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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Sede del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Sede del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC), adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fue creado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modificó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y le corresponde, en el ámbito del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación.

Las Comunidades Autónomas pueden crear sus propios órganos independientes (para su ámbito y el de las Corporaciones Locales) u optar por atribuir la competencia, mediante la celebración del correspondiente convenio, al propio Tribunal Central. Por el momento, Asturias, Canarias y Galicia son las únicas Comunidades Autónomas, que ni han creado el citado órgano ni han celebrado convenio al respecto con el Estado.

En el ámbito de la Administración General del Estado (y del autonómico y local de las CC.AA. con las que se ha firmado el correspondiente convenio) el TACRC es competente para conocer y resolver:

 a) Los recursos especiales en materia de contratación interpuestos respecto de los actos mencionados en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), cuando se refieran a alguno de los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.

b) La cuestión de nulidad en los casos previstos en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los contratos sujetos a regulación armonizada y los de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la citada Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros.

c) Las reclamaciones que se planteen por infracción de las normas contenidas en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (art. 101.1 a).

d) La cuestión de nulidad de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales para los casos previstos en el artículo 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

e) Los recursos especiales que se susciten contra los actos de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

Por último, las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales son impugnables ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conforme a los artículos 11.f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Más información| Web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Imagen| Edificio Master´s 1

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