Jurídico 


El tratamiento jurídico de la imagen del menor. El caso de Asunta Basterra.

1380373903 (1)Uno de los debates que ha surgido en los últimos días en torno al trágico crimen de Asunta Basterra ha sido el tratamiento que ha de darse a la imagen del menor. Algunos medios han optado en este caso por mostrar el rostro distorsionado de la niña y otros por mostrarlo sin ocultar.

En este caso se produce una confrontación de dos derechos constitucionalmente reconocidos, el derecho a la propia imagen del artículo 18, y como límite a éste, el derecho a la información previsto en el artículo 20 del mismo texto.

El derecho a la propia imagen recibe tratamiento jurídico en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que lo define como  “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos”. Dicha ley, establece como obligatorio, en el caso de menores, la autorización de un representante legal, previo conocimiento del Ministerio Fiscal, en los casos en que las condiciones de madurez del propio menor no lo permitan.

Además, el hecho de que la víctima es menor, hace que la Ley prevenga mecanismos reforzados para su protección: la existencia de un instrumento público concreto para su defensa como es la Fiscalía de Menores y una normativa específica desarrollada por la Ley de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 4.3 establece:

“Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.”

Ahora bien, no se puede entender dicho derecho como incondicional y sin reservas, puesto que el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que ciertas circunstancias justifican el descenso de las barreras de reserva, para que prevalezca el interés ajeno o público que pueda colisionar con él. Particularmente, en relación con el derecho a la información, el derecho a la propia imagen cesa cuando  la información gráfica se basa en un suceso o acaecimiento público y la imagen de una persona determinada aparece como meramente accesoria (artículo 8c LOPC).  El “interés público” determina, por tanto, que existan hechos en los que se considere prevalente el derecho a la información respecto del interés de la persona a la captación y difusión de su imagen.

En el caso de Asunta Basterra, resulta bastante lógico que la difusión de las imágenes de la víctima sin distorsionar, esté plenamente justificada dado que no menoscaban la dignidad de la menor y dado que existía un consentimiento tácito de ésta al publicar sus fotografías en un blog personal e igualmente de los propios padres que facilitaron las fotografías para su reconocimiento. Por otra parte, el interés público del caso parece incuestionable, ya que ha tenido una gran repercusión pública. Por otro lado, resulta de máximo interés para la investigación judicial mostrar imágenes de la niña, con el objetivo de que pueda ser reconocida por personas que aporten información sobre el día del suceso.

Vía| ABC

Más información| Desde el Atlántico

Imagen| Asunta

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