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¿Habeas corpus para los abuelos?

Cuando el Tribunal Constitucional parecía haber zanjado la polémica sobre la aplicación del artículo 763 LEC en relación con los ingresos involuntarios (SSTC 131 y 132/2010, de 2 de diciembre), sus nuevas sentencias la han reavivado recientemente al rechazar de plano este procedimiento en dos supuestos concretos. Veamos:

La STC 34/2016, de 29 de febrero, prohíbe la aplicación del 763 LEC para lo que viene a llamar regularización de los ingresos involuntarios de ancianos realizados en su día sin haber obtenido la preceptiva autorización judicial previa cuando sus facultades volitivas estuviesen mermadas (demencia) para la prestación del necesario consentimiento. Ancianos que, por no poder autocuidarse, normalmente son ingresados por sus familiares más allegados o por los servicios sociales. Es decir, la mayoría de los casos.

Privación de libertad en los geriátricos.

                     Consentimiento previo.

La STC 132/2016, de18 de julio, ratifica esa misma tesis pero, aunque el supuesto de hecho es bastante parecido, el planteamiento procesal difiere al principio. En el caso anterior, el Ministerio Fiscal inicia el procedimiento del 763 LEC, interesando la ratificación de un ingreso involuntario a posteriori, esto es, cuando la persona ya lleva meses ingresada. Aquí, en la STC 132/2016, es la directora del geriátrico quien lo promueve como ingreso involuntario urgente. Ante la inadmisión  de su escrito, el Ministerio Fiscal no recurre sino que inicia nuevo procedimiento de ingreso involuntario ordinario, siendo la conclusión la misma que en el caso anterior por considerar el Tribunal que la autorización debió ser recabada con carácter previo al ingreso sin que quepa la ratificación posterior porque el ingreso no tuvo el carácter de urgente al no reunir los requisitos definidos en la STC 141/2012, de 2 de julio (lo cual, desde mi punto de vista es bastante discutible) y no cabe hablar de urgencia sobrevenida.

En ambos casos, el TC concluye que sin la autorización previa al ingreso no cabe su ratificación posterior pues no se puede ratificar lo que considera una verdadera vulneración del derecho fundamental a la libertad, salvo que, a la hora de dictar el Auto, la persona estuviese en libertad. Es más, de permanecer en el centro, el TC afirma que se podría instar un procedimiento de Habeas Corpus en favor de la persona privada ilícitamente de libertad.

¿Debería entonces el Ministerio Fiscal promover dicho procedimiento a fin de garantizar el derecho a la libertad de todos estos mayores? ¿Deben todos ellos salir de los geriátricos donde, según parece, se encuentran privados ilícitamente de su libertad para iniciar un procedimiento nuevo del artículo 763 LEC garante de sus derechos? ¿Vulneraría esa puesta en libertad su también derecho fundamental a la integridad?

El TC considera otra solución: la solicitud de ingreso involuntario como medida cautelar del artículo 762 LEC y la tramitación del correspondiente procedimiento de modificación de la capacidad del anciano por considerarlo la medida de protección más completa y definitiva.

Obvia (como recuerda el Fiscal) el nuevo sistema de apoyos impuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) y la existencia de tradicionales figuras como la guarda de hecho, quizá la más apropiada y proporcionada para este colectivo; priva al anciano de la tutela del artículo 763 LEC por un error formal; y olvida los inconvenientes de tipo procesal así como el coste que supone la imposición de este desproporcionado procedimiento ordinario que, en unas ocasiones, resultará inconcluso teniendo en cuenta el perfil de este vulnerable colectivo y en otras absolutamente inútil e innecesario.
* Vía|STC 132/2016, de 18 de julio.
* Más información|STC 34/2016, de 29 de febrero.
* Imagen|Ingreso involuntario
* En QAH|Personas mayores y centros residenciales II: El ingreso. 

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