Derecho Internacional, Jurídico 


Guantánamo (II): Dudas respecto a la calificación y jurisprudencia

Como comentamos en la anterior  entrada, la calificación “combatiente ilegal” dejó de manifiesto la existencia de lagunas en el Derecho Internacional en torno al estatuto de algunos beligerantes. En derecho hay que tener siempre en cuenta que laguna no es igual a vacío. Al contrario, las lagunas son frecuentes y requieren la interpretación de la ley.

El art. 4. A (Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo) del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, establece en su  punto 2º:

los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio

La controversia, que gira en torno al alcance de dicha pertenencia, no es baladí, pues determinará si las personas capturadas están protegidas por el Convenio de Ginebra o no, con todo lo que ello comporta. Existen dos posiciones encontradas:

COMITÉ INTERNACIONAL CRUZ ROJA1)      La Cruz Roja (en su comentario sobre el Convenio de Ginebra de 1949) establece que el Convenio de Ginebra engloba las milicias independientes cuando existe una relación de hecho con una de las partes en conflicto (en nuestro caso, entre Al-Qaeda y el gobierno talibán).

2)      Por su parte, Estados Unidos considera que el término “pertenecientes” debe interpretarse como una relación de derecho y entiende que ésta no se da y  por tanto no les es aplicable el Convenio.

La Cruz Roja sentó la siguiente presunción: Toda persona capturada en una zona de combate es un prisionero de guerra.

En cualquier caso, el art. 5 párrafo 2 del Convenio establece que en caso de duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías enumeradas en el artículo 4 de las personas que hayan cometido un acto de beligerancia y que hayan caído en poder del enemigo, dichas personas se benefician de la protección del presente Convenio, en espera de que un tribunal competente haya determinado su estatuto.

La administración americana no estableció estos tribunales además de no estudiar caso a caso, ampliando el estatuto de “combatiente ilegal” de forma discrecional y colectiva. La contradicción es patente, pues según el Decreto militar de 13 de noviembre de 2001 del que hablamos en la anterior entrada estos sujetos son juzgados por violación del derecho de la guerra (to be tried for violations of the laws of war) pero al mismo tiempo se les excluye de las disposiciones favorables reconocidas en él.

¿Tienen estas personas algún derecho garantizado?

El 31 de enero de 2005 la jueza Joyce Hens Green  del Tribunal del distrito de Columbia dictaminó que “la necesidad de tomar medidas para protegerse de amenazas importantes, no puede contravenir los derechos fundamentales más elementales”. Esta sentencia fue un duro golpe para la administración Bush, cuyo decreto militar explicita (sección 1 f)) que en atención a la seguridad de los Estados Unidos y la naturaleza del terrorismo internacional (…), no serán aplicables por las comisiones militares los principios del derecho ni las reglas de administración de la prueba reconocidas en los procesos penales que tienen lugar en los tribunales de los Estados Unidos.

Los tribunales americanos han intentado clarificar la situación relativa a las garantías de estas personas. Si hay una sentencia que marcó un antes y un después esa es la sentencia  de 28 de junio de 2004, en la cual el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce algunos derechos a los prisioneros americanos  (Hamdi v. Rumsfeld y Rumsfeld v. Padilla)  y extranjeros (Rasul v. Bush).  Estas sentencias nacen de peticiones de Habeas Corpus presentadas por prisioneros de Guantánamo. Consecuencias de esta sentencia:US SUPREME COURT

–          La posibilidad por parte de los prisioneros de Guantánamo de denunciar detención abusiva ante los tribunales federales americanos.

–          El Habeas Corpus (detención ilegal) puede ser requerido por cualquier persona detenida por los Estados Unidos en un territorio controlado por la administración americana (se incluyen las bases militares extranjeras).

–          Exige creación de tribunales competentes que determinen el estatuto en caso de duda.

A pesar de las exigencias que existen en torno a los conflictos armados y de las últimas sentencias del Tribunal Supremo norteamericano, la violación del derecho internacional humanitario sigue siendo noticia hoy. Por ello en la próxima y última entrada analizaremos la naturaleza del campo en relación con el estado de excepción y la soberanía de los estados.

Vía |Utrecht Law Review, University of Oslo

Más información | International Committee of the Red Cross

Imagen|CICR, US Supreme Court

En QAH | Guantánamo (I): Estatuto jurídico de sus presos, ¿Puede justificarse la guerra legalmente?

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