Actualidad Jurídica, Jurídico 


Don Juan Carlos, ¿feliz día del padre?

rey 3

Don Juan Carlos abdicaba en su hijo perdiendo su derecho a la inviolabilidad.

La abdicación del entonces Rey Juan Carlos, fue anunciada el dos de junio del pasado año, pero este acontecimiento histórico ha traído cola más allá del cambio de monarca. Con el fin de su reinado, don Juan Carlos de Borbón perdía el amparo que el artículo 56.3 que la Constitución española brinda a los jefes de estado: 

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.”

Esto quiero decir dos cosas:

1.  Que a partir de ese momento don Juan Carlos deja de gozar de esa protección jurídica.

2. Que deja de serlo sólo para el futuro, porque conserva la inviolabilidad por los actos realizados mientras era rey.

Sin duda ha sido este segundo punto el que más polémica ha suscitado, porque se plantea la duda de si conserva ese privilegio respecto de todos sus actos, o únicamente respecto de los refrendados. No obstante, la jurisprudencia determina que la inviolabilidad a la que se refiere el artículo 56.3 de la Constitución no sería aplicable a la esfera civil y jurídico privada, incluyendo, únicamente, los actos que don Juan Carlos realizó en el cumplimiento de sus funciones como Rey.

Este vacío legal cobró suma importancia cuando saltaron a la palestra los famosos y supuestos “escarceos reales”. Ya por el 2012, el catalán Albert Solá y la belga Ingrid Jeanne Sartiau, interpusieron sendas demandas de reconocimiento de la filiación dirigidas contra monarca con idéntica pretensión y mismo resultado, ninguna prosperó.

Las dos demandas de paternidad fueron presentadas en juzgados ordinarios cuando Juan Carlos I todavía era jefe de Estado, pero los jueces las rechazaron por la inviolabilidad que regía sobre él. Tras su abdicación en junio pasado, los demandantes las volvieron a presentar y ambas recayeron en el Tribunal Supremo, pues, según establece la Ley Orgánica 4/2014/, de 11 de julio, de nuevos aforados, “los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos inmediatamente al Alto Tribunal”

El pasado mes de octubre, Solá lo volvía a intentar. En esta ocasión se aportaban nuevas pruebas que tenían por objeto evidenciar la filiación (entre ellas dos cartas firmadas por la Casa del Rey).

Mejor suerte corrió la segunda pretensión planteada por la belga Ingrid Jeanne Sartiau, admitida en el mismo pleno en el que se rechazó la de Solá, aunque con oposición del Ministerio Fiscal que alegaba insuficiencia probatoria.

Tras estudiar la documentación adjuntada por Sartiau y Solá Jiménez, los magistrados de la Sala de lo Civil concluyeron que la petición de la mujer belga sí contenía una prueba que sustentaba la admisión a trámite de la demanda.

¿Cúal es la importancia de la prueba en los procesos de reclamación de la filiación?

El art. 767.1 LEC exige para la admisión de la demanda de filiación que ésta se acompañe de un principio de prueba de los hechos en los que se funde:

“1. En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde.

2. En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas.

3. Aunque no haya prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre en la época de la concepción, o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo análogo.

4. La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios.”

rey 5

Ingrid Sartiau y Albert Solá, mantuvieron varios encuentros. Incluso se realizaron una prueba de compatibilidad biológica.

Su fundamento es evitar que la intimidad personal y familiar del demandado (art. 18 CE) y su estabilidad familiar se vean lesionadas por demandas maliciosas, temerarias o sencillamente infundadas.

En cuanto a qué puede entenderse por un principio de prueba suficiente, tratándose de una acción de reclamación de la filiación, la Jurisprudencia lo remite a la simple probabilidad o verosimilitud de una relación sexual entre la madre y el supuesto progenitor al tiempo de la concepción.

En aplicación de esta doctrina jurisprudencial se han admitido como principios de prueba suficientes, la presentación de fotografías, declaraciones de testigos recogidas en acta notarial declarando conocer las relaciones entre la pareja, incluso la manifestación en acta notarial de declaración de la madre declarando que mantuvo relaciones íntimas con el demandado al tiempo de la concepción (este último medio de prueba es el único que se presentó junto con la demanda de Sartiau).

Sin embargo, es la prueba biológica, que Sartiau solicitó, la que resulta determinante en este tipo de procedimientos. La Ley de Enjuiciamiento Civil ha consagrado en su art. 767.2 y 4 la copiosa doctrina emanada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, debido al rigor técnico y el escaso margen de error de dicha prueba.

Por esta razón, cualquier otro medio de prueba y fundamentalmente los descritos en el art. 767.3 LEC van a tener una relevancia muy secundaria respecto de la prueba biológica y sólo están llamados a incidir en la formación de la convicción del juzgador en caso de negativa de la parte implicada a someterse a la prueba biológica.

Este último dato resulta de gran interés. El sometimiento a la prueba biológica no es una obligación legal, pero sí puede considerarse como una “carga”, puesto que la negativa a someterse a dicha prueba va a conllevar consecuencias negativas para la parte renuente. En concreto, según se desprende del art. 767.4 LEC, “permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad”.

La defensa del don Juan Carlos no tardó en presentar un recurso contra la admisión a trámite de la demanda de Ingrid, alegando que no existía ni un mínimo de prueba que permitiera sospechar que hubiera tenido una relación sexual con la madre de la demandante. Finalmente ha prosperado apoyado, también, por la fiscalía que, desde el primer momento, sostuvo que no se daban los requisitos mínimos para iniciar una investigación.

Lo que supone que la Sala deja sin efecto la admisión a trámite de esa demanda acordada el pasado 4 de febrero. La decisión se adoptó por mayoría de siete votos frente a tres, de los once magistrados que componen la Sala. El fundamento de la decisión vuelve a recaer en el fundamental “principio de prueba”, es decir, las pruebas que deben incorporarse junto con la demanda y que están, taxativamente, recogidas en el ya mencionado artículo 767.1 de la LEC. Aportando, únicamente, un acta notarial donde se recogían las supuestas relaciones sexuales mantenidas por el Rey Juan Carlos con la madre de la demandante en la Costa del Sol.

Esta decisión da carpetazo a la investigación, sin que se haya realizado ninguna diligencia. Y quedándole únicamente, a la demandante, la vía del recuso ante el Tribunal Constitucional. Fin del cuento para la no princesa.

Vía| ABC, El País

Imágenes| Don Juan Carlos, Sartiau y Solá 

RELACIONADOS