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Evolución y reformas del procedimiento penal en España

(Lo prometido es deuda. Aquí tenéis mi segunda entrega. Empezamos en la ley del Talión y acabamos a finales del siglo XIX. Seguimos la ruta).

A finales del siglo XIX (1882) nació la ley que regula cómo deben cumplir las autoridades españolas sus funciones de enterarse qué pasó, establecer las consecuencias y proceder a ejecutarlas, cuando surge la notitia criminis, la noticia de que pudiera haberse cometido un delito. La bautizaron como “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (alias “LECRIM” para los colegas) y sus autores pensaron que tendría una duración limitada, que sería provisional: establece el sistema Acusatorio Formal o Mixto (explicado en la anterior entrega) para un periodo de tiempo que serviría como transición hacia un sistema Acusatorio Puro. Este último es el que pensaban que era el mejor, pero “demasiado p’al cuerpo, es decir, ”mu fuerte”, para aquel momento (la Inquisición había sido abolida en 1813). Primera sorpresa: aquella ley pensada para que fuera provisional, sigue vigente más de ciento treinta años después. Claro, la han reformado sesenta y seis veces.

En 1882 España era un país rural y sin coches. El juez de instrucción despachaba apenas treinta o cuarenta asuntos al año (actualmente una media de 3.000), que iban desde el “roba-gallinas” al asesinato por odios familiares. Aquella sociología de los delitos ha sufrido una profunda evolución vinculada en gran parte a hechos que han modificado de nuestra realidad social.

En la primera mitad del siglo, con el fenómeno del éxodo rural aparecen barriadas marginales en las ciudades donde el robagallinas se convierte en robacasettes. A partir de los años sesenta nuestra realidad se transforma con la llegada del coche, al que las leyes llaman “vehículo de motor”. La ciudad con pisos de protección oficial en su periferia y el coche cambian el ritmo de nuestra realidad social y la ley procesal de 1882 es incapaz de seguirlo. Por eso las primeras reformas crean unos procedimientos que pretenden agilizar los trámites para que el juzgado pueda reaccionar frente a los numerosísimos delitos cometidos por los pequeños delincuentes de barrio y las causas penales asociadas a los accidentes de coches. Por ejemplo, se permite que la Guardia Civil no tenga que esperar la llegada del juez y del forense cuando haya un muerto por accidente de tráfico o se admite la pericial de un perito (en vez de dos como exigía antes la ley).

En la segunda mitad del siglo XX surge el fenómeno de las drogas. Es verdad que algunas fueron legales a principios de siglo, en época de Don Hilarión, pero un acuerdo internacional, plasmado en diversos y sucesivos convenios internacionales (a partir de 1961) obligaron a la creación de los delitos de tráfico de drogas que, en unos años inundarán los juzgados. La delincuencia de barrio, en gran parte se vinculará al consumo de heroína y cocaína. Muchísimos delitos tendrán desde entonces relación con el consumo y la venta de drogas. También en este momento nace el fenómeno del terrorismo (el 18 de julio de 1961 se data el primer atentado del nacionalismo vasco radical) que, sin ninguna duda, es el fenómeno criminal más grave entre nosotros y a cuya persecución se han dedicado los mayores y mejores efectivos del Estado. Ambos fenómenos (tráfico de drogas y terrorismo) explican y justifican importantes reformas en la vieja ley introducidas a lo largo del último tercio del siglo pasado.

A finales del siglo XX llega a los juzgados un nuevo fenómeno social que afectará de una manera decisiva a la vieja ley: la corrupción política y económica. Cuando algunos altos dignatarios del gobierno conocen y sufren en primera persona la actuación del Juez de instrucción constatan que, en la primera y decisiva fase del procedimiento penal (la denominada “Fase de Instrucción”), siguen aplicándose los principios propios de la Inquisición, del Sistema Inquisitivo. El Juez de Instrucción al investigar tiene potestad para limitar o suprimir de oficio derechos fundamentales del investigado. Lo puede hacer por sí y ante sí, sin debate contradictorio previo: él se lo guisa y él se lo come. No necesita a las partes, es acusador y juez, al mismo tiempo. Probablemente de las amargas reflexiones de algunos hombres poderosos, mientras eran conducidos a prisión, nació la modificación legal que apunta ya, no a una “reforma”, sino a un cambio de sistema procesal: para ordenar la prisión provisional del detenido, es necesario que alguna de las acusaciones lo pida. Es decir, el Juez no puede acordar la prisión por sí solo. Este es el primer paso que conduce ineludiblemente al sistema acusatorio puro en el que la instrucción corresponderá al Fiscal y el Juez de Instrucción se convertirá en Juez de Garantías.

Para terminar este recorrido de nuestra reciente historia, debemos aludir al fenómeno de la explosión de una violencia “íntima”, denominada también “de género”, que alude a la inexplicable frecuencia con que se ha producido en los últimos años el denominado tradicionalmente parricidio o uxoricidio, por el que un hombre mata a una mujer que era su pareja. Las últimas reformas procesales dan respuesta legal a este fenómeno criminal contemporáneo.

Los hechos marcaron las reformas de la ley procesal penal. Pero también hubo reformas motivadas por las ideas. Importantes modificaciones tuvieron su origen en las reacciones legislativas globales (antes denominadas “universales”) que surgen tras la macro-tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Nació el concepto de Derechos Humanos que luego cristalizaría en reformas legales internas que introducen la idea de un procedimiento penal “garantista”. La Constitución de 1978 avanzará en esa dirección. Pero…ésta cuestión merece otra entrega. Llevará por título “Qué es un proceso penal garantista” o algo parecido. Abordaremos ya cómo será el proceso penal del futuro y además sugestivas cuestiones como ¿es verdad que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas?, ¿por qué los delincuentes tiene derecho a mentir? ¿es admisible torturar a una persona para salvar la vida de muchas?¿están los ciudadanos honrados indefensos ante los derechos de los delincuentes? (No se pierda el próximo capítulo).

Imagen| Maza

En QAH | ¿Qué es un procedimiento penal? Diferentes sistemas a lo largo de la historia

José María Calero Martínez Escrito por el oct 12 2011. Archivado bajo Derecho Público, Jurídico, QAH Profesionales.





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José María Calero

José María Calero Martínez

- Socio de Derecho Penal de Montero-Aramburu Abogados.

- Miembro de la carrera Fiscal desde 1987-2007, Abogado 2007-2011 en excedencia voluntaria. Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad  de Huelva (1991-1994) y Escuela de Práctica Forense del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (1990 y 2000).Miembro de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional entre 2000-2007.

- Programa de Investigaciones Criminológicas del Consejo de Europa: Investigación sobre “Aspectos criminológicos del fenómeno sectario”. Consultor Internacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Honduras. Experto Internacional de la Comisión Europea TAIEX en Misión de Prospección y Asesoramiento en Programa, ... Ver perfil completo

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