Jurídico 


Evolución del Principio de Jurisdicción Universal en España

El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ)  recoge el principio de jurisdicción universal. Este principio busca evitar la impunidad frente a la comisión de los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa de la humanidad, tortura así como la desaparición de personas. Este principio permite a los jueces nacionales enjuiciar a los victimarios con independencia del lugar  en que se hayan producido los crímenes y de la nacionalidad que ostenten éstos. Se erige por tanto como una excepción al principio de territorialidad y de soberanía que rige el ejercicio de la jurisdicción, ya que como contempla el artículo 21 de la LOPJLos Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.”

Principio de Jurisdicción Universal en España

Principio de Jurisdicción Universal en España

El principio de jurisdicción universal se introduce por primera vez en nuestra legislación en el año 1985 con la mencionada LOPJ, ésta en su articulo 24.3 recogía: “Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: genocidio,terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves,  falsificación de moneda extranjera,los relativos a la prostitución,tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes “. Ya desde un inicio este artículo parte de una concepción extensiva  del principio de jurisdicción universal  ya que extiende sus efectos no sólo a los crímenes internacionales sino también a los delitos denominados ” transfronterizos” como son el tráfico de drogas o los relativos a la prostitución.

La redacción original  implantó en España un modelo de jurisdicción universal absoluto donde dicho principio se aplicaba atendiendo no a una serie de puntos de conexión sino a la naturaleza de los delitos considerados de mayor reproche por la comunidad internacional y tipificados en el artículo 24.3 de la mencionada ley. Esta concepción “pura” del principio de jurisdicción universal no fue contemplada por el Tribunal Supremo en el Caso Guatemala. El Alto Tribunal esgrimía que es necesario la existencia de algún tipo de conexión como puede ser la nacionalidad española de las víctimas o la residencia del victimario en nuestro país para que los Tribunales Nacionales conocieran del asunto. Tal pronunciamiento sostenido por el Tribunal Supremo fue rápidamente corregido por el Tribunal Constitucional  (TC) quien afirmó “No puede dejar de resaltarse (…) que el artículo 23.4 LOPJ otorga, en principio, un alcance muy amplio al principio de justicia universal, puesto que la única limitación expresa que introduce respecto de ella es la de la cosa juzgada; esto es, que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. En otras palabras, desde una interpretación apegada al sentido literal del precepto, así como también desde la voluntas legislatoris, es obligado concluir que la LOPJ instaura un principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin sometimiento a criterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con respecto al resto de las reglas de atribución competencial, puesto que, a diferencia del resto de criterios, el de justicia universal se configura a partir de la particular naturaleza de los delitos objeto de persecución”

Esta concepción del principio de jurisdicción universal por parte del TC supuso la prosecución de numerosas causas ante la Audiencia Nacional como el Caso Pinochet, el Asunto del Tibet o los casos de Tortura en Guantamo. Este “imperialismo jurisdiccional” no gustó a muchos países, los cuales amenazaron abiertamente a España con la ruptura de las relaciones  comerciales si no se llevaba a cabo una modificación de la Jurisdicción Universal.

 Tales advertencias tuvieron su repercusión y en el año 2009 se produjo la primera limitación del principio de jurisdicción universal. Siguiendo la tesis establecida por el Supremo en el Caso Guatemala se establecieron unos puntos de conexión atendiendo a la residencia en España del victimario, la nacionalidad de la víctima o que el asunto tuviese “algún tipo  de interés con España”, además del tradicional presupuesto de la subsidiariedad que rige en la aplicación de este principio.

La reforma del año 2009 sin embargo no tuvo el efecto deseado ya que se siguieron ventilando asuntos de gran relevancia como el Caso del Tibet , en el cual se suscitó la nacionalidad española de uno de los acusadores en el procedimiento o el segundo  asunto relativo al centro de detención de Guantánamo así como el Caso Couso por presunta violación de los Convenios de Ginebra por soldados norteamericanos en Iraq . La continuidad por lo tanto de procesos en la Audiencia Nacional en aplicación del principio de jurisdicción universal trajo consigo la Ley Orgánica 1/2014 que supuso definitivamente la ruptura con la tesis absoluta sostenida por el TC. Esta nueva reforma amplía el número de delitos a los que se debe aplicar el principio de jurisdicción universal pero establece unos límites muy restringidos a los que tradicionalmente debería aplicarse el mencionado principio, crímenes que por su catalogación como ius cogens deben ser perseguidos de forma absoluta, sin la inclusión de mecanismos de procedibilidad tan restringidos  que impidan en muchas ocasiones el acceso a la tutela judicial efectiva que predica el artículo 24 de nuestra Carta Magna.

Vía| Jurisdicción Universal, Dialnet 

En QAH|¿Qué es el principio de Justicia Universal? La humanidad como sujeto de derecho

Imagen|Jurisdicción Universal

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