Jurídico 


El Suplicatorio (I)

Tribunal Supremo, órgano judicial encargado de juzgar en todo caso a Diputados y Senadores

Cuando, por la razón que fuere, se hace público que un Diputado o Senador ha sido encausado en un proceso penal, enseguida los mass media hacen saber a la opinión publica, que, sin embargo, para poder continuar con el proceso, se requiere del cumplimiento de un trámite, el Suplicatorio, que presentan como una arcaica reminiscencia, un privilegio sin sentido de los Diputados o Senadores. Sin embargo, la verdad es que se trata de una institución jurídica de una actualidad apabullante.

El Suplicatorio es la herramienta de la que dispone el Derecho Procesal y Parlamentario español para garantizar la inmunidad establecida en el art. 71. CE, que dispone en su apartado segundo que durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, añadiendo, el apartado siguiente que en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todo ello para proteger a los miembros del Poder Legislativo, representantes dela Soberanía Nacional, de posibles abusos por parte de la Policía y el Ministerio Fiscal, verdaderos brazos armado y ejecutor del Poder Ejecutivo.

Así, el art. 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca, salvo que se trate de un Senador o Diputado sorprendido “in fraganti”, en cuyo caso, y a tenor de lo dispuesto en el art. 751 LECrim, podrá ser detenido y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención o procesamiento deberá ponerse en conocimiento del Cuerpo Colegislador a que corresponda. En caso de que se estuviera durante un interregno parlamentario o se procese a un Diputado o Senador electo antes de reunirse las Cortes, el art. 752 LECRim prevé que se ponga en conocimiento del respectivo órgano de gobierno permanente, para que este decida en cuanto vuelva a reunirse.

En todo caso, dice el art. 753, se suspenderán por el Secretario judicial los procedimientos desde el día en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas, permaneciendo las cosas en el estado en que entonces se hallen, hasta que el Cuerpo Colegislador respectivo resuelva lo que tenga por conveniente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la necesidad de autorización para procesar no impide que el Juez pueda tomar las medidas necesarias para evitar la ocultación del delito o la fuga del delincuente o que pueda realizar las diligencias encaminadas a la reforma de los autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión o procesamiento, de acuerdo con lo establecido en los arts. 2 y 6 de la Ley de 9 de febrero de 1912, de jurisdicción y procedimientos especiales en las causas contra senadores y diputados.

Esta autorización, se pedirá, de acuerdo con el art. 755,  en forma de suplicatorio, remitiendo con éste, y con carácter de reservado, el testimonio de los cargos que resulten contra el Senador o Diputado, con inclusión de los dictámenes del Fiscal y de las peticiones particulares en que se haya solicitado la autorización, remitiéndose, por imperativo del articulo siguiente por conducto del Ministro de Justicia.

Hasta aquí lo que sucede en el momento de la detención del Diputado o Senador. El siguiente paso sucede en el Congreso o el Senado, lo cual se explicará en una próxima entrega, a cuya lectura invitamos al lector.

Vía| Ley de Enjuiciamiento Criminal

Imagen| Tribunal Supremo

En QAH| El Suplicatorio (II)

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