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Grabar al jefe con el móvil y sin su consentimiento no atenta contra su intimidad

En 2009, el apoderado de una empresa entregaba a una trabajadora una carta de amonestación y sanción de suspensión y empleo y sueldo mientras ésta grababa toda la conversación con su teléfono móvil. Este hecho llevó al administrador de la empresa a demandar a la que era su empleada, demanda que fue desestimada en primera instancia y en la Audiencia Provincial. Sin embargo, el empresario no cesó en su interés y dio un paso más, interponiendo recurso de casación ante la Sala Civil del Tribual Supremo.

Partiendo de esta situación y para poder analizar la conclusión obtenida por la Sala primera del TS resulta procedente enumerar un escueto resumen de los antecedentes y hechos probados por esta Sala:

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-El administrador de la empresa demanda a la susodicha trabajadora por grabar con el móvil una conversación donde recibía una amonestación y a su vez era suspendida de empleo y sueldo.

-La grabación se realiza sin conocimiento ni autorización judicial y antes de entrar en las instalaciones de la empresa.

-Existen numerosos antecedentes demostrados por la vía de lo social referentes a la existencia de un conflicto laboral de hostigamiento a la demandada, lo cual motivó la grabación.

Pero, ¿qué resulta determinante para que el Tribunal establezca que no existe vulneración del deber de secreto de las comunicaciones y de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad?

Lo más importante es que la grabación se realizó en la vía pública y lo que se recoge es una conversación entre empleador y empleada en la que se discute una sanción y un despido.

El Supremo, además, tiene en cuenta que se ha demostrado en la vía social la existencia de una situación previa de conflicto entre ambos, por lo que considera que hay una nota de razonabilidad en la conducta de la demandada.

Por último, se tiene en cuenta que la grabación no contenía referencias a la vida personal o familiar, ni profesional y que tampoco había sido difundida ni llegó a ser utilizada en el proceso laboral en el que se interpuso como prueba.

Por todo lo expuesto, el Tribunal Supremo concluye que no existe intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del demandante (art. 7.2 de la Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), ni una vulneración de su «intimidad personal» (art. 18.1 de la CE). Del mismo modo, el Supremo tampoco entiende vulnerado el artículo 18.3 de la Constitución referente al secreto de las comunicaciones debido a que “no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige”.

Vía| Informativo Jurídico ; El País

Más Información| El Periódico

Imagen| Smartphone

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