Jurídico 


Espionaje político: el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones

Álicia Sánchez Camacho, líder del PP en Catalunya.

Álicia Sánchez Camacho, líder del PP en Cataluña.

Recientemente hemos conocido a través de los medios de comunicación la noticia de que en el año 2010, en un conocido restaurante de Barcelona, fueron llevadas a cabo grabaciones de una conversación privada entre Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán y la ex novia de un hijo de Jordi Pujol, María Victoria Álvarez.

Aparte del impacto político-periodístico, dada la relevancia de las personalidades espiadas, y el contenido de la conversación en sí, cabe aquí mencionar la protección por el sistema jurídico español del derecho a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como la garantía al secreto de las comunicaciones.

En lo que a nuestra Carta Magna se refiere, estos derechos están encuadrados en el marco de los Derechos fundamentales, dotándose así de una protección especial, frente a posibles violaciones, mediante el recurso de amparo. Asimismo, podemos encontrar mención a estos derechos en dos artículos. En primer lugar, en el artículo 18 de la Constitución, el cual expresa de manera clara e inequívoca su salvaguardia al disponer que “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Mientras que en su apartado 3, establece “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.

En segundo lugar, la Constitución menciona estos derechos en su artículo 20 apartado 4 para establecer un límite a otros derechos fundamentales, como es el de libertad de expresión, la libertad de cátedra, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El concepto de “intimidad personal”, ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. De este modo, la sentencia 231/1988 de 2 de Diciembre, establece: “el derecho a la intimidad tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona, frente a la acción y el conocimiento de los demás. De suerte que este derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado“.

Visto esto, estamos en condiciones de afirmar que, efectivamente, el derecho a la intimidad de Dña. Alicia Sánchez Camacho y de Dña. María Victoria Álvarez parece haber sido violado, aunque ello habrá de determinarlo el órgano jurisdiccional competente.

Por otra parte, el derecho a la propia imagen implica la potestad de la persona física de poder decidir sobre cómo se emplea su imagen de cara a la sociedad. En este punto, para que pueda existir violación de este derecho, no se ha de contar con el consentimiento del presunto perjudicado, algo que la agencia de detectives que llevó a cabo la grabación, deniega al afirmar que Dña. Alicia Sánchez Camacho estaba al tanto de las grabaciones.

Por último, se podría decir, que la garantía al secreto de las comunicaciones es otra cara del derecho a la intimidad. Esta garantía comprende dos vertientes: por un lado, asegura la no intervención en la libertad de comunicación de los ejercientes del derecho, y por otro lado, impide la publicidad de dichas comunicaciones. Esta garantía, protege no sólo la comunicación en sí, sino también la identidad de las personas físicas que intervienen. No obstante, en algunos casos concretos, el secreto de las comunicaciones puede dejar de estar protegido jurídicamente, mediante resolución judicial que permita la interceptación y divulgación de esas comunicaciones.

En cuanto a los medios de protección de estos derechos, en el ordenamiento jurídico español, existen diversos procedimientos, de distinta índole:

  • Mediante la Ley 2/1984 de 26 de marzo, del derecho de rectificación, es posible llevar a cabo la rectificación de informaciones no verídicas y cuya divulgación pueda causar perjuicios.
  • En el ámbito del Derecho civil, se pueden proteger estos derechos, impidiendo la interceptación de comunicaciones, así como reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios. En este sentido, se elaboró la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, modificada por sucesivas Leyes Orgánicas 3/1985, 5/1992 y 10/1995.
  • Finalmente, en el ámbito penal, en los artículos 197 y siguientes del Código Penal.

Vía| El País 

Imagen| Alicia Sánchez Camacho

En QAH| ¿Cómo se realizan las escuchas telefónicas?

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