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Fe pública judicial y buena fe procesal, figuras distintas en el proceso

El Secretario judicial dará fe de la recepción de escritos con los documentos públicos y recibos que le acompañen; dejará constancia fehaciente de actos procesales en el Tribunal o ante este y de los hechos con trascendencia procesal, a través de las oportunas actas y diligencias; además expedirá certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, expresando el destinatario y el fin por el que se solicitan; y autorizará y documentará el otorgamiento de poderes para pleitos, según lo previsto en el artículo 24 de esta ley.

En resumen, la fe pública judicial del Secretario consiste en dar fe de las actuaciones procesales y de los certificados o testimonios que se despachen a solicitud de los interesados.

El Secretario judicial, en la realización de esta tarea, actúa de forma autónoma y sin ningún grado de sumisión a la voluntad de los Tribunales, ya que de la fe pública judicial responde personalmente, tanto en el orden administrativo como en el penal, sin perjuicio de la responsabilidad por reclamaciones resarcitorias.

En estas funciones, el Secretario judicial podrá ser sustituido por el oficial habilitado conforme indica el artículo 282 de la LOPJ.

En cierta medida, la fe pública del Secretario judicial es equiparable a la fe pública registral o notarial, en cuanto son emanadas por autoridad pública y son poseedoras de la presunción de veracidad. No obstante, presentan importantes diferencias entre ellas.

Por otra parte, y configurando una figura totalmente distinta a la anterior, el artículo 247 de la misma norma, alude al respeto a las reglas de la buena fe procesal y a las multas por su incumplimiento, de la siguiente forma:

1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe. 2. Los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio […]”.

A la hora de determinar la cuantía de la multa, el Tribunal tendrá en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate. Además, conforme al párrafo cuarto del mismo artículo, si los Tribunales entendieren que la falta de buena fe procesal pudiera ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, darán traslado de tales hechos a los Colegios profesionales correspondientes para que actúen disciplinariamente conforme a ello.

En conclusión, fe pública judicial y buena fe procesal, a pesar de la similitud en su terminología, contemplan elementos distintos dentro de un mismo proceso judicial. Mientras la primera se le presume al Secretario judicial, la segunda se le exige a los intervinientes en el proceso, incluidos los profesionales.

Vía| Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vázquez Iruzubieta, C. (Difusión Jurídica).

Imagen| Fe pública

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