Economía y Empresa 


Entrevista a Carlos Rodríguez Braun: “La desigualdad es el último señuelo que se han inventado los políticos para justificar más recortes en la libertad de los ciudadanos”

carlos_rodriguez_braunCarlos Rodríguez Braun (Buenos Aires, 1948) es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Dentro del ámbito académico ha publicado artículos en prestigiosas revistas científicas como History of Political EconomyThe European Journal of the History of Economic ThoughtThe Journal of Economic Education.

Autor de más de 20 libros, Carlos Rodríguez Braun está reconocido como uno de los principales defensores del liberalismo económico tanto en España como en el exterior. Asimismo, es un habitual colaborador de diversos medios de comunicación como La RazónExpansión, Actualidad Económica y Libertad Digital.

 

Qué Aprendemos Hoy: 2015 es un año marcado por las citas electorales. ¿Existe en España un partido político con opciones de obtener representación parlamentaria que defienda los principios del liberalismo económico?

Carlos Rodríguez Braun: No. Y no debería asombrarnos. Han pasado ya suficientes años desde los trabajos de Black y de Downs, y toda la escuela de la Public Choice, como para que ahora nos llame la atención la reiterada validez del Teorema del Votante Mediano. Hasta que las preferencias del grueso de la población no se inclinen en favor de la defensa de la propiedad privada y los contratos voluntarios, y en contra de la redistribución política y legislativa, no es probable que haya un partido liberal con opciones serias de representación parlamentaria.

 

QAH: Un gran número de políticos y economistas defienden que la presión fiscal en España es inferior a la media europea debido a la reducida tributación de grandes fortunas y empresas. Sin embargo, cuando se compara la presión fiscal con otros países de Europa, se observa que en España se recauda poco por tributación indirecta (IVA, en gran medida) y vía IRPF sobre las rentas más bajas. ¿Cree que estamos en disposición de elevar la tributación indirecta y de las rentas más bajas? ¿Considera, en general, que los actuales niveles impositivos están justificados?

CRB: Ningún nivel impositivo está justificado en el sentido de que sea coherente con las preferencias de las personas, salvo la unanimidad. En el momento en que abandonamos ese escenario wickselliano, cualquier otro abre la puerta a la posible explotación de una minoría, aunque sea ésta tan amplia como el 49 % de la población, y a toda clase de juegos redistributivos en los cuales el Estado puede consolidar su legitimidad en alianzas variables con grupos de presión, como estudió Olson. Este es el punto esencial, por desgracia a menudo abandonado en el mundo académico por quienes cultivan la pueril ficción de que el Estado es un agente de la sociedad civil en lugar de un protagonista por derecho propio (literalmente, porque él hace el derecho, en lo que posiblemente haya sido el paso más devastador contra la libertad en toda la historia humana). Esta perspectiva es la que permite salir de los laberintos usuales sobre qué impuestos son mejores que otros, y cuáles “estamos en disposición” de subir. Por supuesto, no “estamos” en ninguna disposición, por lo que conviene analizar a quién sí lo está, y que los subirá o no según su propio funcionamiento. Y hablando de convenir, conviene tomarse con buen humor la clásica comparación de presiones fiscales entre países, porque jamás se utiliza para proponer una rebaja neta de impuestos (quiero decir, neta del habitual “trilerismo fiscal” utilizado para enmascarar el resultado final de las subidas y bajadas de los diferentes gravámenes, que suele ser una mayor presión fiscal global).  El autor que mejor ha ponderado la cuestión de la lógica del oneroso y redistribuidor poder político contemporáneo es el economista Anthony de Jasay: recomiendo en especial El Estado (Alianza Editorial, 1993) y Social contract, free ride. A study of the public goods problem (Clarendon Press, 1990).

 

QAH: Los países nórdicos -recurrentemente tomados como ejemplo por los partidos políticos socialdemócratas- han reducido la participación del Estado en la economía durante las últimas décadas. ¿Se ha convertido el Estado del Bienestar en un lastre para superar la crisis económica? ¿Ha sido adecuada la respuesta de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy al desafío que entraña la crisis?

CRB: Esta es una buena ilustración del problema que bosquejamos en la respuesta anterior. El Estado se ha reducido en los países nórdicos, en efecto, pero después de haber crecido mucho, y provocado las dos consecuencias que más tienden a deslegitimarlo: el freno en el crecimiento económico y la subida de los impuestos más allá de un punto que desata la indignación de un porcentaje apreciable de la población. Esto fue lo que llevó a esos países a reducir el Estado, pero no para acercarlo a nada parecido a la libertad, sino para recuperar la legitimidad perdida, apelando una vez al socialismo que ha probado ser más perdurable, no el de Marx sino el J. S. Mill. Por cierto, me pregunto cuántos de los idólatras de los esquemas nórdicos saben realmente cómo funcionan, saben realmente que son economías muy abiertas (entre otras razones porque son pequeñas), con elevada presión fiscal sobre el conjunto de la población, más allá del camelo habitual que sostiene que cabe alcanzar el paraíso socialista expropiando sólo a una minoría insignificante de “ricos”. En el caso concreto de Dinamarca se olvida que su modelo, lo que escandalizaría a nuestros progres, se basa en onerosos impuestos directos e indirectos, pero no en cotizaciones sociales.  Para un analista de la economía política, lo interesante de las respuestas de Zapatero y Rajoy ante la crisis no es tanto si fueron adecuadas o no para abordarla, sino que fueron esencialmente las mismas. Es decir, lo que importa es la lógica del poder y no el nombre de quien lo ocupa.

 

QAH: Frecuentemente se defiende el rescate de las cajas de ahorros aludiendo a que una quiebra de estas entidades hubiera agravado la crisis e, incluso, hubiera puesto en peligro la permanencia de España en euro. ¿Estuvo justificado rescatar a empresas privadas como las cajas con fondos públicos? ¿Cuál hubiera sido la solución liberal a la insolvencia de parte de las instituciones bancarias españoles?

CRB: La necesidad de prevenir los posibles efectos nocivos de las finanzas sobre el conjunto de la economía es un argumento tan antiguo que de hecho está en La Riqueza de las Naciones –lo digo para los arrogantes de hogaño que creen haber descubierto las externalidades negativas del dinero. Adam Smith comparó las regulaciones bancarias con las normas municipales que obligaban a construir muros de piedra entre las casas, con bastante lógica: como muchas casas eran de madera, el que se quemara una podía significar que se quemaran miles. La historia de la intervención en la banca se basa en este argumento y todas sus abundantes elaboraciones a partir de Lombard Street en 1873, cuando Bagehot presentó la primera racionalización de los bancos centrales modernos. Lo revelador del caso es que cada vez que había una crisis se echaba la culpa a la libertad y se proponían más intervenciones, asegurando cada vez, como dirían Reinhart y Rogoff, que esta vez es diferente, y a partir de esa vez, con las nuevas intervenciones y nuevos controles, ya se podía asegurar que nunca más habría crisis. Hasta la siguiente crisis, claro. La de 2007 no ha sido ninguna excepción, y han sido escasas las voces que señalaron la responsabilidad de las autoridades monetarias en el inflado de la burbuja, y plantearon alguna alternativa liberal a la usurpación del dinero de los contribuyentes para rescatar un sistema bancario cuya inherente inestabilidad se vio potenciada por los mismos órganos que supuestamente iba a salvaguardar su estabilidad: los bancos centrales. Una vez desatada la crisis y aumentado, una vez más, el gasto público, la economía convencional acudió al socorro del poder con el argumento de que no había otra alternativa realista que lo que se hizo. Es falso. En vez del bail-out se podía haber hecho un bail-in, que descargara el coste sobre los acreedores y accionistas de los bancos, y no sobre los depositantes ni los contribuyentes: desarrollamos esta alternativa con Juan Ramón Rallo en nuestro libro Una crisis y cinco errores, LID Editorial, 2009. Tiempo después, y tras haber recibido los liberales nuestra habitual dosis de insulto y desdén, los muy ortodoxos que siempre nos miran por encima del hombro fueron y aprobaron una serie de regulaciones, ampliamente celebradas por el pensamiento único, que si se parecen a algo, se parecen precisamente al bail-in que algunos minoritarios, ignorantes, utópicos, etc., ya habíamos sugerido.

 

QAH: Uno de los libros sobre economía más vendidos en la actualidad es “El capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty. ¿Coincide con el autor en que la desigualdad aumenta bajo nuestro actual sistema económico? ¿Es correcto asumir que la desigualdad entre los distintos agentes económicos es algo negativo?

CRB: La desigualdad es el último señuelo que se han inventado para justificar más recortes en la libertad de los ciudadanos. Durante un tiempo se puso el énfasis en la desigualdad a escala mundial, y ahí los bulos contra la globalización. Toda esta tontería quedó en ridículo con el crecimiento de India y China, que por obvias razones demográficas comportó una clara reducción de la desigualdad internacional. En ese contexto aparece Piketty y le da nuevos aires a los antiliberales: la desigualdad que importa, miren ustedes por dónde, ya no es en todo el mundo sino en cada país. Las consecuencias, empero, son siempre las mismas: hay que subir los impuestos porque resulta que es muy malo que Amancio Ortega sea cada vez más rico que yo. Nada de esto tiene ninguna solidez teórica, no hay forma de demostrar que esa desigualdad, suponiendo que exista, sea mala y exija aún más intervención pública, y los propios argumentos de Piketty no se sostienen técnicamente, entre otras razones por el peso de los activos inmobiliarios. Pero de todas maneras no importa, porque su libro, como la Teoría General de Keynes, no debe su fama a su rigor analítico (recordemos cómo puso Samuelson en su día a la General Theory a caer de un burro) sino a que sintonizó con los intereses del grueso de los políticos y grupos de interés, siempre dispuestos a recortar derechos y libertades por una buena causa. Pueden verse los programas electorales ahora mismo en España, y se comprobará que muchos de ellos proponen subir los impuestos para “luchar contra la desigualdad”.

 

QAH: España ocupa los últimos puestos en los índices de la OCDE sobre la calidad de la educación, tanto obligatoria como universitaria. ¿Cree que el sector privado podría ofrecer una solución a este problema que hasta ahora el sector público no parece haber conseguido? Para solucionar estas carencias educativas, ¿debería España avanzar hacia un modelo universitario parecido al estadounidense?

CRB: No hay ningún problema educativo estrictamente español. Si lo hubiera, no tendríamos unas escuelas de negocio que son apreciadas casi tanto como las de la Universidad de Chicago, la New York University y las demás business schools más prestigiosas del mundo. Y las escuelas de negocio de nuestro país son españolas, están en España, con dueños españoles, profesores españoles, y alumnos españoles y de todo el planeta. No es “España” lo que está mal en educación. Lo que está mal es el intervencionismo público, que altera los precios, logra que sólo en mi Facultad de Económicas de la Complutense haya tantos estudiantes como en todo Harvard, pulveriza cualquier noción de excelencia, e instala la Universidad en manos de políticos, burócratas, sindicalistas y mafias académicas variopintas. En esas condiciones, asombrarse de que haya premios Nobel de Economía en Chicago pero no en Madrid es de una ingenuidad sin límites. Y en esas condiciones, por cierto, es pueril o suicida debatir sobre si hay que “avanzar” hacia un modelo como el de EE UU, donde el estudiante paga mucho y el contribuyente poco, o el de otros países europeos, donde sucede lo contrario. Mientras la matriz educativa esté atrapada en los mencionados grupos de presión, no habrá “avance” posible. Los que estamos allí procuraremos hacer lo mejor que podamos, pero eso será, como ha sido siempre, a pesar de la Universidad, y no gracias a ella.

 

QAH: La economía no es una asignatura obligatoria en el sistema educativo español, lo que repercute en que los conocimientos de la población sobre aspectos que afectan a sus finanzas personales sean insuficientes. ¿Cree que debería incluirse esta asignatura en los planes educativos o por el contrario cree que esta labor de divulgación corresponde a otras partes? ¿Qué opinión le merecen las iniciativas de crowdlearning como Qué Aprendemos Hoy?

CRB: Estoy muy a favor de las iniciativas privadas que promuevan el conocimiento. Pero no estoy nada seguro de que la ausencia de una asignatura obligatoria de economía reduzca la calidad de los conocimientos de la población. Por lo que pude ver cuando iban al colegio mis hijos, los textos de economía en la enseñanza secundaria se pierden en los más burdos topicazos antiliberales, y a una conclusión parecida llegó también el profesor Manuel Jesús González en su monografía de 2003: El empresario y la economía de mercado, que analizaba los textos de economía y geografía de la enseñanza media en nuestro país.

 

QAH: Recientemente Ciudadanos ha planteado su plan para fomentar la I+D+I con un programa de inversión inversión pública de 1.000 millones de euros al año. ¿Cree que más Estado es la solución para desarrollar la innovación? ¿Necesita España un nuevo modelo económico basado en la innovación o por el contrario deberíamos centrar nuestros esfuerzos en ser más competitivos con el modelo económico actual?

CRB: No sé lo que necesita España, y nadie lo sabe ni lo puede saber. Por tanto, lo peor es incurrir en la arrogancia de creer que un puñado de listos van a dar con las soluciones imaginativas que estamos necesitando. Esto es una de las peores herencias de la teoría económica neoclásica y su fantasía de que los llamados “fallos del mercado” justifican la intervención pública, lo que no sólo es técnicamente una idiotez sino políticamente un enorme peligro, porque da nuevas alas platónicas a unos iluminados que creen seriamente que se puede saber, desarrollar y para colmo imponer “un nuevo modelo económico” sobre millones de españoles dignos de mejor suerte y de más respeto.

 

QAH: La deuda pública ha alcanzado el billón de euros, un nivel nunca antes visto en la historia de España. ¿Debemos preocuparnos por ello o al ser los intereses a pagar –en porcentaje- por esta deuda históricamente bajos representa por ello una preocupación menor?

CRB: Sugiero que tengamos la modestia suficiente como para analizar la realidad sin pensar en que la podemos controlar. Así, no es que “debemos preocuparnos” por la deuda pública, que sigue una dinámica que es totalmente independiente de nuestra preocupación. Debemos preocuparnos no por la deuda pública en sí –porque el Estado no es nuestra familia, ni nuestra empresa– sino por la acción de quién realmente decide sobre ella, porque quien lo hace también puede violar y viola nuestra propiedad, y puede quebrantar y quebranta nuestros contratos. En ese contexto, lo crucial es comprobar cómo los Estados han “resuelto” la crisis económica sin reducir el gasto público de modo apreciable; esa regularidad, combinada con el colapso de la recaudación derivado del derrumbe de la actividad económica, ha hecho explotar la deuda pública. Después aparece como “problema” algo que fue deliberadamente diseñado por las autoridades según su propia lógica, pero cuyo crecimiento no puede ser ilimitado, porque en tal caso los beneficios que reporta la expansión de la deuda pública podrían pasar a ser inferiores a los costes políticos que han de soportar las autoridades a la hora de financiarla. Por cierto, históricamente, en ese punto esas autoridades a menudo han dejado de pagarla, castigando a los acreedores, o han optado por subir aún más los impuestos, haciendo lo propio con los contribuyentes.

 

Imagen | Libertad Digital

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