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El Tribunal Supremo y la interpretación de los topes de la indemnización por despido improcedente

Uno de los puntos más conflictivos de la reforma laboral, tan controvertida y tan en boga en la actualidad, debido a la pretensión de derogación de la misma por parte de varias fuerzas políticas, es la rebaja de la indemnización por despido. El  RD-Ley 3/2012 redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado.

El tope de indemnización también se rebajó de 42 días a 24 días por año.Para no establecer diferencias injustificadas, la norma incluyó una disposición transitoria, de modo que los contratos que se se hubiesen celebrado antes del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor de la norma) y fueran despedidos con posterioridad a esta misma fecha devengarían su indemnización en dos periodos: un primer periodo en el que la indemnización se calcularía en base a 45 días por año y un segundo en el que se calcularía en base a 33 días por año.

Indemnización=(A1*45*Salario diario)+ (A2*33*Salario diario)

Siendo A1 la diferencia entre el 12 de febrero de 2012 y la fecha de antigüedad y siendo A2 la diferencia entre la fecha de despido y el 12 de febrero de 2012.

Sin embargo, ¿Qué pasaba con los topes? La norma también lo preveía:

El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso.

Es decir que:

Indemnización no>720 días salvo que (A1*45*Salario diario)>720.En tal caso el tope será 42 meses (1260 días)

Este precepto admite dos interpretaciones:

  1. Si el primer periodo  (A1*45*Salario diario) supera los 720 días, esta cifra opera como límite máximo. Según esta interpretación, el inciso referido  a las 42 mensualidades se refiere solamente al primer periodo(A1*45*Salario diario) y no al periodo total ( es decir, que aunque la indemnización del primer periodo supere los 720 días, no podrá superar nunca los 42 meses, que era el tope establecido por la norma anterior).
  2. Si el primer periodo  supera los 720 días puedo seguir acumulando indemnización ( a razón de 33 días por año) hasta que alcance los 42 meses (1260 días). De esta manera, el tope de 42 meses se aplicaría a los dos periodos.

El Tribunal Supremo optó por esta segunda interpretación en su sentencia 29 de septiembre de 2014. Esta sentencia fue bastante polémica, ya que la interpretación mayoritaria que se había realizado por el sector era la primera, puesto que se entendía que era la más fiel con la literalidad del precepto.

La doctrina establecida en esa sentencia fue seguida por el TSJ de Cataluña, en su sentencia de 2 de febrero de 2016.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado hace poco, el 18 de febrero de 2016 una sentencia que corrige la anterior. En esta sentencia se opta por la interpretación 1, con la siguiente argumentación:

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#actualidadQAH

“De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012, respetado por Ley 3/2012) el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso”.

Dado el carácter altamente conflictivo de esta disposición transitoria, parece probable que el pleno acabe pronunciándose sobre esta cuestión. No obstante, a título de reflexión personal, sería recomendable que los legisladores se sentasen tranquilamente a leer detenidamente las disposiciones; a veces los operadores jurídicos tenemos la sensación de que las normas se redactan con prisa y sin valorar suficientemente todas las posibilidades de interpretación. Y puesto que parte de nuestro oficio como abogados es interpretar la ley para desentrañar las posibilidades que la misma nos ofrece, sería conveniente que se delimitase claramente al menos en aquellos supuestos en los que el legislador tiene una intención clara, de manera que no sea necesario sobrecargar los tribunales para interpretar cualquier mínimo resquicio de la norma.

Vía| sentencia

Imagen| alegoría de la justicia , Pasteur

 

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