Coaching Profesional, Jurídico 


¿Existe un derecho a mentir? “Caso Marta del Castillo”

Quién le iba a decir a esa joven en Enero de 2009 que casi tres años después estaría en boca de prácticamente todos los españoles, y es que, ¿Quién no ha escuchado hablar del “caso Marta del Castillo?

Recordemos algunos de los datos más inquietantes del mismo:

Miguel Carcaño (autor confeso del crimen): Cambió su declaración hasta nueve veces. De entre sus versiones destaca, que primero reconoce que la mató con ayuda del “Cuco” (un menor de edad) con un cenicero y que Samuel (un amigo), les ayudó a deshacerse del cuerpo tirándolo al río Guadalquivir. Luego aseguró que tanto el “Cuco” como él la violaron, mataron y la tiraron a un contenedor de basura, en otra de las declaraciones asegura no saber dónde está el cuerpo y más tarde  vuelve a retomar su primera versión.

Samuel Benítez (presunto cómplice del crimen): Primero reconoció haber participado en el crimen ayudando a deshacerse del cuerpo en el río Guadalquivir, más tarde, alegó que su confesión se debió a presiones de la policía.

-“El Cuco” (condenado por un delito de encubrimiento): Pese a que en un principio confesó a la Policía que, el día de los hechos, estuvo de botellón y que no participó en el crimen, más tarde se derrumba alegando que sí estuvo en el piso de León XIII donde se cometió el crimen. Finalmente, se ha reconocido inocente, alegando que no tuvo nada que ver con la supuesta muerte de Marta ni sabe dónde está su cuerpo, y que si se declaró culpable en al menos tres ocasiones se debió a las presiones policiales y para “evitar represalias contra su madre”.

Francisco Javier Delgado y María García (imputados por un delito de encubrimiento): Son los únicos que siempre se han mantenido firmes en sus versiones.

El caso ha tenido una repercusión mediática inusitada, todos los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales han escrito, informado u opinado sobre este caso. Son muchas las preguntas que se han planteado públicamente acerca de si es justo o no el Derecho español, si se debería de endurecer la Ley del Menor o un sinfín más de cuestiones. No obstante, me gustaría centrar este artículo en comentar brevemente una de las preguntas  que más se plantea en la sociedad española a raíz de este suceso: ¿Cómo es posible que los imputados del caso Marta del Castillo hayan mentido y cambiado  sus declaraciones en más de una ocasión sin ser castigados por ello? Todo ello teniendo en cuenta el cuantioso gasto ocasionado al Estado con la larga e infructuosa búsqueda del cuerpo de la joven en el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra o en una zanja de Camas.

Para empezar, debemos partir del hecho de que la Constitución Española, en su artículo 24.2 consagra, entre otros,  el derecho de todas las personas a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables. De estos derechos se deduce, por tanto, que el imputado en un proceso penal no está sometido a la obligación judicial de decir la verdad, pero ¿Significa esto que existe un “derecho a mentir” para los imputados? Al respecto, las opiniones doctrinales se dividen entre los que así lo afirman, quienes consideran que el “derecho a mentir” se fundamenta en el derecho al silencio; y los que, por el contrario, entienden que “no puede concluirse que los derechos a no declarar contra sí mismos y no declararse culpables en su conexión con el derecho de defensa consagren un derecho fundamental a mentir, ni que se trate de derechos fundamentales absolutos o cuasi absolutos” (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 142/2009 de 15 de junio).

Independientemente de que el “Derecho a mentir” sea o no considerado un derecho, lo que queda claro es que el imputado disfruta de una facultad de faltar a la verdad en sus declaraciones, y esto ocurre porque está ligada a la forma de cómo concurre una persona ante el aparato coercitivo.

En relación a lo anterior, en el sistema español, el imputado nunca es considerado como testigo, por lo que no se le puede exigir juramento y, por consiguiente no se le puede reclamar ninguna responsabilidad por su falsa declaración. Únicamente puede ser obligado a comparecer ante los jueces pero, en ningún caso, se le podrá limitar su libertad de declarar con un deber de veracidad.

Esta posición del imputado en nuestro sistema difiere bastante del tratamiento que se le da en el sistema norteamericano, donde el imputado acude como testigo, por lo que tiene la obligación de prestar juramento y de decir la verdad. Esto cobra especial sentido por el hecho de que el imputado no puede ser obligado a comparecer ante un tribunal pero, si opta por hacerlo, lo hará en calidad de testigo y con el deber de veracidad.

Para concluir, hemos de tener en cuenta que a esta facultad de la que dispone el imputado, se le añade el derecho a la pluralidad de declaraciones, es decir, el derecho a ser escuchado cada vez que considere que tiene algo que agregar o que decir en el proceso, sin que con ello se pretenda incentivar a la prestación de diferentes declaraciones en un mismo proceso. Todo ello forma parte del derecho de defensa de los imputados recogido en la Ley de Enjuiciamiento criminal pero, ¿es justo concederle al imputado tantas garantías?, ¿Sería más justo que, como ocurre en los Estados Unidos de América, el imputado actuara en calidad de testigo?, ¿Dificulta a las investigaciones policiales la existencia de estos derechos y facultades? Estas son cuestiones controvertidas que indudablemente están en boca de todos, de ahí que deban ser objeto de estudio por el legislador.

Vía|El derecho a la no incriminaciónMonografías: Análisis de temas procesales penales en resolución judicial

Más información| El derecho a mentir del imputado no es absoluto.

Imagen| Marta

 

RELACIONADOS