Derecho Civil, Derecho de la Unión Europea, Jurídico 


El trust angloamericano (III)

Según el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión Europea, anexo al Libro Verde Sucesiones y Testamentos, son más de cincuenta mil las sucesiones de carácter internacional que se abren cada año en el territorio de la Unión Europea en las que intervienen ciudadanos comunitarios.

Como comentábamos en las anteriores entregas, es la figura del trust la configuración jurídica mayoritaria que tienen las sociedades offshore o patrimonios fiduciarios en los paraísos fiscales. El trust, institución o figura jurídica propia del Derecho anglosajón sin existencia en nuestro ordenamiento -recordemos que España ni tan siquiera ha suscrito el Convenio de la Haya (en adelante, Convenio), de 1 de julio de 1985, sobre la Ley aplicable al trust y sobre su reconocimiento; estando en vigor en países de la Unión Europea como Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido- ni en el Derecho de la mayor parte de países de Civil Law, puede ser empleado como instrumento de planificación familiar para organizar el destino de los bienes del causante durante varias generaciones, inclusive a perpetuidad (paraísos fiscales como Panamá, Anguila, Nauru, Turks, Caicos e Islas Cayman para los Start Trusts, son buena muestra de ello).

Aquellos países que suscribieron el meritado Convenio se obligaron a respetar la voluntad del constituyente, siendo la Ley aplicable al trust la elegida por el constituyente y, en su defecto o en ausencia de elección, con la ley que esté más estrechamente vinculado que será la del país de creación del trust; pero sin que ello obligara a los Estados firmantes la renuncia a su fuero interno. Hasta la fecha en la práctica jurídica ello implicaba que si los bienes, muebles o inmuebles, se encontraban situados en el lugar de la nacionalidad del causante se debían respetar los derechos legitimarios de los herederos forzosos (véase al respecto, por ejemplo, la sentencia del tribunal de Lucca, de 23 de septiembre de 1997, que resuelve a favor de los herederos legitimarios de un trust constituido por un sujeto causante de nacionalidad italiana que otorga testamento según la ley del Estado de Kentucky). En este sentido, en el apartado final del artículo 15 del Convenio se resolvía la cuestión: “cuando lo dispuesto en el párrafo precedente impida el reconocimiento del trust, el tribunal procurará que surtan efecto los objetivos del trust por otros medios jurídicos. La consecuencia es que el legitimario, sobre tal presupuesto, no puede sostener que el testamento, al basarse en el trust, es nulo (en todo o en parte) sino que simplemente puede solicitar la reducción de las disposiciones testamentarias que, al poner los bienes heredados bajo el control exclusivo del trustee, se revelen lesivas de su cuota”.

Así pues, el Convenio relativo a la Ley aplicable al trust y a su reconocimiento tan solo estará en vigor para los citados Estados firmantes, de manera que se aplicarán para dichos Estados las normas de conflicto contenidas en el Convenio. Y para aquellos Estados no firmantes, caso de España, sus autoridades deberán aplicar las normas de conflicto internas para determinar la Ley aplicable al trust.

I. La sucesión mortis causa internacional de acuerdo al Reglamento 650/2012 (en adelante, Reglamento o RES) y el trust propio del Derecho anglosajón. En atención al entendimiento del artículo 1.2j RES, en relación al Considerando (13) RES.

El Reglamento 650/2012 , de 4 de julio -relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y a la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo-, abarca cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya se derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato, ha excluido la regulación de todo tipo de trusts, incluido el sucesorio y el testamentario, al aparecer ya reguladas dichas cuestiones por el Convenio de la Haya.

Para la Ley aplicable a la sucesión, y antes de la entrada en vigor del Reglamento (aplicable a la sucesión de personas que fallezcan desde el 17 de agosto de 2015), nuestra normativa interna (art. 9.8 CC) nos remitía al Derecho representado por la Ley nacional del causante. Ofreciéndose a partir de ahora la posibilidad de elegir la Ley nacional (professio iuris, art. 22 RES) del causante como Ley rectora de la totalidad de la sucesión y, a salvo de esta excepción, se aplicará la Regla general que corresponde a la Ley de la residencia habitual (art. 21, apartado 1), aun cuando no sea de un Estado miembro de la Unión Europea. Respecto a la competencia judicial internacional, ésta viene determinada por el art. 7 RES que nos indica que serán competentes los tribunales del Estado miembro cuya Ley haya sido elegida por el causante en virtud del art. 22 RES. Así pues, coincidirán la competencia y la Ley aplicable a la sucesión con el Estado de nacionalidad del causante si éste ha optado por la professio iuris que le otorga el art. 22 RES para regir su sucesión mortis causa. Como segundo foro (subsidiario) de competencia judicial internacional tendremos el de la última residencia habitual del causante (art. 4 RES); definición de residencia habitual un tanto laxa (por ende, sujeta a tensa controversia litigiosa) que nos ofrece el Reglamento al indicarnos que la misma radica en el Estado miembro donde estaba situado el centro de interés familiar y social del causante [Cons. (24) RES]. Foro subsidiario, en cualquier caso, el de la residencia que solo operará si los tribunales del Estado miembro de la nacionalidad del causante carecen de competencia judicial internacional para conocer del litigio sucesorio (art. 7.a RES a contrario sensu). Por último, y como tercer y cuarto foro de competencia judicial internacional, de carácter subsidiario a los anteriores, tendremos el de la situación de los bienes de la herencia [art. 10.1 RES y Cons. (30) RES] y el foro parcial de situación de los bienes de la herencia (10.2 RES); este último operaría si, en el momento del fallecimiento, el causante no tuviera ni su residencia habitual en un Estado miembro (ni previamente en los cinco años anteriores) ni la nacionalidad del Estado miembro donde se encuentran o hallan los bienes.

Trust angloamericanoAunque se excluye el trust, el Considerando (13) RES nos indica que en los casos de trust mortis causa la Ley aplicable designada por el Reglamento a la sucesión regulará la cesión de los bienes y la determinación de los beneficiarios. Esto significa que (aunque la creación, funcionamiento y extinción del trust no se rige por la Lex Successionis) esta Ley sí se aplica para impedir que los herederos legitimarios se vean privados de la parte de la herencia que, según dicha Lex Successionis, les corresponde por deseo del causante que haya dejado sus bienes a través de la institución del trust. De manera que el Considerando (13) RES nos indica que la Ley aplicable regulará la cesión de los bienes y la determinación de los beneficiarios, con la salvedad, de acuerdo al Considerando (47) RES, de que el término beneficiarios viene referido no a los “beneficiarios del trust” sino a los “herederos y legatarios” determinados con arreglo a la Lex Successionis en el trust testamentario y en el trust legal mortis causa (los dos tipos de trust sucesorios más usuales):

a) El trust testamentario, en el cual el causante constituye en vida, mediante la aportación de un patrimonio, un trust (patrimonio separado) revocable cuyos beneficiarios pueden ser determinados hasta el momento del fallecimiento del constituyente (settlor) e irrevocable desde ese instante. Permitiéndose en el discretionary trust la delegación en el trustee de la designación última de los beneficiarios o/y de su cuota en los beneficios; delegación de tercero para la designación de heredero o legatario o de la determinación de las cuotas que expresamente prohíben los ordenamientos jurídicos del civil law (salvo contadas excepciones como la cautela socini que, en cualquier caso, debe respetar los derechos legitimarios de los herederos forzosos). Desde el punto de vista del DIPr. Europeo se considerarán como trust no sucesorios (equiparables a donaciones) y, en su consecuencia, la Ley aplicable vendrá determinada con arreglo al Reglamento de Roma I de 17 junio 1980 y en su defecto por el art. 10.7 CC (Ley nacional del donante), en los siguientes supuestos: 1) si los beneficiarios ya han sido determinados en el acto de constitución del trust, aunque éste fuera revocable, se tratará de un negocio intervivos equivalente a una donación revocable y no un acto mortis causa; 2) mientras que si el trust es constituido en vida pero irrevocable, aunque sea efectivo tan solo al fallecimiento del settlor (constituyente), tendrá la consideración de donación, generando obligaciones contractuales.

b) El trust for sale o trust sucesorio es el creado ex lege en las sucesiones intestadas. En el cual el trustee o administrator hará las veces de administrador fiduciario con las funciones, fijadas en un documento judicial, de conservación de los bienes hereditarios, liquidación de deudas y pago de los impuestos correspondientes, repartiendo el activo sobrante entre los herederos del causante.

II. Ley aplicable al trust sucesorio en España.

A partir de la entrada en vigor del Reglamento la Lex Successionis se determinará con arreglo al mismo, regulando dicha Ley la posibilidad del causante de dejar bienes a un trust, de transferir los bienes a dicho trust y, a su vez, determinará quiénes son los herederos y legatarios y las cuotas hereditarias que les correspondan. Esto especifica el Considerando (13) RES en su párrafo segundo: “En caso de que se cree un trust en virtud de un testamento o por ley en relación con una sucesión intestada, la ley aplicable a la sucesión determinada con arreglo al presente Reglamento regulará la cesión de los bienes y la determinación de los beneficiarios”.

En el trust mortis causa, y en defecto de elección de Ley por el constituyente o settlor (art. 22 del Reglamento), deberemos remitirnos a la Regla general del artículo precedente (art. 21), y la sucesión de un trust mortis causa deberá regirse por la Ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento (que lo es el que presente los vínculos más estrechos, centro de interés familiar y social del causante [Cons. (24) RES]). Dicha Ley, si fuera extranjera, no deberá rechazarse por vulneración del orden público internacional español; pudiendo resultar inaplicable el sistema de legítimas recogido en el Derecho civil común español, si dicha Ley extranjera contempla y regula el trust.

Obviando el hecho de que la Ley aplicable a la creación del trust y a su régimen legal no se fija con arreglo al Reglamento 650/2012, sino mediante la norma de conflicto (España carece de una específica al respecto) que en cada Estado miembro determina la Ley reguladora del trust, la solución dada por el Reglamento resultará de difícil aplicación en España si los bienes se encuentran situados en territorio español. Puesto que como sanciona el art. 4 de la Ley Hipotecaria (LH), también son susceptibles de inscripción en el registro los títulos expresados en el art. 2 LH (en los registros de la propiedad se inscribirán títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos), incluidos los títulos sucesorios (sucesión hereditaria como título en sentido material), cuando estos hayan sido otorgados en país extranjero, siempre que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes. Al respecto, la creación del certificado sucesorio europeo hará las veces de título formal de inscripción hereditaria y de efectos jurídicos de carácter real en el ámbito inmobiliario por causa de la sucesión (art. 63 del Reglamento 650/2012).

En este sentido, queda estipulado en el art. 110 del Reglamento Hipotecario (RH) que: “…el derecho o gravamen real constituido o declarado por la resolución judicial extranjera sea admisible para España por cumplir los requerimientos imperativos y de orden público impuestos por nuestro derecho para la configuración de los derechos reales”. Ello significa que con arreglo a la legislación registral española, habrá que determinar si la resolución extranjera puede acceder a los libros de registro. Lo que debe tener una respuesta negativa en la institución del trust, ya que el trustee o administrador, siendo titular real de los bienes según el derecho anglosajón (como propietario aparente de determinados bienes con la obligación de administrarlos, junto con sus frutos, en beneficio de las personas designadas como beneficiarios del trust o del fin establecido en el trust), no ostenta el pleno dominio de los mismos según nuestro derecho material al faltar la titularidad bonitaria que recae sobre los beneficiarios (y ello al margen de la obligación de restitución que recae sobre el trustee a la finalización del trust, según haya sido dispuesto por el constituyente en el acto constitutivo). Dado que la Ley material española impide el acceso del trust al Registro de la Propiedad español, al no ser un derecho real de los que contempla el Civil Law, nunca podrá ser inscribible a favor del trustee; como tampoco a favor de los beneficiarios.

A modo de ejemplo, imaginemos que un ciudadano británico, residente en la Costa del Sol y con una serie de bienes inmuebles (gestionados como residencias para la tercera edad) en España, otorga testamento en Benalmádena con arreglo al Derecho inglés, creando un trust sucesorio sobre dichos bienes inmuebles situados en nuestro país. Aunque el Derecho español no conoce la institución del trust, no debería producir efectos contrarios al orden público español una institución jurídica sí reconocida en Derecho inglés. Sin embargo, el trustee no podrá inscribir pura y simplemente a su nombre dichos bienes, ni el trust ni su propiedad, en el Registro de la Propiedad español (al respecto, y en relación con el art. 10.1 CC, conviene consultar la Ley y el Reglamento Hipotecario [art. 4 LH; arts. 7 y 51 RH]). Debiendo, eso sí, hacerse constar en el Registro de la Propiedad español que los bienes sujetos al trust son gestionados por el trustee según los expresos deseos del settlor o constituyente causante; limitándose la actuación del trustee a una mera gestión de los bienes que lo conforman en favor de los beneficiarios.

En la cuarta y definitiva entrega, esta vez sí, hablaremos de la tributación del trust en España.

 

Via| Alonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González (Directores), El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012, de 4 de julio de 2012, Análisis Crítico, Editorial Comares S.L., Granada, 2014; Checa Martínez, M., El trust angloamericano en el Derecho español, Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U., Madrid, 1998; Isidoro Antonio Calvo Vidal, El certificado sucesorio europeo, Editorial La Ley, Madrid, 2015.

Imagen|Tust angloamericano

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