Jurídico 


Enseñanzas del ‘déjà vu’ catalán

Advertía hace unos meses el periodista y escritor Arcadi Espada, de lo traumático de enfangarse en la obviedad, al hilo del asunto catalán y de las iniciativas planteadas por la facción independentista. La evitación de enredarse en el limo dialéctico o normativo resulta sin duda una medida profiláctica idónea para el que ejerce como escritor o periodista, pero inadecuada para los poderes públicos. Cuando el gobierno de Lerroux, ante el penúltimo episodio de proclamaciones unilaterales de independencia, eludió mancharse con en légamo ritual y aprobó, a pesar de las advertencias de muchos, la Ley de 2 de enero de 1935, que suspendió las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña de 1932 al Parlamento de la Generalidad, desaprovechó una extraordinaria oportunidad para cohonestar, en palabras de Montesquieu, la vigencia de las leyes, el brazo del príncipe siempre levantado y la virtud.

Los tres artículos que componían aquella disposición dejaban en suspenso las ya referidas facultades hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, acordasen el restablecimiento gradual del régimen autonómico. Asimismo, desposeía al Presidente de la Generalidad y su Consejo Ejecutivo de todas sus funciones, asumiéndolas un Gobernador general –Portela Valladares, a la sazón- que sería nombrado por el Gobierno. Por último, el artículo tercero, emplazaba a éste para nombrar una Comisión – ulterior Decreto de 21 de febrero, de creación de una Comisión Revisadora de los Servicios Estatales Traspasados a la Generalidad de Cataluña-  que, en el término de tres meses, evaluara qué facultades propias de la Generalidad deberían ser devueltas al Gobierno central y cuales podrían subsistir en manos autonómicas, reservándose el Ejecutivo las competencias en materia de Enseñanza, Justicia y Orden Público.

El que fuese alcalde de Barcelona y por aquel entonces Presidente del Parlamento de Cataluña, Antonio Martínez Domingo, interpuso, frente a la Ley de 2 de enero de 1935, recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en fecha 29 de noviembre de 1935, al considerar que la citada disposición no suspendía, sino que derogaba y modificaba preceptos contenidos en el Estatuto de Nuria, los cuales únicamente podían serlo con arreglo a los requisitos prescritos en el artículo 18 de aquel, apoderando además a las Cortes con la facultad de establecer arbitrariamente el restablecimiento gradual del régimen autonómico.

El Tribunal de Garantías, en un Fundamento de Derecho segundo inolvidable, después de reprochar a los responsables de los sucesos de 6 de Octubre de 1934 el haber puesto en riesgo los supuestos en que se apoya el régimen autonómico, perturbando la relación normal entre los órganos del Poder que la Constitución ha establecido en interés de la misma autonomía, enfatizaba la necesaria respuesta que del gobierno se esperaba en esa coyuntura, haciéndole notar que en aras de rescatar los resortes del orden público, contaba con las facultades que le confería la Ley de 28 de Julio de 1933, de Orden Público. El Tribunal, haciendo un esfuerzo en entender las razones de necesidad que llevaron al ejecutivo a crear, con el fin de armonizar el respeto al principio autonómico con las exigencias impuestas por el interés nacional, una figura no prevista en el texto constitucional como fue la suspensión virtual del Estatuto, concluyó sin embargo, que estas razones, en todo caso, no podían amparar una conducta que resulta contradictoria con los preceptos constitucionales. Como es por todos sabido, el Tribunal declaró inconstitucional en su Sentencia de 5 de marzo de 1936 la Ley suspensiva, al instituir en sus tres artículos un régimen intermedio entre la autonomía y el derecho común que vulnera los preceptos constitucionales que garantizan aquélla y que, a su vez, no autorizan el régimen que resulta de la aplicación de la mencionada norma. Esta declaración exigió del gobierno de Azaña la posterior anulación, merced al Decreto de 9 de mayo de 1936, de todas las disposiciones gubernativas dictadas a consecuencia de la Ley de 2 de Enero de 1935, que afectaran a la adaptación de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña.

La incertidumbre política postelectoral –y prelectoral, me temo-, la presión de una opinión publicada artificialmente polarizada y el muy justificado hartazgo del ciudadano, no son desde luego, factores que coadyuven en la cabal adopción por el gobierno de España –en funciones o no- de las medidas más adecuadas frente al actual reto soberanista. Resultaría frustrante que, bien por precipitación, bien por un cicatero cálculo partidista por parte de los responsables públicos, nuestro Tribunal Constitucional tuviera que repetir lo que ya dijera tan ajustadamente hace casi ochenta años el Tribunal de Garantías Constitucionales: «Estas razones, como en general las de tipo político, incluso las que se inspiran en apreciaciones de necesidad, no pueden servir de base para una decisión de este Tribunal si son contradictorias con los preceptos constitucionales. No cabe distinguir donde la Constitución no distingue, ni pueden aceptarse alegaciones que ella no autorice».

Imagen| Cataluña

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