal Supremo; si ha sido presentada en forma y  plazo; la identificación del tribunal a quo y de sus jueces integrantes; el nombre del ponente y de quienes concurrieron y disintieron; las cuestiones que se plantean; los hechos; el criterio/s de los jueces del tribunal inferior, con un análisis superficial de la petición y una recomendación sobre la admisión o rechazo de la misma. Esta información se hace llegar a su Justice correspondiente, y es ulteriormente  complementada con un segundo informe (mark-up memo), que puede confirmar o discrepar con el anterior. Finalmente, todos los memorándum, incluido ese segundo análisis, son entregados a cada juez, junto con la petición de certiorari y demás escritos de las partes. Efectuada esta selección previa de asuntos, el Presidente del Tribunal Supremo  confecciona una lista (discuss list) que no es pública, con los asuntos que, a su criterio, son merecedores de discusión en la posterior sesión (conference), incorporándose además todos aquellos que recibieron una recomendación favorable en los correspondientes memorándum de los letrados ayudantes. Los demás, que son la inmensa mayoría, quedan rechazados automáticamente. Pues bien, el procedimiento de admisión termina con la sesión (conference) que los jueces del Tribunal Supremo celebran para discutir los asuntos de cada lista una vez a la semana, en concreto, los viernes; y tras la celebración de la sesión deliberativa del viernes, todos los admitidos y rechazados, figurasen o no en esa lista, se relacionan en un documento que se publica el martes siguiente.

JEFF WHEELER • jeff.wheeler@startribune.com ST. PAUL - 11/22/10 - The Minnesota Supreme Court heard arguments Monday afternoon about how the recount in the governor's race should proceed. Lawyers for the Emmer campaign, the Dayton campaign, and the Secretary of State's office all argued before the Supreme Court. IN THIS PHOTO ] Attorney Diane Bratvold argued Tom Emmer's postition before the Minnesota Supreme Court Monday afternoon.

Ejemplo de ‘hearing’ en EE.UU.

Los asuntos que han logrado superar esta exigente criba se anuncian en las Hearing List que se publica en la página web del Tribunal con una periodicidad mensual. A partir del primer lunes de octubre, y después, los martes y miércoles en intervalos de dos semanas hasta finales de abril (con descansos más largos durante diciembre y febrero), el Tribunal generalmente oye dos argumentos al día, a las 10  y las 11 horas, con sesiones de tarde ocasionalmente programadas según sea necesario. Cada parte dispone de treinta minutos para presentar su caso ante los Justices de forma oral, tiempo que podrá ampliarse sólo en casos excepcionales y cuando la cuestión fuese especialmente controvertida o compleja, advirtiéndose la culminación de su tiempo con unas luces blancas y rojas. En los primeros años de funcionamiento del Tribunal, los abogados podían argumentar durante horas o incluso días, restringiéndose ese filibusterismo procesal a medida que la carga de trabajo del Tribunal se incrementaba.

Durantes estos hearings, que tienen por cierto  naturaleza de audiencia pública, junto a los jueces y los law clerks o letrados que les asisten, están también presentes el Clerk o Secretario del Tribunal Supremo, como fedatario judicial, el Marshal o Alguacil y sus ayudantes, encargado de ordenar la audiencia y los miembros acreditados del Supreme Court Bar o asociación de abogados habilitados ante el Tribunal Supremo, que pueden acudir para oír los argumentos esgrimidos por las partes. En estas vistas los jueces están autorizados a interrumpir el abogado con el fin de interrogarle o aclarar extremos de su exposición, lo que por una parte enriquece el debate litigioso y, a la vez, demanda del profesional un exhaustivo conocimiento de la materia sobre la que reclama la concesión del certiorari.

Debemos ser conscientes que la adopción de un sistema discrecional de admisión de asuntos ante las altas magistraturas, supone, indefectiblemente, una dificultad técnica añadida a la hora de la elaboración de los escritos de preparación e interposición que, como pone de manifiesto nuestra nueva regulación y los textos rituarios que regulan el proceso impugnativo de la mayoría de las instancias superiores de otros países, suponen un incremento adicional en cuanto a las exigencias formales requeridas. El establecimiento de un sistema de discriminación en el ejercicio de la abogacía ante las cortes supremas resultaría por tanto esencial, tanto desde un punto de vista cuantitativo, al configurarse como un tamiz natural de asuntos de naturaleza exógena, al proceder de códigos y estándares establecidos por la propia abogacía y, en segundo lugar, desde el prisma cualitativo, elevándose consecuentemente el nivel técnico de los papeles que acceden a esta última instancia y, con ello y en justa reciprocidad, las resoluciones que deben contestarles y dar respuesta.

¿Acaso Francia con su prestigiosa ordre des avocats à la cour de cassation et au conseil d’etat, Italia con sus avvocatto cassazionisti, los Estados Unidos y sus elitistas Members of the Bar of the Supreme Court of the U. S. o, finalmente, el Reino Unido, distinguiendo entre barristers y solicitors, yerran al exigir una cualificación singular a los profesionales para actuar ante los estrados de sus más altas instancias jurisdiccionales? Me cuesta creer que estén todos y al mismo tiempo equivocados. Veremos.

Vía| Raúl C. Cancio

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