Jurídico 


Entelequias jurisdiccionales y resoluciones susceptibles de casación

En el frontispicio de la sección que regula el recurso de casación en el orden contencioso-administrativo en nuestra Ley rituaria, el artículo 86.1, a la hora de indicar que resoluciones son susceptibles del mismo, prioriza por encima del resto de exigencias el presupuesto de que aquellas sean dictadas en única instancia. Al amparo de este requisito básico y estructural, durante el pasado año 2013 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denegado tener por preparados multitud de recursos de casación deducidos contra sentencias que desestimaron recursos de apelación interpuestos por distintas mercantiles contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, confirmatorias de las resoluciones dictadas por la Junta de Finanzas de la Generalidad de Cataluña, que desestimaron a su vez las reclamaciones económico-administrativas planteadas frente a las liquidaciones en concepto de Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC). El motivo de no tener por preparado esos recursos de casación fue, en todos los casos, el haber sido dictada en segunda instancia la sentencia que se pretendía recurrir.

Open-BookEn este sentido, la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo, al menos en cuatro Autos, confirmó la decisión de la sala de instancia de tener por no preparado el recurso de casación, considerando que nos encontramos ante sentencias dictadas en apelación y por ello no susceptibles de recurso de casación, ya que como ha dicho la Sala, entre otros muchos, en Autos de 13 de enero de 2011 -recurso de queja número 101/2010- y de 29 de septiembre de 2011 -recurso de queja número 62/2012-, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86.1 de la Ley 29/1998 LRJCA de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA), sólo son susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, y aquí es donde radica la interesante novedad, frente a estos Autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desestimaron los recursos de queja frente a la decisión de la Sala de Cataluña de no tener por preparados los correspondientes recursos de casación, la entidades recurrentes plantearon incidentes de nulidad al considerar que se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, dado que «la denegación del acceso a la casación acordada en el auto cuya anulación solicitamos, se fundamenta en un error patente, ya que el acto inicial, esto es, las liquidaciones del IGEC impugnadas, no fue confirmado en alzada por la Junta de Finanzas, sino que este órgano central de la Administración tributaria catalana conoció y resolvió en única instancia dicha impugnación», por lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debió de haber conocido del recurso contencioso-administrativo en única instancia, y no en grado de apelación y, en consecuencia, la sentencia que se pretendía recurrir en casación sí sería susceptible de tal recurso.

Con carácter previo, debe señalarse que esta Junta de Finanzas de la Generalidad de Cataluña -creada por Decreto 73/2003, de 18 de marzo, en sustitución de las cuatro Juntas Territoriales de Finanzas y de la Junta Superior de Finanzas, y el Decreto 158/2007, de 24 de julio, que derogó el anteriormente citado- establece en su artículo 2.a) que las reclamaciones económico-administrativas, tanto si suscitan cuestiones de hecho como de derecho, se atribuirán al conocimiento de la Junta de Finanzas cuando se produzcan en relación con la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realice la Generalidad de Cataluña y las entidades de derecho público, vinculadas a ésta o que dependan de ella, con exclusión expresa de los tributos cedidos por el Estado a la Generalidad de Cataluña o de los recargos establecidos por ésta sobre los tributos del Estado, y la imposición de sanciones que deriven de los unos y los otros. Por su parte, el artículo 3.a) del citado Decreto 158/2007 atribuye a la Junta de Finanzas, en única instancia, el conocimiento “De las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Finanzas o de otros departamentos y de las entidades de derecho público vinculadas a éstos o que dependan de ellos”. Por último, y conforme al artículo 11 del mismo Decreto 158/2007, “Las resoluciones de la Junta de Finanzas ponen fin a la vía administrativa y contra éstas se puede interponer recurso contencioso administrativo de acuerdo con lo que dispone la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Nótese, como lo hace el Tribunal Supremo en los Autos que estiman los incidentes de nulidad planteados, que de acuerdo con la normativa citada, asiste la razón a las entidades recurrentes al manifestar que las liquidaciones del IGEC impugnadas no fueron confirmadas en alzada por la Junta de Finanzas, sino que ésta resolvió en única instancia la reclamación económico-administrativa interpuesta contra dichas liquidaciones, diferencia medular a la hora de determinar la competencia objetiva para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto. Pues bien, partiendo de que la Resolución de la Junta de Finanzas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña no resolvió en alzada el recurso interpuesto contra las liquidaciones del IGEC, como se establecía en los Autos objeto de nulidad y en cuyo caso la competencia objetiva correspondería a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -ex artículo 8.3 LRJCA-, sino que resuelve en única instancia la reclamación económico-administrativa interpuesta contra dichas liquidaciones, hay que concluir que la competencia objetiva corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -ex artículo 10.1.d) LRJCA-.

Determinada pues la competencia, lo realmente subrayable es el argumento que la Sala Tercera para sortear la ineludible existencia de una sentencia dictada en apelación, con independencia de que la competencia hubiere sido erróneamente atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona. Para ello arguye que aunque la competencia para conocer del recurso correspondía a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como ha quedado expuesto, inicialmente dictó sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin que tal circunstancia haya de determinar necesariamente, en este momento procesal, la anulación de las actuaciones por falta de competencia del órgano que ha dictado la primera sentencia, cuando, como aquí ocurre, se ha dictado sentencia por el órgano competente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por ello, debe entenderse a los exclusivos efectos que aquí interesan -recurribilidad de dicha resolución- como si ésta hubiera sido dictada en única instancia, y como tal, susceptible de casación -ex artículo 86.1 de la LRJCA-.

Repárese pues en la ficción jurídica que se establece: sólo a efectos de recurribilidad, se entiende que la sentencia se ha dictado en única instancia –cuando en realidad se dictó resolviendo un recurso de apelación-, toda vez que, finalmente, se  dictó por el órgano que en puridad era el competente, el TSJ de Cataluña. Construcción jurídica que, por cierto, no resulta en absoluto novedosa para la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues como es de todos conocido,  una de las más completas  elaboraciones doctrinales diseñadas por la Sala en materia de criterios de admisibilidad fue aquella que surgió tras la reforma operada en la Ley rituaria por la Ley 29/1998, de 13 de julio, que introdujo los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Si recuerdan, con arreglo a dicha reforma y a partir de la entrada en vigor de la misma, estos nuevos órganos conocerían, ex artículo 8.1 en su nueva redacción, “de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico”; correspondiendo, por lo tanto, el conocimiento de dichas cuestiones en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia  -artículo 10.2-. Como consecuencia de este novedoso escenario legislativo, hubo multitud de resoluciones dictadas por órganos colegiados con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998 que en puridad y a la vista de la nueva distribución competencial, correspondería haberlas dictado a los Juzgados de lo Contencioso. La Sala Tercera, de manera constante y reiterada ha manifestado que dichas resoluciones no son susceptibles de recurso de casación, ex artículos 8.1, 86.1 y disposición transitoria tercera de la Ley de esta Jurisdicción y disposición transitoria décima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, entendiendo que, habida cuenta de que la competencia objetiva pertenecía al Juzgado de lo Contencioso,  la sentencia dictada después por el Tribunal Superior lo fue en apelación y, consecuentemente, había de entenderse dictada como si de segunda instancia se tratara, quedando excluida por ende del recurso de casación.

En ambos caso pues, entelequias aristotélicas aplicables a la jurisdicción, con el fin u objetivo de  completar y  perfeccionar un sistema casacional necesariamente imperfecto.

Vía | Raúl C. Cancio Fernández

Imagen | Casación

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