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¿Fue la sede del PP víctima de un delito de terrorismo?

#actualidadQAH

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Ni es empresario, ni está arruinado. La historia relatada a la policía el día de su detención no coincide con la realidad vital de Daniel Pérez Berlanga, un hombre de  37 años que sufre esquizofrenia y que se encuentra actualmente en tratamiento psiquiátrico. Procedente de un pueblo de Teruel, Bronchales, se quedó desempleado tras un ERE en la empresa donde prestaba sus servicios. Esta no es la primera vez que se enfrenta a la justicia, ya que en el año 1999 fue detenido por acometer el delito de robo de un vehículo.

Un buen día se encerró en su casa de Bronchales y fabricó, gracias a Internet, un artefacto casero: presuntamente quería volar la sede del Partido Popular. El pasado viernes materializó su objetivo al colisionar su coche cargado con dos bombonas de butano y una sustancia inflamable contra la sede nacional del Partido Popular en Madrid. El día de su detención, el sujeto declaró a la Policía de Moratalaz, la localidad a la que fue trasladado, que su plan pasaba por atacar a toda la clase política. Daniel aseguró que su ataque contra la sede nacional del PP podría perfectamente haberse efectuado en la sede de otro partido o en el mismo Congreso de los Diputados.

Ante tal coyuntura, la pregunta es: ¿encaja el hecho delictivo cometido en el marco del tipo penal previsto para los delitos de terrorismo? El Código Penal español enumera las posibles actuaciones que conforman el delito de terrorismo en un abanico que abarca desde su artículo 572 hasta el 580, los cuales precisan los elementos esenciales que deben concurrir para que encaje una conducta en dicho tipo penal.

Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº3, el magistrado J. Gómez Bermúdez, al que le fue encomendado en primera instancia esta causa acordó inhibirse de la misma y remitir las actuaciones a los Juzgados de Plaza Castilla, con informe favorable del Ministerio Fiscal, tras concluir que ninguna de las conductas ilícitas cometidas por Daniel son objeto de la competencia de la Audiencia Nacional.

Pues bien, tras un análisis exhaustivo de los hechos, de la posterior declaración del acusado en las dependencias policiales y del resultado del registro de la vivienda de este último, Gómez Bermúdez concluye que la competencia de la Audiencia Nacional no se puede activar al considerar que no nos encontramos ante un delito de terrorismo. El magistrado le imputa un delito de estragos, tipificado en el artículo 346 CP, en concurso con un delito de tenencia de sustancias explosivas y un delito contra las personas, previstos en los artículos 563 y 138 del Código Penal, respectivamente. Todos los delitos enunciados se encuentran bajo competencia de los juzgados ordinarios, como he anticipado, en este caso de la capital. A continuación los reproduzco de manera literal

Artículo 346

1. Los que, provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de 10 a 20 años, cuando los estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas.

2. Cuando no concurriere tal peligro, se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.

3. Si, además del peligro, se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o salud de las personas, los hechos se castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido.

Artículo 563. La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 138. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

Daniel Pérez Berlanga, detenido por empotrar su coche contra la sede nacional del Partido Popular

Daniel Pérez Berlanga, detenido por empotrar su coche contra la sede nacional del Partido Popular

El auto dictado por el magistrado Gómez Bermúdez contenía un análisis de las conductas realizadas por el autor y contraponía la esencia de las conductas terroristas, exponiendo que estas últimas “persiguen una finalidad política, con ánimo de subvertir el orden constitucional y de alterar gravemente la paz pública”. En esta línea, al no concurrir en este supuesto “dato alguno” que conduzca a afirmar tal carácter terrorista de la acción efectuada o la pretensión de desestabilizar el sistema democrático, ya que “el mero hecho de alterar la paz pública no determina que sea un delito de terrorismo de la Audiencia Nacional”. Además, es un dato relevante a tener en cuenta que el autor de los hechos actuó en solitario, sin estar relacionado ni cooperando con otros individuos, así como tampoco bajo una relación contractual o de subordinación, por lo que se descarta la pertenencia a una organización criminal.

Finalmente, se conoce que este mismo sábado el Juzgado de Instrucción Nº32 de Madrid, ha decretado la prisión provisional comunicada, sin fianza, a Daniel Pérez Berlanga, derivada de la comisión por este sujeto de un presunto delito de estragos, tenencia de explosivos y daños.

Vía| Código Penal ; El Economista

Imagen| SedePP ; Daniel Pérez Berlanga

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