Jurídico 


¿Somos todos iguales ante la ley? Las exenciones jurisdiccionales (I)

Uno de los principales interrogantes que ha de resolver el derecho procesal penal cuando se comete un hecho delictivo es si el mismo se encuentra dentro de la jurisdicción española; esto es, si los tribunales españoles son competentes para su conocimiento.

El principio fundamental que resuelve esta cuestión es el de la territorialidad, según el cual los tribunales españoles serán competentes para conocer aquellos hechos delictivos tenidos lugar en territorio nacional, independientemente de la nacionalidad del autor y de la víctima. Otros principios que regulan este asunto, también con carácter general, son el de personalidad, que otorga a los tribunales nacionales la potestad de enjuiciar hechos delictivos cometidos por españoles fuera de nuestras fronteras, bajo determinadas condiciones; el de protección de intereses nacionales, cuyos supuestos concretos aparecen recogidos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica de Poder Judicial; y el de justicia penal universal; un criterio residual que pretende evitar la impunidad de ciertos delitos de especial gravedad.

No obstante, en determinados casos, una serie de imperativos de derecho internacional público o de derecho público interno excluyen, ya sea con carácter absoluto (en todos los casos) o relativo (solo en concretas circunstancias y condiciones), a determinadas personas de la aplicación del ordenamiento penal y procesal penal, en función del cargo público que ostentan. Se trata por tanto de auténticas exenciones de responsabilidad penal, que impiden que un sujeto sea procesado por los Tribunales españoles  a pesar de haber llevado a cabo una conducta tipificada como delito en el Código Penal, y que sentaría en el banquillo de los imputados a cualquier otra persona.

En este caso nos ocupan las exenciones jurisdiccionales de Derecho Internacional en sus dos variantes: absoluta y relativa. ¿El desempeño de qué cargos públicos lleva aparejado dichas exenciones?

      – Absolutas: afecta a los Jefes de Estado extranjeros, independientemente de si se encuentran en el ejercicio de sus funciones en el momento de la comisión del hecho delictivo, y a los propios Estados en cuanto personas jurídicas de carácter público internacional. También a los Agentes diplomáticos (embajadores, enviados, ministros…), a los miembros de la familia que formen parte de su casa, así como al personal administrativo y técnico de la misión y sus familias. Para todos estos casos, existe una exención absoluta de la responsabilidad penal

    – Relativas: afecta tanto al personal consular como al de organismos internacionales tales como la ONU o Parlamento Europeo. Únicamente pueden ser enjuiciados por delitos flagrantes no relacionados con su misión diplomática previa autorización del órgano al que pertenecen para su procesamiento penal en España.

A primera vista, estas medidas suponen una quiebra del principio de igualdad ante la Ley, regulado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Es competencia del Tribunal Constitucional el controlar y motivar dichas exenciones, justificando la existencia de las mismas en base a la concurrencia de razones objetivas e intereses generales.

En mi siguiente artículo, contaré la segunda vertiente de estas exenciones jurisdiccionales: aquellas reguladas por el derecho interno.

Vía| El proceso penal : doctrina, jurisprudencia y formularios; Víctor Moreno Catena

Imagen| ESADE

RELACIONADOS