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El Tribunal Constitucional (II): Recurso de inconstitucionalidad

Como decíamos en la primera parte de esta serie de artículos sobre el Tribunal Constitucional, es éste un órgano en el que se concentra el control de la constitucionalidad de las leyes. Esto no quiere decir que los Jueces y Tribunales ordinarios no puedan examinar la validez constitucional de una ley, sino simplemente que no podrán, por sí mismos, dejar de aplicar una ley posterior a la Constitución por considerarla inconstitucional.

Las dos modalidades a través de las cuales el Tribunal Constitucional asume el control de las normas son el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. En ésta ocasión analizaremos el primer recurso.

El recurso de inconstitucionalidad es un procedimiento de control abstracto, caracterizado por una legitimación activa relativamente amplia. De hecho puede ser interpuesto por cincuenta miembros del Congreso de los Diputados, cincuenta del Senado, por parte del Presidente del Gobierno, y del Defensor del Pueblo.  La legitimación de este último viene a funcionar como un sucedáneo de la acción popular, de modo que los individuos pueden dirigirse al Defensor del Pueblo, el cual, puede tomar la decisión de recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional que la oposición no estaba dispuesta a recurrir. Por su parte, los parlamentos y gobiernos de las Comunidades autónomas solo pueden impugnar leyes que afecten al ámbito de su autonomía, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Por imperativo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad, solo puede ser interpuesto dentro de los tres meses que siguen a la publicación de la ley; este plazo puede ser ampliado a nueve meses cuando el recurso se plantea por posible vulneración del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Indagando por la prensa reciente encontramos el siguiente titular: “El  TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Custodia Compartida de la Comunidad de Valencia”, a través del cual podemos analizar un ejemplo práctico de lo que venimos comentando.

En cuanto a la legitimación diremos que fue El Consejo de Ministros el que  acordó en julio, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley5/2011 de la Comunidad Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven.

El motivo de interposición de este recurso es considerar que excede las competencias autonómicas. De hecho el Gobierno entiende que esta norma regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en la legislación foral valenciana y, por ello excede las competencias que ostenta la región para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil foral valenciano”, vulnerando de este modo las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil.

El precepto concreto de la Constitución que aparece controvertido en este caso es el artículo 149 en el que se reserva al Estado la competencia exclusiva sobe la “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales donde existan”.

En relación con lo que acabamos de mencionar,  el Gobierno considera que la Ley de la Comunidad Valenciana no puede encontrar amparo en el artículo 49.2 de su Estatuto de Autonomía dado que no desarrolla ninguna disposición del Derecho Civil de la Comunidad Autónoma, por lo que se estarían excediendo de este modo las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma.

En base a lo comentado, el TC ha decidido admitir a trámite el recurso y dar traslado al  Congreso de los Diputados y al Senado así como a la Generalitat y a las Cortes Valencianas para que en un plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Esta decisión supone la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Siguiendo con los ejemplos prácticos nos encontramos con uno que si bien no es tan actual si puede ser conocido. Este es el recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de  la Ley que permite la unión de parejas del mismo sexo (13/2005). El mencionado recurso fue interpuesto por un grupo de diputados  del Partido Popular al considerar que la mencionada ley desnaturaliza la institución básica del matrimonio, tal y como ha sido considerada hasta ahora a través de la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 44 del Código Civil, que establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El motivo de la inconstitucionalidad radica de este modo en la vulneración del artículo 32 de la Constitución por no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, y porque lo infringe también por no respetar la garantía institucional del matrimonio reconocida por la Carta Magna.

El Partido Popular Considera  que también vulnera los artículos 10.2,14, 39, 53.1, 9 y 167. Junto a estos preceptos constitucionales, los recurrentes señalan tres razones añadidas de la inconstitucionalidad de la ley. En primer lugar se refieren al carácter de “institución básica del matrimonio”. En segundo lugar alegan que no es posible que  el legislador ordinario y no el constituyente modifique la Constitución. Por último, aluden al hecho de que para conseguir la finalidad legítima que el legislador persigue con esta reforma, nuestro ordenamiento ofrece fórmulas adecuadas sin necesidad de originar la ruptura de la Constitución que se provoca con la opción escogida.

Vía| LOTC, TC

Más información| Constitución Española

Imagen| TC, Magistrados

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