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Guerra y privatización

El pasado mes de marzo conmemorábamos (R.A.E: “Hacer memoria o conmemoración”, sin apología ni condena) el décimo aniversario del inicio de la invasión del Iraq. Al calor de este aniversario, se publicaba una encuesta según la cual más de la mitad de los norteamericanos (53%) considera que esta guerra fue un error. Ahora algunos Estados se plantean una intervención en Siria.

Expertos apuntan, que gran parte de la oposición que mostraba la encuesta se debe al coste económico de la guerra, cifrado entre tres y seis billones de dólares. Y es que, un trozo importante de este pastel ha ido a parar a las “PMC”, singlas en inglés para “empresas militares privadas o empresas proveedoras de servicios de defensa (EPSD)”. La guerra del Iraq ha sido, por tanto, un claro ejemplo de privatización de un servicio público elemental: la seguridad exterior. En relación con la tediosa controversia con la que la palabra “privatización” pulula desde hace meses por los medios españoles, propongo analizar los pros y contras en recurrir a contratistas privados, en este caso, en materia de seguridad.mercenarios

El objetivo principal, que se viene tratando de desmontar, como en cualquier otro servicio público que se “externaliza”, es de naturaleza económica: suministrar un servicio más barato y de igual o mayor calidad. Una gestión más flexible –ajena a toda traba burocrática– y una mejor y más rápida respuesta a las necesidades cambiantes, son otras de las máximas defensoras que se predican de la privatización. Sin embargo, las cifras que se manejan actualmente acerca del coste económico de la guerra del Iraq ponen en entredicho el objetivo ahorro, y me llevan a pensar: ¿son estos soldados a sueldo más eficientes económicamente, o más efectivos políticamente? Para resolver esta cuestión adentrémonos en las ventajas y riesgos que en materia de seguridad implica el recurrir al sector privado.

  • Desde el punto de vista económico cuando un Estado contrata con una EPSD, su gasto militar queda circunscrito a dicho contrato. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con militares convencionales de las fuerzas nacionales (y salvo que se pacte otra cosa), ese estado no incurrirá en gastos por  salarios, seguros, promociones, pensiones o reparaciones a las familias de los soldados caídos en combate. Además los contratistas privados –como toda empresa privada regidos por los principios de minimización de costes y maximización de beneficios– deben hacer una oferta competitiva para el concurso público que se convoque con motivo de la “externalización”. Y en supuestos en que el servicio prestado por estas compañías resulte insatisfactorio o demasiado caro, el gobierno podría no renovar ese contrato y  buscar otro proveedor privado que ofrezca mejores condiciones. Por otro lado, el problema es que en escenarios de elevado peligro militar (como era el caso del conflicto del Iraq) el precio se eleva y la competencia entre contratistas privados se vuelve simbólica, lo que se traduce en precios y términos más onerosos para el estado contratante, motivo por el que a día de hoy nos sorprenden estas cifras.
  • Es en el ámbito político donde la guerra comporta un mayor precio. Pues bien, recurriendo al sector privado el gobierno puede desechar en cierta medida la desaprobación pública de la guerra. El pueblo no ve con los mismos ojos la pérdida de un soldado nacional que lucha por su patria, como la de un “mercenario” que trabaja para una EPSD (muchos procedentes de las Filipinas, Israel, Chile, Nepal). Además estos soldados no precisan justificación alguna acerca de la corrección o necesidad de la guerra, luchar es su trabajo, de forma que ante una creciente impopularidad de la guerra y las consecuentes dificultades de reclutamiento, pueden ser un instrumento válido para atajar este problema. Por otro lado, se plantea el problema disciplinario: su lealtad a la causa se encuentra inherentemente en entredicho; así como su controvertida inmunidad o impunidad silenciosamente concedida por conveniencia política del estado contratante, ya que los soldados de las EPSD no están sometidos a la jurisdicción militar.
  • Finalmente, deben de tenerse en cuenta los riesgos militares. Aunque estas empresas privadas ofrecen soldados ya instruidos y muy cualificados, en el área de acción surgen importantes problemas a la hora de compartir información con las fuerzas convencionales e incluso problemas de comunicación (utilizan distintas lenguas y prácticas poco familiares). Además el hecho de que cobren salarios mucho más altos que los soldados ordinarios y tengan condiciones de despliegue menos exigentes pueden despertar los celos de los militares nacionales e imposibilitar una actuación integrada y eficiente.

Si como defiende la desaprobación pública las guerras modernas ya no responden a un fin político sino económico, ¿por qué incurrir en tal coste político? Parece que la respuesta se encuentra en el sector privado.

Vía | Carlos Cereijo Hernández

Imagen | “Mercenarios”

En QAH | ¿Puede justificarse la guerra legalmente?

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