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El TC y el uso de cámaras de videovigilancia en las empresas

El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el uso de cámaras de vigilancia en el lugar del trabajo. Todo ello por el recurso de amparo planteado por una empleada de Bershka, ésta fue despedida por apropiarse de efectivo de la caja. La empresa sustentó el despido en unas grabaciones de una cámara de videovigilancia, cuya instalación no se notificó a los trabajadores, si bien en el escaparate, se dispuso el cartel informativo.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia de fecha de 3 de marzo de 2016, ha establecido que las empresas podrán vigilar con cámaras a sus empleados sin necesidad de ser informados. Introduce así una excepción al artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues dicha norma establece que a los interesados que se les soliciten datos deberán ser informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la finalidad de la recogida de los datos. Como resultado, es suficiente con la señalización del uso de cámaras de videovigilancia, sin necesidad de especificar el fin de las mismas, pues la colocacion del distintivo de “Zona Videovigilada” en cumplimiento con la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos es suficiente para que los trabajadores sepan de la existencia de las mismas.

Igualmente el Tribunal Constitucional reitera la consideración de la imagen como dato de carácter personal, según la Ley de Protección de Datos. Así mismo insiste en lo ya establecido en sentencias anteriores, ha fijado, como elemento fundamental del derecho a la protección de datos, la facultad del

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afectado para consentir sobre recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Dicha norma contiene excepciones en cuanto a la regla general y dispensa de la obligación de recabar el consentimiento del afectado en el ámbito laboral cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes. En el caso de que los datos sean utilizados con fines ajenos al cumplimiento del contrato, el consentimiento de los trabajadores afectados sí será necesario.

Por lo que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes el Tribunal argumenta que el Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la facultad de dirección, lo que le permite adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando  en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana. De aquí que el Constitucional señale que el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato.
De este modo se introduce una excepción al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Esto encuentra sentido, en los casos que estén justificados y las imágenes que se recaben sean para contribuir a la seguridad y el control laboral. Por consiguiente no es necesario el consentimiento del trabajador para la grabación de las imágenes.

Vía | Noticias Jurídicas

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