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El Tribunal Supremo acaba con el engaño de las preferentes

Caixa Cataluña deberá devolver el dinero a dos preferentistas según resuelve el Tribunal Supremo en una Sentencia que azota nuevamente al sector bancario. Si el pasado 26 de enero de 2016 la publicación de dos Sentencias del Tribunal Supremo, que declaraban ilegal la salida a bolsa de Bankia, provocó que el banco nacionalizado comenzara a devolver el dinero a aquellos accionistas que suscribieron acciones en la Oferta Pública de Suscripción, el 1 de marzo de 2016 otra Sentencia del alto Tribunal ha vuelto a hacer saltar las alarmas de nuestro sector bancario al declarar nula la suscripción de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y depósitos estructurados de dos inversores.

Pero lo esencial de la Sentencia está en su fundamentación jurídica. Y es que la posición que toma en muchos de los puntos conflictivos que se plantean en esta clase de procedimientos sienta un precedente letal para aquellos bancos que siguen peleando en los Juzgados por una causa que cada vez se les pone más cuesta arriba.

A este respecto, conviene recordar que el argumento fundamental que invocan los preferentistas y obligacionistas frente a las entidades bancarias que emitieron y/o comercializaron los productos, se basa en el vicio del consentimiento producido en el momento de la contratación.

Existe vicio del consentimiento cuando éste se presta mediando error, violencia, intimidación o dolo, según indica nuestro Código Civil. O dicho de otro modo, el consentimiento adolece de un vicio que lo invalida, cuando la voluntad interna de quien lo presta es diferente a aquella que se manifiesta externamente.

Para sostener el argumento del vicio del consentimiento, el demandante suele referirse a que en la comercialización hubo una labor de asesoramiento por parte del banco, que había destacado las bondades del producto en cuestión y ocultado sus riesgos. Además a menudo se utiliza la inexperiencia inversora de los clientes y su escaso nivel de conocimientos financieros para acreditar que era imposible que conocieran las características del producto que estaban contratando. Así mismo se hace hincapié en la información insuficiente que contenían las órdenes de suscripción o compra de valores que firmaban los clientes, ya que omitían las características reales del producto.

Por su lado, los bancos se oponen a los argumentos invocados de contrario arguyendo que ellos no asesoraban -pues no tenían un contrato de asesoramiento con sus clientes- sino que simplemente ejecutaban las órdenes de suscripción o compra que recibían de sus clientes. Por otro lado, cuando lo creen conveniente, destacan el alto nivel intelectual de los inversores, tratando de cuestionar la inexperiencia inversora invocada de contrario. Así mismo, si los clientes tienen algún tipo de experiencia inversora previa, lo ponen de manifiesto tratando de acreditar el conocimiento que los mismos tenían sobre el producto adquirido.

En definitiva, el demandante argumenta una comercialización maliciosa que vició el consentimiento de quienes suscribieron participaciones preferentes u obligaciones subordinadas y la entidad financiera se opone defendiendo que la comercialización que hicieron de los títulos fue ajustada a derecho.

Hasta el momento la victoria para los adquirentes de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas estaba casi asegurada; no obstante, aún quedaban algunos juzgados que daban la razón a las entidades financieras. De esta manera se ponía de manifiesto que entre nuestros juzgadores no existía un criterio unificado en torno a esta cuestión que daba lugar a una peligrosa inseguridad jurídica. De ahí, la importancia de esta sentencia.

Y es que los fundamentos jurídicos que a continuación destacamos, podrían utilizarse en cualquier otro procedimiento de esta naturaleza.

Respecto del asesoramiento (Fundamento Jurídico Tercero):

Para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la existencia de un contrato remunerado “ad hoc” para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por la demandante y la entidad financiera. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su adquisición”.

En cuanto a la información contenida en las órdenes de valores (Fundamento Jurídico Tercero):

Ni siquiera la información que aparecía en las órdenes de compra de los productos, prerredactadas por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era la naturaleza de los productos adquiridos, no se identificaba adecuadamente al emisor de las participaciones preferentes, los datos que se contenían ofrecían una información equivocada, o cuanto menos equívoca, sobre la naturaleza de los productos (como era la del plazo, cuando en realidad se trataba de participaciones perpetuas), y no se informaba sobre sus riesgos”.

Respecto de la experiencia inversora previa (Fundamento Jurídico Cuarto):

Que los clientes hubieran contratado anteriormente productos similares no conlleva que tuvieran experiencia inversora en productos financieros complejos, si en su contratación tampoco les fue suministrada la información legalmente exigida.

(…)

La contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Caixa Catalunya, sin que la entidad pruebe que la información que dio a los clientes fue mejor que la que suministró en el caso objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto de los clientes””

Además, opina acerca de la denominación de las participaciones preferentes añadiendo lo siguiente:

…frente a lo que su nombre pueda erróneamente hacer interpretar”.

Es decir:

  • Hubo asesoramiento.
  • La información que contenían las órdenes de valores era insuficiente.
  • La experiencia inversora previa no convierte en experto al cliente.
  • La palabra “preferente” induce a error.

La posición adoptada por el Tribunal Supremo es claramente favorable a los preferentistas y demás suscriptores de productos financieros mal comercializados, que a partir de ahora tienen un argumento más a su favor. Si bien la Sentencia se refiere únicamente a Caixa Cataluña, la fundamentación jurídica en ella contenida es directamente extrapolable a cualquier procedimiento judicial de esta naturaleza, cualquiera que sea la entidad financiera implicada, toda vez que la comercialización que todas ellas hicieron de estos títulos fue prácticamente idéntica.

La Sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente difícilmente reparable para el sector bancario, que ya acumula varias malas noticias en 2016. Si las Sentencias publicadas el pasado 26 de febrero provocaron que Bankia comenzara a devolver el dinero invertido a los accionistas que suscribieron acciones en su salida a bolsa, no sería raro que tras la publicación de esta última, las entidades financieras convirtieran esa conducta en tendencia y comenzaran a proponer acuerdos a sus clientes para la devolución de las cantidades invertidas en productos mal comercializados.

Primero fueron las acciones de Bankia, luego las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y a partir del 26 de abril de 2016, las cláusulas suelo. Al respecto de éstas, Banco Popular ya ha anunciado que empezará a suprimirlas. Esto no ha hecho más que empezar.

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