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El TS entra en el debate de la enseñanza concertada

El derecho a la educación del art. 27 de la Constitución Española

Corría enero de 1978 cuando los padres de la Constitución, en mitad de la elaboración de lo que pocos meses más tarde sería nuestra vigente Carta Magna, tuvieron que hacer frente a uno de los debates más controvertidos sobre el artículo que regularía el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El rumbo del sistema educativo español dependía enteramente de la forma en que ambos se conjugaran, y precisamente por esta cuestión, resultó ser el artículo con mayor número de enmiendas de todo el Anteproyecto.

El resultado final fue un equilibrio que garantizara tanto el derecho a la educación gratuita y obligatoria por un lado, como la existencia de opciones educativas plurales que permitieran elegir a los padres la formación religiosa y moral que consideraran más adecuada para sus hijos, en aras al libre desarrollo de su personalidad, sin ningún tipo de intervencionismo estatal más allá del estrictamente necesario. Al menos más allá de las funciones de vigilancia para el cumplimiento del derecho que les otorga la ley. Este último punto es fundamental para entender el papel de los centros de enseñanza concertada y su relevancia en clave constitucional.

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El TS entra en el debate de la escuela concertada

Hace apenas un par de semanas la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia 1180/2016 de 29 de mayo, resolvía un recurso de casación anulando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmaba, a su vez, una orden de la Junta por la que se suprimía una unidad del ciclo de infantil en el colegio concertado San Juan Bosco de Sevilla. La Consejería de Educación motivó su decisión alegando circunstancias de descenso demográfico y los niños fueron remitidos al colegio público más cercano. Se entendió que al existir vacantes en los centros públicos debían suprimirse las plazas de los concertados,  a pesar de que los padres afectados hubieran optado por esta segunda escolarización.

Ciertamente, tanto la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del derecho a la educación, como la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, establecen un régimen dual sobre la base de la enseñanza privada concertada y la pública. No se trata de un sistema organizado en régimen de supletoriedad de la primera sobre la segunda, sino de complementación. Esto implica que la existencia de enseñanza privada concertada atiende a razones de exigencia constitucional, esto es, la libertad de enseñanza que permite a los padres decidir libremente la educación que mejor convengan para sus hijos. Por tanto, en ningún caso puede ésta quedar supeditada meramente a razones de eficiencia y economía, argumento que por cierto ya ha sido utilizado por el propio TS en varias ocasiones.

Así y en esta misma línea, en otras dos sentencias dictadas esta misma semana –SSTS 1107/2016 y 1126/2016- sí ha justificado la no renovación de unidades educativas al no alcanzar la ratio profesor/alumno que exige la ley -requisito que sí se cumplía en el caso de San Juan Bosco de Sevilla, razón por la que se estimó el recurso-. Entiende el Tribunal que habiendo plazas libres en colegios públicos, y teniendo en cuenta que ambos son mantenidos con fondos públicos, en caso de descenso demográfico han de primar las plazas de estos centros sobre los de gestión concertada.

Pues bien, analizada aunque someramente la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, no podemos por menos que estar en total desacuerdo con la misma. Es cierto que la Ley de Educación antes citada obliga a hacer un uso racional de los fondos públicos y exige aplicar los principios de eficiencia y economía en la gestión educativa. Sin embargo, bajo ningún concepto podrá servir de justificación suficiente para vulnerar el derecho fundamental que regula el artículo 27.4 de la CE. Si lo que se pretende es un uso eficiente de los recursos habrá que primar las plazas que mayor demanda tengan por los padres y en su caso, eliminar unidades de escuelas públicas con plazas desiertas, que no de concertadas cubiertas obligando a remitirse a las primeras. De este modo, cuando concurran sobrevenidas razones demográficas, se garantizará la libertad de enseñanza en coherencia con el uso diligente de los fondos públicos que exige la actividad administrativa.

Como diría Miguel de Cervantes, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. No permitamos que las prerrogativas de la Administración Pública se excedan de sus funciones y acorten terreno a la libertad del individuo frente al Estado. Pues recuerden que el deber de admitir lo admisible es parejo al de rechazar lo inadmisible. Dicho queda.

Vía| Elaboración propia

Más información| Poder judicial,   El Mundo,    Buscador de jurisprudencia del TS, Cendoj

Imagen| Viñeta

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