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El Tribunal de Cassació (1934-1939)

La mal llamada «cuestión catalana» – pocos asuntos son, a mi juicio, más españoles que éste, tanto desde el punto de vista constitucional, moral como sentimental- lleva malbaratando valiosas energías desde hace décadas, sin que además, todos esos esfuerzos aporten grandes novedades a un discurso ya esclerotizado. Puede decirse incluso, que las reivindicaciones de hoy en día resultan timoratas con los hitos alcanzados, como digo, hace décadas. Ejemplo de ello es el ambicioso órgano jurisdiccional creado por el gobierno de la Generalidad nada menos que en 1934. En efecto, por Ley de 10 de marzo de 1934 (DOGC, de 13 de marzo) se creó el Tribunal de Cassació, superior órgano jurisdiccional en materia civil y contencioso-administrativa y respecto de las materias legalmente reservadas para su conocimiento y fallo en el ámbito territorial de Cataluña. La referida Ley reguladora del Tribunal fue fruto del trabajo de una Comisión[1] especial presidida por Juan Maluquer y Viladot, que vino a superar y racionalizar las escasas previsiones que sobre el Tribunal recogió la Ley del Parlamento de Cataluña de 25 de mayo de 1933 en sus artículos 62 a 66. La nueva Ley estaba compuesta por 51 artículos y cuatro disposiciones transitorias, y dividida en siete títulos cuyos epígrafes eran los siguientes: Organización del Tribunal; De la elección del Presidente; Del nombramiento de magistrados del Tribunal de Casación; Jurisdicción del Tribunal (tres secciones); Atribuciones del Presidente del Tribunal de Casación; Honores y derechos de los magistrados y Auxiliares y Subalternos del Tribunal de Casación.

El Tribunal, instalado en la primera planta del Palacio de Justicia de Barcelona[2], se estructuraba entorno al Tribunal en Pleno, encargado de resolver incidentes de recusación, evacuar informes consultivos, proponer a los magistrados del Tribunal o conocer de los recursos en materia de responsabilidad civil de los magistrados, asistido de la Sala de Gobierno, que estaba formada por el presidente del Tribunal, los presidentes de las Salas de Justicia -Civil y Contencioso-Administrativa- y el Procurador de Cataluña –por Decreto de 15 de junio de 1934 fue nombrado para este cargo el abogado Ot Duran y d’Ocon-, figura análoga en competencias y atribuciones al Fiscal General de la República para el territorio de Cataluña y que además, ostentaba la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad en las relaciones con los organismos judiciales.   El primer secretario de gobierno fue Josep Barba y Porret.

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Santiago Gubern

La  Sala de lo Civil, compuesta por seis miembros al igual que la de lo Contencioso-administrativo, era competente para conocer de las cuestiones de competencias que se suscitaran entre los órganos judiciales de Cataluña; de los recursos de casación por infracción de ley o doctrina legal en materia civil; de los recursos extraordinarios de revisión y de los recursos en materia de la competencia de la Generalidad, funcionando a tal efecto una Sección de recursos gubernativos. La de lo Contencioso-Administrativo extendía su jurisdicción al conocimiento de los recursos contra actos y acuerdos del Consell Executiu y contra decretos y órdenes de los consellers; contra las resoluciones de organismos superiores de la administración de la Generalidad; de las apelaciones contra resoluciones en materia contencioso-administrativa y finalmente, contra la ilegalidad de actos o disposiciones emanados de la Generalidad.

La presidencia del Tribunal debía recaer en un candidato que tuviese más de cuarenta años –diez más que los exigidos para los magistrados- y reuniera las condiciones propias de los magistrados integrantes del mismo, es decir, ser abogado o notario con más de quince años de antigüedad, ex consejero de Justicia y Derecho, decano del Colegio de Abogados, magistrado de la audiencia o bien profesor de la Facultad de Derecho, el cual era elegido por una Asamblea constituida por veinticuatro diputados del Parlamento de Cataluña; el presidente de la Comisión Jurídica Asesora; los decanos de los Colegios de Abogados de las poblaciones donde existiesen audiencias; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas o Sociales de la Universidad de Cataluña; dos magistrados del Tribunal de Cassació designados por la Cambra de Govern (Sala de Gobierno); el Procurador de Cataluña; el presidente de la audiencia territorial de Barcelona; los dos presidentes de sala de la misma audiencia; los presidentes de la otras audiencias de Cataluña; el presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia; el decano de los juzgados de Primera Instancia de Barcelona y el decano de los juzgados municipales también de la ciudad condal.

El primer presidente del Tribunal, elegido en la forma prevista por la Asamblea reunida el 20 de abril de 1934 fue Santiago Gubern y Fábregas, quien tomó posesión de su cargo en el Palacio de Justicia de Barcelona el día 24 de mayo de 1934 junto con los siguientes magistrados: Víctor González de Echávarri; Pere Comas y Calvet; Joan Martí y Miralles; Francesc de P. Pujol y Germá, Eduard Micó y Busquets y Ricard de la Rabassa y Prat. La elección de los seis magistrados restantes resultó más accidentada pues los acontecimientos de octubre de 1934 suspendieron las oposiciones convocadas el 15 de septiembre anterior, debiendo esperar a las elecciones de 1936 para reestablecerse el normal funcionamiento del Tribunal y con él, el nombramiento de Ramón M. Roca y Sastre, a propuesta del Tribunal Calificador en fecha de 13 de abril de 1936. En junio de 1936 se nombraron magistrados a Antoni. M. Borrel y Soler y Adolfo Fernández Moreda y Martínez Chacón[3], completándose el Tribunal en 1937 con la designación de Alfonso Rodríguez Dranguet y  Ángel Samblancat y Salanova, como se recordará, siniestro presidente de Comité Superior de Justicia de Cataluña.

El presidente Gubern, ausente de Barcelona en el momento del golpe del 17 de julio de 1936, le sustituyó, por Decreto de 1 de octubre de 1936, Josep Andreu Abelló, que se mantuvo en su cargo hasta el momento de su exilio.  Además, por Decreto de 25 de abril de 1936, del Ministerio de Justicia y ante la ausencia de protocolos de tratamiento para los funcionarios judiciales dependientes del gobierno de la Generalidad, se acordó equiparar la consideración y honores del presidente y magistrados del Tribunal de Cassació con los que ostentaban los del Tribunal Supremo.

La actividad y vigencia del Tribunal de Cassació estuvo, como es lógico, íntimamente ligada a la existencia del Estatuto. Durante su vigencia, la Sala Civil dictó 43 sentencias (1 en 1934; 3 en 1935; 15 en 1936; 22 en 1937 y 2 en 1938) y la Sala Contencioso-Administrativa 54 (5 en 1935; 35 en 1936; 8 en 1937 y 6 en 1938), que a pesar de su reducido número “hoy constituyen unas piezas claves en la interpretación del actual Derecho civil catalán”.[4]

La entrada de las tropas rebeldes en la ciudad de Barcelona en enero de 1939 imposibilitó de facto la actividad del Tribunal, el cual fue desactivado legalmente merced a la Ley de 8 de septiembre de 1939, complementaria de otra anterior de 5 de abril por la que se declaró sin validez jurídica el Estatuto de Cataluña, por la que se dejaba sin efecto e inaplicables todas las leyes, disposiciones y doctrinas emanadas del Parlamento de Cataluña y del Tribunal de Cassació, restableciéndose en toda su integridad el derecho existente al promulgarse el Estatuto.

[1] Como vocales figuraban: Ramón Coll y Rodés, Oriol Anguera de Sojo, Lluis Emperador y Félez, Santiago Gubern, Amadeu Hurtado, Ramón M. Roca y Sastre, Josep Roig y Bregada y Josep Xirau y Palau, siendo secretario de la misma Josep Quero Morales.

[2] Es digno de mención la rehabilitación y el diseño que para tal ubicación realizo el decorador e interiorista Santiago Marco Urrutia.

[3] Ejecutado en los inicio de la guerra en La Rioja al ser natural de aquella región y encontrase allí de vacaciones.

[4] ROCA  TRIAS, E.: “ El Pret civil catalá en la Jurisprudencia (Anys 1934-1937). “, Cátedra “Durán i Bas”, Barcelona, 1977.

Imagen | Santiago Gubern, Tribunal de Cassació

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