Jurídico 


Emanaciones

D. Raúl Cancio Fernández

Letrado del Tribunal Supremo

Hasta en tres ocasiones, el legislador reformante de la Ley de la Jurisdicción (LJCA), ha introducido el sintagma «forma parte/infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado/en las que se fundamenta el fallo», para enfatizar que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene vedado el conocimiento de cualquier recurso cuya pretensión casacional se sostenga en la infracción de disposiciones normativas que no formen parte del Derecho estatal o de la Unión Europea.

La primera, en el artículo 86.3 LJCA, que regula –es mucho decir- el mal llamado recurso de casación autonómico, previendo magramente que cuando las sentencias –y los autos, aunque no lo diga- que, siendo susceptibles de casación, hubieran sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -y las dictadas por los Juzgados de Contencioso, claro está-, y el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia, siempre y cuando su plantilla orgánica la permita constituirse materialmente (véase a este respecto la STC 128/2018, de 29 de noviembre, verdadero desfibrilador constitucional del moribundo «recurso de casación autonómico»).

En segundo término, volvemos a encontrarnos la exigencia de Derecho estatal o de la Unión Europea en el precepto que regula las circunstancias que permiten al Tribunal de casación apreciar la concurrencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en particular, en la circunstancia recogida por el apartado a) del artículo 88.2 LJCA, que se refiere al supuesto en el que la resolución impugnada fija, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo, contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.

Por último, entre las exigencias del escrito de preparación recogidas en el artículo 89.2.e) LJCA, encontramos la referencia del legislador a la necesidad de justificar, en el caso de que la resolución impugnada hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea, en clara conexión con la previsión procesal descrita por el artículo 86.3 LJCA antes comentado.

De una exégesis sistemática de estos tres lugares, debe inferirse que el legislador ha querido, de forma muy mejorable desde luego, situar a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia como última instancia jurisdiccional de aquellos recursos construidos sobre la infracción, como señala literalmente el artículo 86.3, párrafo segundo LJCA, de «normas emanadas de la Comunidad Autónoma».

Pero entonces ¿Qué ocurre con los recursos en los que se arguye como  infringida una norma emanada de una entidad local? Nótese que estamos ante normas que no brotan ni de la Comunidad Autónoma ni tampoco del Estado o de la Unión Europea y, por ende, sin órgano jurisdiccional procedimentalmente previsto para conocer de aquellos recursos de casación erigidos sobre ese tipo de infracción,  en el entendimiento que no es la mera naturaleza de la disposición impugnada el factor determinante de su carácter local/ estatal o supranacional a efectos impugnatorios, sino la naturaleza de la infracción que se denuncia. Verbigracia, si lo que se reprocha a una ordenanza local es su incompatibilidad con disposiciones, por ejemplo, del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o del Reglamento de Servicios de las Corporaciones o de la jurisprudencia relativa al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, es razonable pensar que estamos ante un supuesto en que aun siendo una disposición emanada de un ente local, su invocación tiene un perfil instrumental para denunciar la infracción de normativa, en este caso, de Derecho estatal.

Ahora bien, si invocada otra ordenanza municipal como infringida, la pretensión casacional en este caso se focalizara únicamente en, véase, su incomplitud a la hora de discriminar adecuadamente la procedencia de los residuos que deben ser gestionados a los efectos de la tasa correspondiente, en este caso, estaríamos ante una norma ontológicamente local, cuya invocación como infracción no tendría acceso a la Sala Tercera del Tribunal Supremo [Acuerda su inadmisión a trámite (…) por incumplimiento de tales exigencias por falta de justificación de que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea, conforme al artículo 90.4 b) LJCA, en relación con los artículos 89.2. e) y 86.3 del mismo texto legal, ya que el debate procesal no ha girado en torno a la aplicación de ese tipo de normas, que es lo que se exige con arreglo al citado artículo 86.3 LJCA [Vid por todos, ATS de 2 de julio de 2018; (RQ 250/2018, ES:TS:2018:7421A) (Providencia de la Sección de Admisión de 28 de febrero de 2019)] y sí, necesariamente, ante la Sala autonómica correspondiente y por el cauce ritual de un recurso de casación fundado en la infracción de Derecho autonómico digno de ese nombre.

* Vía | Elaboración propia.

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