Jurídico 


Expropiación forzosa: procedimiento general

expropiacionEl derecho de propiedad, a pesar de su magnanimidad efectiva, jurídica e incluso moral, tiene ciertos límites dentro de nuestro ordenamiento jurídico cuyo conocimiento se presume necesario. En este apartado nos fijamos en uno de los sistemas que practican estos límites: la expropiación forzosa. Expondremos un breve esquema acerca de sus elementos, requisitos y procedimiento.

La Constitución Española se refiere directamente a esta figura en su artículo 33.3: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes“. El Estado es el competente para dictar la legislación sobre expropiación forzosa, la cual acoge a las CCAA como uno de los titulares de la potestad expropiatoria.

¿Qué sujetos destacamos? Primeramente al expropiante, titular de la potestad expropiatoria, titularidad atribuida exclusivamente a los entes públicos territoriales. El poder legislativo se limita a la regulación y declaración del presupuesto habilitante de la expropiación, de él nacen las expropiaciones legislativas, en contraposición con las judiciales (con figuras como el comiso o la enajenación forzosa). Por otra parte, el beneficiario, que suele coincidir con el expropiante, es el que desea realizar el objeto de utilidad pública o interés social que justifica la expropiación. Si hablamos de utilidad pública sólo pueden ser beneficiarios las entidades públicas y los concesionarios, en cambio en el caso de interés social puede ser beneficiario cualquier persona. Por último nos fijamos en el expropiado, condición de la que nadie puede escapar, y que tiene como objeto al titular de derechos patrimoniales exclusivamente. El objeto de la expropiación, por tanto, es cualquier titularidad de orden patrimonial. Cabe destacar que los bienes demaniales (de dominio público) están absolutamente al margen de esta figura.

Hablemos del procedimiento, empezando por dividirlo en los primeros tres pasos a dar: declaración de utilidad pública o interés social, declaración de necesidad de ocupación y acuerdo del justiprecio. En el primero, simplemente se fija el fin o destino para estos bienes, un fin o destino que pretende ser continuado y fijo. El trámite de la declaración de necesidad de ocupación comienza con una relación elaborada por el expropiante en la que se describan los bienes o derechos cuya ocupación se considere necesaria, esta relación se somete a información pública por 15 días durante los cuales puede recibir todo tipo de alegaciones. En un plazo de 20 días la Administración decide mediante resolución, aunque cabe recurso de alzada en los siguientes 10 días. Por último se negocia el justiprecio, entre el expropiado y la Administración con este proceder: la Administración elabora un expediente por cada expropiado, el cual realiza una hoja de aprecio que deberá ser aceptada por la Administración, que remitirá la decisión al expropiado, teniendo éste 10 días para aceptar. Un órgano arbitral se encargará de fijar el justiprecio atendiendo al acuerdo entre Administración y expropiado. El precio se efectúa dentro de los primeros 6 meses (en dinero por defecto) y la Administración procede a la ocupación.

En caso de 2 años sin efectividad del pago se evaluará de nuevo las cosas o derechos objetos de expropiación. Si tras 5 años de la expropiación no se hubiere iniciado la ejecución de la obra o implantado el servicio, se entenderá que se ha desistido en  la ejecución de la obra y el expropiado tiene un derecho de reversión. Mismo derecho se tiene sobre los bienes sobrantes si se reclaman dentro de los primeros 3 meses de su notificación, o de los 20 años siguientes si dicha notificación jamas se le remitió al expropiado. Si la afectación del bien expropiado (el fin que justificó su expropiación), desapareciera antes de los primeros 10 años, también cabrá este derecho de reversión durante los 3 meses siguientes a la desafectación si se le fue notificada al expropiado, o los primeros 20 años si éste no recibió noticia alguna de la desafectación.

La regulación de la expropiación forzosa se encuentra en el Real Decreto Legislativo 2/2008 del 20 de junio, en la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954 y en los artículos ya señalados de la Constitución (33.3 y 149.1.18). Cabe destacar que esta exposición es una breve base de la expropiación forzosa y su procedimiento general, figura que se desarrolla en profundidad en las normas remitidas, cobrando cierta importancia la modalidad de expropiación urgente, debido a su normalización y cuasi monopolización hoy día.

 

Vía | Real Decreto Legislativo 2/2008 del 20 de junioLey de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954 y Constitución Española

Imagen | Expropiación

En QAH | La no posesión pacífica en la LEF y El derecho de reversión en el caso de expropiación forzosa

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