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¿En qué consiste el cambio de las tasas judiciales y por qué se retrasa su aplicación?

El día 20 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 10/2012 la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto de toxicología y ciencias forenses, mediante la cual se deroga el art. 35 de la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para paliar la existencia de determinados desajustes en la regulación de las tasas judiciales; en este sentido se reforma la regulación de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Entre las principales modificaciones son las siguientes:

Se produce una ampliación sustancial de los hechos imponibles que en adelante incluye: (i) la solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales, (ii) la interposición de recursos de suplicación y casación en el orden social (lo que supone una ampliación del ámbito de aplicación), (iii) y la oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto de toxicología y ciencias forenses

Se da también una ampliación de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas sino también a las personas físicas. No obstante, se prevé la exención subjetiva de quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, para el concursado voluntario, para el Ministerio Fiscal, AAPP, CCGG y Asambleas Legislativas de las CCAA.Quedan también exentos de la tasa los funcionarios públicos en el orden contencioso-administrativo en los procesos que inicien en defensa de sus derechos estatutarios. En el orden social la exención será sólo del 60% para el demandante que sea trabajador por cuenta ajena o autónomo.

La estructura de la cuantía de la tasa se mantiene; una cantidad variable en atención a la cuantía del proceso y otra fija en función del tipo de proceso; si bien es cierto que los límites de cada una de las partes se han modificado, tal y como refleja la siguiente tabla:

Grosso modo la reforma consiste en aumentar en un 100% cada una de las cantidades fijas e incrementar el límite máximo variable de 6.000 a 10.000 €.

En aras de una mayor agilidad procesal se permite con carácter general en el caso de los extranjeros o residentes fuera de nuestro país personados en un pleito en España, que sea el abogado o el procurador del sujeto pasivo el que pague la tasa sin tener en ningún caso responsabilidad tributaria por dicho pago. El abono de la tasa lo comprobará el Secretario Judicial en cada caso, negándose la actuación procesal en caso contrario.

En cuanto a la variación del pago de la tasa, que puede darse para el caso de pasar de un tipo de procedimiento a otro, se pretenden incentivar los acuerdos extrajudiciales mediante una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que suponga una disminución en los costes de los servicios.

Se deroga parcialmente la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa al carecer de sentido la excepción de postulación que existía anteriormente para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no implicasen su separación. La derogación tiene lugar habida cuenta de los obstáculos que producía de facto dicha falta de representación.

Comparativa de las tasas antes y después de la reforma

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, entró en vigor el 21 de noviembre de 2012, sin embargo no se crearon los impresos de autoliquidación necesarios para el abono de las mismas. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, explicó que la liquidación de las nuevas tasas se practicaría una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicase una regulación sobre el procedimiento y los impresos de autoliquidación.

Podríamos plantearnos hasta que punto tiene sentido publicar unas tasas judiciales si no es posible cobrarlas porque no se han desarrollado los formularios necesarios para ello.

Vía | BOE

Más información | El Derecho

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