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El Tribunal Constitucional (III): Cuestión de inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad es promovida por Jueces y Magistrados

Siguiendo con la serie de artículos sobre el Tribunal Constitucional, en esta ocasión explicaremos la llamada cuestión de inconstitucionalidad.

Esta cuestión será interpuesta a instancia de parte o de oficio cuando un Juez o Tribunal considere que la norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución. En España los Jueces y Tribunales han hecho escaso uso de la facultad que les reconoce la Constitución de plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad.

El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.

El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la cuestión de constitucionalidad elevada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que el  decreto ley 2/2010 de Andalucía y el decreto ley 8/2010 del Gobierno del Estado vulneraron el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al dejar sin efecto las retribuciones pactadas para el año 2010.

El Tribunal considera que “la eficacia vinculante de los convenios forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva que constituye, a su vez, contenido esencial de la libertad sindical y, en consecuencia, un convenio colectivo en vigor no puede ser dejado sin efecto mediante un decreto ley y sí tan sólo mediante una ley”.

Por otra parte establece que la negociación colectiva no constituye en sí misma un derecho fundamental “pero cuando ese derecho se ejerce por los sindicatos se integra inmediatamente en la vertiente funcional del derecho de libertad sindical”.

En la cuestión de inconstitucionalidad planteada  por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el seno del procedimiento de la profesora de Religión María del Carmen Galayo Macías, a quien las autoridades eclesiásticas de las islas no renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente.

La docente recurrió el pronunciamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el cual antes de pronunciarse planteo ante el TC la mencionada cuestión de inconstitucionalidad, por la posible contradicción entre la CE  y un conjunto de artículos sobre la designación de los profesores de religión y el contenido de la asignatura en relación con el Acuerdo de Enseñanza que el Gobierno y la Santa Sede firmaron en 1979.

El Tribunal Constitucional resolvió considerando que no hay lugar a la cuestión de inconstitucionalidad, puesto que no hay lugar a cuestionarse el hecho de que la enseñanza religiosa la impartan profesores elegidos por el Ordinario diocesano. De este modo,  “la exigencia de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad para poder impartir” la enseñanza religiosa en los centros educativos “no puede estimarse irracional o arbitraria”.

A continuación y para concluir nos encontramos ante una cuestión planteada en este caso por la Audiencia de las Palmas al considerar que una orden de alejamiento por presentar unas características determinadas, puede afectar a la libertad de elegir residencia, a la de circular libremente por el territorio nacional, al derecho a la intimidad familiar, o al derecho al trabajo en la profesión elegida.

Por otro lado el órgano judicial considera que la mencionada pena supone una carga sobre la víctima que debe soportar la ruptura de la convivencia con una duración superior a una pena privativa de libertad. Además al producirse dicha carga en contra de la voluntad de la mencionada víctima podría según la Audiencia de las Palmas producirse un caso de “flagrante indefensión”.

Tanto el Fiscal General del Estado, como el Abogado del Estado consideran que no hay lugar a la inconstitucionalidad dado que cualquier pena privativa de libertad afecta al núcleo de los allegados, sin que esto impida el desarrollo de la personalidad de los familiares.

El Tribunal Constitucional resuelve considerando que la orden de alejamiento no restringe el derecho de la víctima sino más concretamente del autor de un delito, aunque la misma pena pueda repercutir sobre terceros. Por último el TC concluye considerando que el objetivo de la orden de alejamiento es proteger la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de las víctimas, además de evitar futuros ataques.

Vía | Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional

Más información | Constitución Española

Imagen | Tribunal Constitucional

En QAH | Reforma ConstitucionalTribunal Constitucional, Recurso de inconstitucionalidad

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