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¿Es delito el ejercicio sin colegiación?

No lo es. Así lo señala el reciente Auto 983/2014 por el que la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso presentado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid al considerar que el ejercicio de la abogacía sin colegiación, si bien puede ser objeto de sanción administrativa, disciplinaria o incluso civil, no está inmerso dentro de los supuestos de intrusismo contemplados en el Código Penal español.

Hace ya un tiempo, desde este portal hablamos de la obligación de abogados y procuradores de colegiarse. Pero no se trata sino de una imposición a título disciplinario otorgada por los diferentes Colegios de Abogados, ya que nuestro Código Penal no recoge como delito ni falta la ausencia de colegiación para aquellos que ejerzan una profesión.

Lo que sí recoge es el intrusismo profesional en el artículo 403 CP de la siguiente manera:

“El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses”.

El Código se limita a sancionar la falta de titulación académica y no la inscripción a un Colegio profesional. En este sentido, la STC 111/1993, de 25 de marzo, ya consideró el ejercicio de la abogacía sin colegiación como una “infracción administrativa criminalizada”, considerando además que “los intereses profesionales, privados o colegiales, aunque legítimos y respetables son insuficientes por sí solos para justificar la amenaza de una sanción penal”.

En esta línea se ha pronunciado ahora la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid en su Auto 983/2014, de 4 de diciembre, quien acude a la doctrina más autorizada, la cual recalca “la necesidad de tutelar verdaderos valores fundamentales más que intereses corporativos, por muy respetables que estos sean, pues son de indudable menor nivel”.

Este supuesto no ha sido siempre de igual forma regulado, pues el Código Penal anterior, el de 1973, sancionaba este hecho con pena de multa al titulado o habilitado que “ejerciere su profesión sin hallarse inscrito en el respectivo colegio, corporación o asociación, siempre que tal registro fuera exigido reglamentariamente para poder ejercer la profesión”.

En la actualidad, para incurrir en ilícito penal se exige algo más que una mera inobservancia administrativa, ya que, tal y como señala ahora la Audiencia, “para ser sancionado penalmente, se exige un comportamiento revelador de estar en posesión de una cualificación que en realidad no se posee, por ser esta conducta mucho más grave para la confianza de los ciudadanos que un mero incumplimiento colegial o administrativo”.

Paralelamente, el reciente Estatuto de la Abogacía de 12 de junio de 2013, recoge este hecho en su artículo 34 como una cuestión de orden disciplinario a denunciar ante el respectivo Colegio a fin de que por los órganos rectores de este se adopten las medidas oportunas, al considerarse infracción muy grave. Igualmente, se considera como infracción muy grave en el artículo 84 h) del Estatuto General de la Abogacía de 2001.

Según lo expuesto, cabe concluir que habiendo vía libre en el ámbito penal para el ejercicio de la abogacía sin colegiación y teniendo en cuenta la situación de crisis económica, así como la dificultad de control de esta actividad por parte de los Colegios profesionales, la tendencia de esta actividad será cada vez mayor.

Vía| Informativo Jurídico

Más Info| Auto AP Madrid 983/2014, de 4 de diciembre, STC 111/1993, de 25 de marzo

En QAH| Abogado y Procurador (II): La colegiación

Imagen| Sala de togas

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