Jurídico 


Entrevistamos a Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Antonio del Moral es Fiscal del Tribunal Supremo, recientemente nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una de las voces jurídicas de mayor peso en este país, sus estudios sobre bienes jurídicos fundamentales – como la objeción de conciencia o el honor – así como su brillante trayectoria profesional contrastan con su juventud. También ha reflexionado mucho sobre las penas a las personas jurídicas introducidas en el Código Penal tras la reforma del año 2010.

Nos atiende a Qué Aprendemos Hoy para explicar, de manera sencilla y muy didáctica – tal y como él es en persona – varios de los fenómenos jurídicos que nos rodean hoy en día en diversas noticias de máxima actualidad.

Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Pregunta: En muchos foros jurídicos se debate sobre si la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene (o no) competencias para poder dictar el famoso decreto sobre los desahucios, ¿a qué normativa o doctrina jurisprudencial tendríamos que acudir para saber si es éste un ámbito exclusivamente estatal?

Respuesta: No es este un ámbito de mi especialidad, sin embargo, conviene hacer un repaso del artículo 149 y siguientes de la Constitución, así como leer la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional tenga al respecto. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía es relativamente nuevo y habría que bucear en su contenido.

 

P: Cambiando de tema, ¿a quién le concede la ley un fuero?, ¿Y cómo está regulada esta figura jurídica?

R: Hay fueros personales consagrados en la Constitución. Otros están en los Estatutos de Autonomía; otros en legislación ordinaria y por fin algunos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son muy variados. Van desde cargos del ejecutivo (Ministros y Presidente del Gobierno), otros del legislativo (diputados y senadores), otros inferiores (policías por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones; magistrados o fiscales por delitos relacionados con sus funciones…) otros altos cargos (Defensor del Pueblo, Presidente y Magistrados del TC, diputados europeos…). Y en el ámbito autonómico suelen ceñirse a los diputados autonómicos y Presidente del Ejecutivo, aunque son variables. El listado es muy largo. En sí mismo el fuero considerado significa un cambio de competencia para el enjuiciamiento solamente (policías), o a veces tanto para la instrucción y el enjuciamiento, atribuyéndose a un tribunal superior al que correspondería. Los más altos cargos tienen el fuero en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Otros en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia; y por fin, los policías cuando se trata de delitos, serán enjuiciados por la Audienica Provincial con independencia de cuál sea la pena, y no por el Juez de lo Penal.

 

El fuero en sí supone solamente ese cambio de competencia que también tiene un reverso negativo: a veces comporta que el enjuiciamiento por un órgano superior venga a restringir la capacidad de recurrir al reducirse el número de órganos superiores que puedan revisar la sentencia.
Junto al fuero en algunos casos hay otros privilegios dependiendo del cargo: imposibilidad de detención salvo caso de delito flagrante; necesidad de suplicatorio-diputados y senadores-; inviolabilidad por opiniones vertidas en el ejercicio del cargo… Pero se trata de cuestiones diferentes y no todo aforado tiene esos otros privilegios.

 

P: ¿Cómo funciona el suplicatorio?, ¿Se ha denegado alguna vez?

R: El suplicatorio supone la necesidad de que la cámara legislativa estatal (o europea) autorice el procesamiento de uno de sus miembros. Es una reminiscencia de otras épocas pues se estableció para evitar que el poder judicial presionase al poder legislativo a través de procesamientos injustos. Hoy eso no es pensable, lo que resalta su naturaleza de vestigio del pasado que ya carece de un sentido propio. Está establecido en la Constitución solo para diputados y senadores. Y a nivel europeo para los miembros del Parlamento Europeo.El intento de extender el suplicatorio a algunos parlamentos autonómicos fue declarado insconstitucional por el TC hace muchos años.

 

El suplicatorio consiste en la autorización que da la Cámara cuando la pide el órgano competente (que ordinaria será el TS dado el aforamiento de esos cargos) para procesar o inculpar y en su caso enjuiciar a uno de sus miembros. Al inicio de la andadura constitucional existieron varios casos de denegación del suplicatorio e incluso una reforma legislativa para extenderlo a algunos procesos civiles. El TC salió al paso de esa tendencia del Parlamento a autoblindarse. Declaró inconstitucional la extensión al plano civil; y también concedió el amparo en algunos casos de denegación indicando que el suplicatorio no podía denegarse discrecionalmente, sino que tenían que existir causas fundadas y debidamente expresadas y motivadas para denegarlo y que esas causas habían de estar ancladas en la finalidad del suplicatorio: es decir, que respondiesen realmente a la necesidad de preservar la labor legislativa de intromisiones del Poder Judicial y que tema como la falta de pruebas, o el nivel de lo indicios u otros no eran motivos que el Parlamento tuviese que valorar.

 

Desde entonces es habitual que se concedan todos los suplicatorios, aunque no han faltado denegaciones en casos muy puntuales (por ejemplo, hace años al acabar una legislatura y en una de las últimas sesiones una de las Cámaras denegó algunos suplicatorios que se habían solicitado dando con ello lugar al sobreseimiento libre de las causas, justamente cuando iban a perder la condición de parlamentarios los afectados, lo que no dejaba e ser paradójico. No se interpuso recurso).

 

P: Y siguiendo con otro tema de actualidad jurídica, ¿cómo se regula el indulto? ¿Está sujeto a control jurisdiccional?

 

R: La regulación del indulto está contenida en una ley de 1870 que ha sido retocada. Están prohibidos por la Constitución los indultos generales. La normativa deja un gran ámbito de discrecionalidad al Poder Ejecutivo, aunque antes ha de recabar informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. El control judicial no es fácil como no lo es el de todas las decisiones que están amparadas en grados de discrecional que se conceden a un Poder. El control corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa.

 

Es difícil que la denegación de un indulto pueda ser fiscalizada (esa es la regla; la excepción es la concesión) aunque idealmente sería factible (por omisiones relevantes en el procedimiento) aunque no se llegaría a la posibilidad de que la jurisdicción declarase procedente el indulto que nunca es un derecho. Es más factible la revisión de concesiones de indulto, aunque en ese caso será menos frecuente que alguien recurra (en su caso, la víctima). El Tribunal podrá revisar solo desde la legalidad esa decisión: si se han cumplido los trámites ordenados; si se cumplen los mínimos requisitos que son indispensables en algunos casos, y si la decisión de ejercer el derecho de Gracia no obedece a motivos espurios (desviación de poder). En lo que es el ámbito de discrecionalidad concedida por la ley al Poder Ejecutivo ha de ser respetado.

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