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Hacienda somos todos: ¿Porqué debemos pagar impuestos?

Hacienda somos todos: ¿Porqué debemos pagar impuestos?

Muchas veces, cuando pensamos en un Impuesto, pensamos en él como una carga, un gravamen, algo dañino de lo cual debemos intentar librarnos como sea: interpretaciones favorables de la Legislación tributaria, la existencia de defectos formales, o incluso la forma de engañar la Administración Tributaria y eludir el pago del impuesto son las primeras cuestiones que un amigo le plantea a quien dice estar interesado en el Derecho Tributario.

La realidad es otra. El pago de impuestos es una obligación ciudadana, la primera y más básica manera de contribuir a la sociedad, participando en el sufrago del Estado, cuya existencia nadie pone en duda que es necesaria, aunque luego se discuta sobre la extensión de sus actividades.

En España, el artículo 1.1 de la Constitución  dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, de modo que podemos afirmar que lo primero que quiso dejar claro el constituyente es que España es un Estado social, lo cual supone, entre otras cosas, que el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos.  Si a esto le sumamos las obligaciones establecidas el Capítulo III del Titulo Primero, que obligan al Estado a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la sanidad, la cultura, la educación etc., nos podemos hacer idea del ingente volumen de recursos económicos de los que necesita,  más allá de los necesarios para la construcción de infraestructuras públicas o el aseguramiento de la paz y el orden públicos mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, ya que si bien es común oír hablar de la “Educación gratuita” o la “Sanidad gratuita”, estos términos no pueden sino tacharse de falacias: nada es gratuito, ni las personas que trabajan en dichos sectores pueden permitirse trabajar gratuitamente, pues también necesitan subsistir económicamente.

Así, el artículo 31 de la Constitución proclama que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, y el Tribunal Constitucional ha resuelto que ese “todos” se refiere a todos aquellos sujetos que se beneficien de la actividad del Estado: ciudadanos, empresas y demás personas jurídicas  e incluso extranjeros que pasen una estancia en nuestro país. Y este mandato constitucional se cumple mediante el establecimiento de distintos Impuestos como son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, por citar solo algunas de las figuras impositivas más importantes.

Por supuesto, esto no quiere decir que los contribuyentes no puedan tratar que se les aplique la interpretación de la norma tributaria de la cual se deduzca una menor obligación tributaria. Es más, deben hacerlo, pues una mayor adecuación de la normativa tributaria a su situación concreta solo redunda en el cumplimiento del mandato constitucional de un sistema tributario justo.

Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones tributarias debidas supone no solo un incumplimiento de la legislación tributaria que puede dar lugar a una eventual sanción administrativa o incluso penal, sino el incumplimiento de una obligación ciudadana que perjudica a toda la sociedad, que se ve privada de la necesaria financiación de los servicios a cuyo acceso tiene constitucionalmente derecho, y un agravio comparativo para quien cumple con su deber.

En otros países, como los Estados Unidos de América, el incumplimiento de las obligaciones tributarias es una de las peores acusaciones que se le puede hacer a un ciudadano, y aquel que tiene la mera sospecha de que su vecino ha incumplido alguna obligación tributaria no duda en denunciarlo ante la Administración, porque es consciente de que, defraudado al fisco, le está robando a él.

También, desde el punto de vista de las empresas, el incumplimiento de las obligaciones tributarias de una supone un acto de competencia desleal hacia las que sí cumplen con sus obligaciones, porque se están liberando de un coste incumpliendo para ello la legislación vigente.

En resumen, y retomando un viejo aforismo tributario español, “Hacienda somos todos”, y ya va siendo hora de que tomemos consciencia de eso.

Imagen| Google: Impuesto

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