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El TJUE sentencia a la polémica Cláusula Suelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en su Sentencia de 21 de diciembre de 2016, ha resuelto que la limitación de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo que había impuesto nuestro Tribunal Supremo, contraviene el Derecho de la Unión Europea. No obstante, antes de entrar a estudiar la Sentencia en la que el TJUE se pronunció acerca de las cuestiones prejudiciales C-154/15, C-307/15 y C-308/15, conviene resumir brevemente cómo se encontraba el asunto al momento de dictarse la resolución.

ANTECEDENTES

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó una importante Sentencia en la que declaraba nulas las cláusulas suelo. Para declarar su nulidad, se basó en un doble control que debían superar esas cláusulas para poder desplegar sus efectos cuyo origen legal se encuentra, entre otros, en el Art. 5 de la Directiva 93/13 que dice lo siguiente:

“En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible”.

El Tribunal Supremo interpretó la expresión “clara y comprensible” de tal modo que, en el momento de la celebración del contrato, el cliente tenía que haber sido informado de las condiciones contractuales y de sus consecuencias. En línea con lo señalado, el Tribunal Supremo no apreció vulneración del primer requisito, pero sí del segundo. Las cláusulas suelo, en su mayoría, estaban adecuadamente redactadas. Sin embargo, no se había informado a los clientes de sus consecuencias, tanto jurídicas como económicas. Esta doble protección que el Tribunal Supremo, a la luz de la citada Directiva, otorgó a la parte demandante, fue juzgada por el propio tribunal como excesiva. Según el alto tribunal, la norma únicamente obligaba a exigir a las entidades la redacción clara de las cláusulas constituyendo, la segunda exigencia, un exceso interpretativo. Y es en base a este supuesto exceso interpretativo, que el Tribunal Supremo dictó una Sentencia sin precedentes: acordó declarar nula la cláusula suelo, pero limitó sus efectos.

Es decir, el Tribunal Supremo decidió actuar de legislador e inventantó ad hoc una norma nueva con la que, en vulneración de la normativa tanto nacional como europea, resolver la cuestión.

CUESTIÓN PREJUDICIAL

Ante esta original interpretación de la norma, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE a través de la cual, antes de dictar Sentencia en un procedimiento de idénticas características al que ya había resuelto el Tribunal Supremo, pretendía averiguar si la manera en la que el Tribunal Supremo había interpretado la norma, vulneraba la Directiva 93/13.

Sustanciado el proceso y oídas las partes, ya sólo quedaban por conocer el dictamen del Abogado General y la posterior Sentencia.

El Abogado General se posicionó en verano de 2016 a favor de los bancos en un extraño dictamen que encontró pocos adeptos. A lo largo de 24 páginas de conclusiones, el Abogado General se limitó a resumir la cuestión y a exponer los distintos puntos de vista que existían. El escrito, de naturaleza exclusivamente jurídica, terminó con una conclusión de carácter estrictamente económico. Raro. Según el Abogado General, la no limitación de las consecuencias de la declaración de nulidad estaba justificada por las repercusiones macroeconómicas graves que podría tener la medida en el sector bancario. Aún hoy se desconoce qué norma ampara la limitación de las consecuencias de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva. El Abogado General no lo explicó en su escrito. Tampoco se conoce qué dato económico llevó al Abogado General a concluir en este sentido pues no se aportó en su dictamen ni un sólo dato de naturaleza económica. Ante el rechazo por parte del Abogado General a realizar el análisis jurídico que se le había solicitado, muchos habríamos agradecido, al menos, haber podido leer el análisis macroeconómico que al parecer sí realizó y que le llevó a posicionarse a favor de una irregular aplicación de nuestra Ley. Nos quedamos con las ganas.

SENTENCIA DEL TJUE DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016

Afortunadamente, el TJUE sí decidió aplicar la Ley para resolver la cuestión. Trece páginas de Sentencia le bastaron al TJUE para resumir los antecedentes de hecho, exponer la normativa que resultaría de aplicación y resolver la controversia. Una controversia sencilla merecía una Sentencia sencilla. Y es que la expresión “no vincularán” no puede ser más clara. Si una cláusula no debe vincular a un consumidor, ningún Tribunal debe acordar que las consecuencias negativas de esa cláusula, aunque sea parcialmente, deban sufrirlas los consumidores.

El párrafo 74 de la Sentencia resume con claridad el pronunciamiento del TJUE:

“En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión”.

Así mismo, en el párrafo número 54, el TJUE realiza una importante afirmación al referirse a la no vinculación de las cláusulas abusivas:

“Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público

La mención al concepto de orden público no puede pasar desapercibida pues tiene importantes consecuencias. La más importante es que la acción interesando la declaración de nulidad de una cláusula abusiva de esta naturaleza, es imprescriptible. Es decir, podrá ser ejercitada en cualquier momento sin estar sometida a término alguno, ex Art. 6.3 y 1.255 del Código Civil y podrá apreciarse de oficio sin que sea necesario que lo soliciten las partes. Teniendo en cuenta esta especial protección que otorga nuestro ordenamiento jurídico, se hace aún más difícil de entender la limitación a la que fueron sometidos los efectos restitutorios.

CONCLUSIONES

Debo reconocer que me sorprendió la Sentencia del TJUE. Tras leer la Sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 y las conclusiones del Abogado General del pasado verano, perdí casi por completo la esperanza de que se aplicara el Derecho tal y como consta redactado. Felizmente me equivoqué. Sin embargo, es de reseñar que no era necesario acudir al Derecho Europeo para acordar la restitución ab initio de las cantidades cobradas de manera irregular. Nuestro Código Civil en su Art. 1.303 ya preveía cuáles debían ser las consecuencias de la declaración de nulidad de un contrato. Por lo tanto, la restitución de prestaciones en contratos nulos tiene su origen en nuestro ordenamiento nacional y no en el comunitario. No obstante, como la manera en la que el Tribunal Supremo aplicó el derecho nacional entró en colisión con el derecho europeo, la cuestión prejudicial ante el TJUE, felizmente, ha hecho las veces de cuarta instancia, que ha actuado como revisor de nuestro Tribunal Supremo. Y es que el procedimiento seguido ante el TJUE ha servido para escenificar la presión que ejercen los poderes económicos sobre nuestro sistema judicial, que ha quedado gravemente debilitado. Quizá el perjuicio internacional que vaya a sufrir España tras publicarse una Sentencia que no deja en buen lugar a nuestra mayor instancia judicial sea mayor que las supuestas consecuencias macroeconómicas graves que había anunciado el Abogado General.

 

Vía| Sentencia TJUE 21 de diciembre de 2016
Imagen| Imagen
En QAH| Derecho Comunitario y Cláusulas Suelo y Desmontando al Abogado General

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