Jurídico 


¿Es legal no renovar un concierto con un centro escolar que aplica la educación diferenciada?

Si un centro escolar opta por separar a sus alumnos por razón de sexo, ¿puede la Administración no renovar el convenio suscrito cuando este expire?

Para responder a esta pregunta, analizaremos la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, TS) de 23 de julio de 2012, recurso de casación núm. 4591/2011 –también resulta coincidente respecto al fondo la STS de 24 de julio de 2012, recurso de casación núm. 5423/2011.

En primer lugar, expongamos cuál era la situación sobre la que el TS decidió a través de la Sentencia de 23 de julio. Mediante tal sentencia, lo que el Alto Tribunal debía resolver era si la decisión del Gobierno de Cantabria de no renovar el convenio suscrito con el Colegio Torrevelo -porque éste sólo admitía a alumnos del mismo sexo- era legal o no. Como veremos, la clave radica en torno al artículo 84.3. de la Ley Orgánica 2/2006, que dice lo siguiente: “84.3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

La Administración cántabra entendía que basándose en dicho artículo, la incorporación del término sexo, venía a añadir un nuevo criterio de discriminación que prohibía la concertación, o lo que es lo mismo, el sostenimiento con fondos públicos de aquellos centros privados de educación diferenciada por sexos (ver fundamento jurídico –a partir de ahora, FJ- tercero de la sentencia).

Por su parte, y en el mismo FJ antes citado, los recurrentes sostenían que la renovación del convenio era automática si el centro seguía cumpliendo los requisitos que determinaron la concesión, es decir, que la entrada en vigor de la LO 2/2006 no debía suponer cambio alguno sobre la concesión, dado que ésta se realizó con anterioridad a que dicha ley fuera aprobada.

El Alto Tribunal –al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria- dio la razón al Gobierno cántabro y en el cuarto FJ afirmó lo siguiente: “nadie puso en duda la legitimidad del sistema de educación diferenciada; cuestión distinta es que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006 sea posible que esos centros privados puedan tener la condición de concertados sostenidos con fondos públicos, cuando expresamente en el régimen de admisión se prohíbe la discriminación por razón de sexo, artículo 84.3. de la Ley”.

En resumidas cuentas, es legal crear o asistir a un centro educativo cuyos alumnos sean exclusivamente chicos o chicas, pero -y dado que la ley establece que no se podrá discriminar por razón de sexo-, la Administración puede decidir no aportar un solo céntimo a su financiación, teniendo en cuenta que dichos centros no reúnen los requisitos establecidos en la LO 2/2006 para que su coste sea sufragado mediante concierto o convenio.

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