Jurídico 


El Tribunal Supremo se manifiesta sobre la ultraactividad de los convenios colectivos

Os presento en la entrada de hoy el comentario de una sentencia, pero no de cualquier sentencia, sino una de máxima importancia y relevancia de los últimos tiempos. Se trata de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. Daré aquí algunas ideas básicas dado que la sentencia es compleja, farragosa y cuenta con numerosos votos particulares y será la doctrina la que estudie con amplitud y rigor cada uno de los aspectos tratados por la sentencia.

El origen de la sentencia tiene su ser en la demanda de conflicto colectivo por la Unión Sindical Obrera de les Illes Balears, contra la empresa “Atención y Servicios SL”, solicitando la declaración de nulidad de plena derecho la modificación efectuada el 02-08-2013 por la empresa,  refiriéndose al pago de la nómina de julio. Se trata de determinar si el convenio colectivo denunciado en 2010 sigue en ultraactividad en 2013 (superado el año que marca la ley) al entender la parte actora que existe pacto en contrario, no siendo de aplicación el período marcado en la ley.  ultraactividad

Existe una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que estima la demanda al entender que el comportamiento de la empresa (aplicar las condiciones del Estatuto de los Trabajadores al haber transcurrido el año de ultraactividad al que refiere el artículo 86.3, no haberse negociado un convenio nuevo y no haber convenio colectivo de ámbito superior) no es ajustado a derecho y han de mantenerse (hasta que no se negocie un convenio nuevo) las condiciones salariales pactadas. Expresa literalmente la sentencia que es “no ajustada a derecho la conducta empresarial al abonar la nómina de julio 2013, al dividirla en dos periodos, del 1 al 7 de julio con arreglo a las condiciones del Convenio Colectivo de empresa, y del 8 al 31 de julio en la que se aplica las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y repongan a los trabajadores afectados por el conflicto colectivo, a las condiciones que disfrutaban con anterioridad, durante la vigencia del expresado Convenio Colectivo.

El Tribunal Supremo se hace aquí dos preguntas: ¿Qué entendemos por convenio colectivo de ámbito superior? ¿Qué existe si no existe este convenio de ámbito superior aplicable? Es decir y desde la doctrina así se ha manifestado, se trata de saber cómo se van a regular los derechos y obligaciones de las partes tras la pérdida de vigencia del convenio dado que el legislador no ha dicho nada, siendo la situación grave. Para ello tenemos dos tesis:

1) Tesis rupturista: estos derechos y obligaciones se van a regir por las normas estatales legales y reglamentarias, desapareciendo las condiciones existentes en el ámbito del convenio colectivo fenecido.

2) Tesis conservacionista: estos derechos y obligaciones se mantienen tal y como venían configurados en el convenio fenecido.

El Tribunal Supremo va a apostar por esta segunda tesis, por estos razonamientos:

  1. La tesis rupturista va a provocar consecuencias negativas para ambas partes. El trabajador va a percibir el salario mínimo interprofesional, su jornada pasaría a ser la máxima legal, las cláusulas de horario y flexibilidad quedarían sin efecto, etc.
  2. En base al principio de la autonomía de la voluntad, las condiciones laborales del trabajador se regulan en su contrato de trabajo. Esto es así desde su misma constitución puesto que el contrato tiene dos funciones: constitutiva de la relación jurídico-obligacional y reguladora de la misma, es decir, de los derechos y obligaciones a que se comprometen las partes.

El Tribunal lo dice clarísimo, al indicarnos que “por lo tanto, las normas estatales y convencionales juegan un papel nomofiláctico respecto a las cláusulas contractuales. Lo que sucede es que, siendo el contrato de trabajo siempre –tanto si es indefinido como temporal- un contrato de tracto sucesivo, esa función depuradora se va desarrollando a lo largo de todo el tiempo en que el contrato esté vivo y se va adaptando a la evolución de las propias normas legales y convencionales. Pero ello no nos debe de llevar al equívoco de suponer que las obligaciones de las partes se regulan por la ley o por el convenio colectivo normativo. No es así: se regulan por el contrato de trabajo, aunque, eso sí, depurado en la forma que establece el artículo 9.1 del ET”. Por ello, en el momento que la ultraactividad termina los derechos y obligaciones no desaparecen en ese instante y no porque las normas del convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse en ese momento sino porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo en que se creó la relación jurídico-laboral. De ello deducimos algunas conclusiones rápidas:

1)  El triunfo de las tesis conservacionistas, dando un golpe de tuerca a la reforma laboral de 2012. Existe solamente aquí un voto particular que sostiene que “no existe en la norma ningún elemento que por vía de interpretación teleológica o con amparo en la analogía permitía acceder a una solución como la que adopta la sentencia por lo que el recurso interpuesto debía haber sido estimado”. Es decir, el propósito o la finalidad de la reforma de limitar la duración de la ultraactividad no ha triunfado.

Trabajo2)  Es interesante destacar el voto particular del Magistrado Sempere Navarro que evidencia que el criterio de la mayoría parte de la premisa de que la medida no era del agrado de los magistrados y, por ende, había de hacerse una interpretación finalista dirigida a corregir las consecuencias derivadas de su aplicación. El Tribunal, de alguna forma, actúa como legislador.

3)  Algo paradójico, a mi entender, es que la reforma de 2012 incremente las facultades empresariales (flexibilidad interna y externa) dejando el papel del contrato de trabajo muy cercenado y, por el contrario, la sentencia ensalce tanto su papel como elemento medular de la regulación de la relación laboral.

4)  Pero todo ello no deja de presentar otras preguntas: ¿Cómo explicamos que una norma que no existe genere derechos contractuales si la jurisprudencia recoge el principio de que las condiciones más beneficiosas no pueden derivar de los convenios colectivos? ¿Cómo se puede comprender que el contenido del convenio que ya no tiene vigencia mantenga su virtualidad como pacto individual? ¿Qué va a ocurrir con las condiciones contractualizadas cuando se aprueba un convenio posterior que las altera? Como vemos la discusión está garantizada y el problema es bastante grave.

5)  Para concluir, creo que el legislador debe clarificar y con urgencia este marco regulador. No solamente porque el principio de seguridad jurídica está en juego, sino la propia estabilidad del sistema.

 

Vía| STS 5504/2014 de 22 de diciembre de 2014

Imagen: Ultraactividad, trabajadores

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