Jurídico 


¿Es necesaria licencia municipal para ejercer la actividad de abogado?

La respuesta es que “ahora no, pero con matices”.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que entró en vigor el día 6 de marzo de 2011, a través de su artículo 41 incluyó un artículo 84 bis en la Ley de Bases y del Régimen Local, con la siguiente redacción:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”.suits_charactergallery_harvey_14

A partir de entonces, es claro que la sola implantación de una actividad propia de oficina, como la de un despacho de abogados, procuradores, notaría, aseguradora, auditora, asesoría laboral, contable… no precisará de licencia de actividad en la medida en que son actividades inocuas que no afectan al medio ambiente. Será suficiente con una comunicación previa o declaración responsable, en función de lo que regule la normativa local aplicable.

Esto no supone una gran novedad en lo relativo a la licencia de actividad pues la jurisprudencia ya venía señalando que un despacho de abogados, en el que se ejerce la correspondiente profesión, no es un establecimiento mercantil o industrial a los efectos de la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 22 RSCL, ni, como regla general, constituye una actividad sujeta al RAM (RCL 1961736, 1923; RCL 196218 y NDL 16641), sin perjuicio de que pueda estarlo por razones particulares concurrentes en determinados casos, siempre de obligada justificación por la Administración municipal, por los elementos o instalaciones de que disponga o por cualquier otra circunstancia (SSTS 7 mayo 1987 [RJ 1987247], 28 septiembre 1988 [RJ 1988273], 1 febrero 1991 [RJ 1991163], 18 febrero 1993 [RJ 199355] y 5 febrero 1997 [RJ 199702]).

Ahora bien, esa misma jurisprudencia advertía de la necesidad de obtener no ya una licencia de actividad, pero sí una licencia de apertura o primera utilización o, en su caso, una licencia de modificación de uso en los supuestos, respectivamente, de que la apertura de dicho despacho implicase una primera utilización del edificio o de parte del mismo, o de que se modificara un uso anterior. En cualquiera de ambos supuestos era precisa una licencia municipal, en atención a la función pública del urbanismo y la vinculación de las actividades al planeamiento urbanístico y los usos permitidos en el mismo.

Entiendo que, con el cambio legislativo de 2011, esta licencia para verificar la conformidad urbanística del uso, podrá sustituirse por la comunicación previa o declaración responsable, en función de lo que disponga la normativa municipal aplicable, pero el titular del despacho deberá tener la cautela de revisar con detalle el planeamiento urbanístico a efectos de verificar la adecuación del uso, pues no es infrecuente que en los centros históricos de grandes ciudades solo se permita el uso de oficina en plantas bajas, quedando reservado el resto del edificio para uso residencial, exclusivamente. Siendo ello así, la comunicación previa o declaración responsable no le salvará de una futura inspección que declare el uso disconforme con el planeamiento y ordene el cese.

Algo parecido le ha sucedido a un despacho de procuradores y abogados en Madrid que han visto desestimado su recurso contencioso contra la resolución administrativa del Ayuntamiento de Madrid que denegaba la solicitud de licencia de legalización para la implantación de actividad de oficina sin obras, precisamente porque el uso no estaba permitido salvo en planta baja e inferior y estábamos ante un segundo piso.

Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 01-10-2014, Recurso nº 1568/2012, que les enlazo al final y que concluye que el paso del tiempo (actividad en pleno funcionamiento desde 1972 que ha venido abonando todos los impuestos y tasas), no legaliza la actividad sin licencia porque debía respetar la normativa urbanística vigente al momento de la apertura, y no siendo posible un uso no residencial en segunda planta, la solicitud de legalización se denegó de forma adecuada, por lo que la orden de cese es conforme a derecho.

Como vemos, en este caso era necesaria la licencia formal porque la actividad fue implantada mucho antes de la Ley de Economía Sostenible, pero la cuestión de fondo es lo relevante de este caso, pues la eliminación o simplificación de trámites administrativos no nos puede hacer perder de vista que siempre se deberá cumplir la normativa urbanística de usos. En todo caso, los despachos profesionales domésticos, ubicados en la residencia de su titular, suelen estar permitidos en la normativa local.

Vía| Javier Lusarreta
Más información| Sentencia TSJ Madrid

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