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Gastos de préstamo hipotecario (III): la actual situación de caos

Artículo escrito por Miguel Fernández Benavides

En los dos post anteriores de la serie, analizábamos la problemática surgida a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, Pleno) núm. 705/2015 de 23 diciembre (RJ 2015\5714), así como los diferentes conceptos generalmente incluidos en la cláusula de gastos. Corresponde ahora, por fin, estudiar cuál es el estado actual de la controversia en la jurisprudencia menor.

Aunque la sentencia de la que deriva esta nueva batalla judicial –que sin duda promete inundar de nuevo los juzgados de todo el país- es de finales de 2015, las demandas de nulidad de la cláusula de gastos y de reclamación de cantidad no se pusieron de moda hasta finales de 2016. Desde entonces, se han presentado varios miles de demandas (sería difícil cuantificar un número exacto) que, poco a poco, van traduciéndose en pronunciamientos judiciales de diversos juzgados y audiencias provinciales.

Respecto de la pretensión de nulidad de la condición general de la contratación, la jurisprudencia es uniforme y seguidista de la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo. La excepción, no obstante, la encontramos en la Audiencia Provincial de Asturias, que tomando como base la normativa fiscal sobre el sujeto pasivo del impuesto y la jurisprudencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), concluye que la cláusula que impone al prestatario el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, no es nula (SAP Asturias, Sección 5ª, Sentencia núm. 63/2017 de 17 febrero, JUR 2017\94723).

En cuanto a los efectos de la nulidad de esta condición general, como ya ocurriera en su día respecto de las cláusulas suelo, la jurisprudencia menor se encuentra dividida, pudiendo diferenciarse –al menos- las siguientes posturas: (i) condena a la entidad al pago del 100% de gastos de registro y al 50% de gastos de notaría (JPI núm. 1 de Bilbao, Sentencia núm. 94/2017 de 29 marzo, JUR 2017\90439 y JPI núm. 2 de Barakaldo, Sentencia de 27 marzo 2017, JUR 2017\73051); (ii) condena a la entidad al pago del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados (JPI núm. 3 de Jaén Sentencia de 10 enero 2017. JUR 2017\46769); (iii) condena a la entidad al pago del 100% de todos los gastos: notaría, registro e impuesto de actos jurídicos documentados (JPI núm. 6 de Granollers, Sentencia núm. 410/2016 de 21 diciembre. JUR 2017\9372); (iv) la declaración de nulidad de la cláusula no conlleva la condena al pago de cantidad alguna (AP Pontevedra, Sección 1ª, Sentencia núm. 167/2016 de 31 marzo, JUR 2016\88691).  Ciertamente, el caos es absoluto y, lo que es peor, creo que todavía no se han agotado todas las derivadas posibles.

Desde luego, resulta difícil imaginar una situación de mayor inseguridad jurídica, toda vez que una demanda que interpusiésemos hoy tendría por delante un futuro absolutamente impredecible. Ante esta situación, solo nos queda esperar a que, más pronto que tarde, la Sala Primera del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión en unificación de doctrina. El futuro es impredecible, pero quien sabe si no terminaremos repitiendo la historia vivida con las cláusulas suelo, o si acaso no estaremos ya  embarcados rumbo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Imagen| Pixabay

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