Jurídico 


El rey ha muerto, viva el rey: las instituciones de la abdicación y la renuncia (IV)

Cerramos con esta entrega el artículo que nos ocupa, cerrando en primer lugar el apartado consagrado a las renuncias simples y liquidando después el necesario examen de la figura de la renuncia regia.

Meses después, el 26 de noviembre, las Cortes Constituyentes de la República votaban una ley de destronamiento que deponía a Alfonso XIII de todos sus derechos, títulos y dignidades acusándole de alta traición (aunque no se especificaba el motivo de dicha deposición), que decía así:

 «A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

 Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

 Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

 De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

 Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

 En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades.»

De este modo, la suspensión del poder real no era, como dice D. Joaquín Tomás Villarroya [1], más que una forma pudorosa de velar lo que de hecho era un destronamiento.

Tiempo después y ya en su exilio italiano, mediante el Acta de Roma de 5 de febrero de 1941, Alfonso XIII reiteraba que no había renunciado a ningún derecho en 1931, tras lo cual renunciaba a sus derechos dinásticos, insistiendo en que estos pasarían, sin discusión posible sobre su legitimidad, a su hijo Don Juan de Borbón y Battenberg, Príncipe de Asturias y padre de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Esta mención a su heredero no debe considerarse un supuesto de cesión traslativa (pues en su escrito Alfonso XIII recordaba que la sucesión habría de regirse por la Ley histórica de Sucesión a la Corona), sino una ratificación de las renuncias de los hermanos mayores de Don Juan que examinaremos enseguida. Además, y como veremos, no fue esta la única renuncia que se produciría en el seno de la Familia Real española.

c-   Don Juan de Borbón y Battenberg (1977)

En una ceremonia sencilla celebrada en el Palacio de la Zarzuela celebrada el 14 de mayo de 1977, Don Juan renunciaba a sus derechos dinásticos como pretendiente al Trono de España, de forma que estos pasaron a su hijo, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, coronado como Juan Carlos I de España.

C)  Renuncia regia o plena a los derechos dinásticos

1º) Concepto

Se trata este de un caso excepcional, por cuanto es mucho más gravoso en sus efectos, que la abdicación y la renuncia simple. Se trata de la renuncia de un sujeto a sus derechos dinásticos que efectúa para sí y para todos sus descendientes (extinguiendo así una línea familiar con derecho a la sucesión). Por ser tan gravosos los efectos que despliega la renuncia regia o plena, debe tenerse especial cuidado respecto de los descendientes. Así, la doctrina suele entender [2] que, por aplicación del principio de representación típico del derecho sucesorio privado, así como del artículo 6.2 del Código Civil [3] que prohíbe la renuncia en perjuicio de terceros (en este caso, los descendientes), sólo cabe renuncia regia si el renunciante carece de descendencia al momento de renunciar, por cuanto en tal caso no se lesiona el interés jurídico de ningún tercero. En caso de que el renunciante tuviese descendencia al momento de efectuar su renuncia plena, esta sería plenamente eficaz respecto de su persona, pero debería tenerse por no hecha respecto de sus descendientes [4], que pasarían a ocupar su lugar en el orden sucesorio de acuerdo con el derecho de representación.

Una cuestión que no suele suele tomada en consideración es la de dilucidar si la renuncia regia implica en sí misma una abdicación (o según se mire, si la renuncia regia es una abdicación especialmente cualificada) o simplemente ambas suelen coincidir en un mismo acto. Es decir, se trata de determinar si pueden acometer la renuncia regia sólo los monarcas reinantes o también los pretendientes y los monarcas destronados. Si se entiende que la renuncia regia implica en todo caso una abdicación (o que es una abdicación cualificada), entonces en el mismo acto el monarca (y sólo este, no pudiendo practicar la renuncia regia los pretendientes o los destronados) abdicaría la Corona y renunciaría a sus derechos dinásticos para sí y para sus descendientes. Si se entiende que son dos actos separados, pero que pueden coincidir en el tiempo e incluso en el mismo acto, se entendería que los pretendientes y los destronados pueden efectuar la renuncia regia.

Lo cierto es que, al ser la abdicación y la renuncia dos instituciones formadas en gran parte por la costumbre, no existen reglas claras, pues su contenido es en gran medida una progresiva y reposada decantación de los sucesos históricos que las perfilaron. De este modo, deben examinarse los precedentes de renuncia regia de nuestra historia para solventar esta duda. Como veremos en más detalle, Felipe V renunció por sí y por sus descendientes a los derechos al Trono de Francia, cuando no era más que un pretendiente al mismo (en tanto que nieto del Rey Luís XIV) sin abdicar de ningún derecho (era Rey de las Españas en esa fecha). Por otro lado, Amadeo I aún estaba en el Trono al momento de renunciar para sí y para sus descendientes a sus derechos al Trono de España, al mismo tiempo (produciéndose así una abdicación). A la vista de estos precedentes, debe concluirse que la renuncia regia no lleva implícita una abdicación ni es una clase cualificada de abdicación, aunque se admite que ambas puedan producirse al mismo tiempo y con identidad de acto.

2º) Las renuncias regias de nuestra historia

a-   Renuncia de sus derechos al Trono de Francia de Felipe V por el Tratado de Utrecht (1713)

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Retrato al óleo de Felipe V con armadura de gala y bastón de mando, obra del francés Louis-Michel van Loo (1739).

La primera renuncia regia recogida en nuestra historia es la ejecutada por Felipe V, primer Borbón en ocupar el Trono de las Españas, al acabar la Guerra de Sucesión Española (1701-1713/14). En esta guerra civil intervinieron las potencias europeas coaligadas contra Francia y España, coalición liderada por Gran Bretaña, y decididas a evitar una situación en la que la unión de las Coronas de España y Francia en la cabeza de un solo individuo fuese posible. Fue esta defensa del principio de equilibro europeo, inaugurado con la Paz de Westfalia (1648), la que llevó a la coalición a abandonar la causa del pretendiente austriacista, el archiduque Carlos de Austria, cuando en 1711 moría su hermano el emperador (recayendo la sucesión en el archiduque), pues las distintas potencias europeas (especialmente Gran Bretaña) querían evitar la reproducción del poder universal de Carlos I de España y V de Alemania.

Así las cosas, y tras 12 años de terribles luchas, las partes en conflicto lograron una solución de compromiso que evitase futuras contiendas. Los aliados (salvo Austria, que lo haría tiempo después) reconocieron a Felipe de Anjou como Rey de las Españas, y entre otras concesiones, exigieron su renuncia regia al Trono de Francia (no se olvide que era nieto de Luís XIV). Así se consagró en el artículo II del Tratado de Utrecht:

«Siendo cierto que la guerra que felizmente se acaba por esta paz, se empezó y se ha continuado tantos años con suma fuerza, inmensos gastos y casi infinito número de muertes por el gran peligro que amenazaba a la libertad y salud de toda la Europa la estrecha unión de los reinos de España y Francia; y queriendo arrancar del ánimo de los hombres el cuidado y sospecha de esta unión y establecer la paz y tranquilidad del orbe cristiano con el justo equilibrio de las potencias (que es el mejor y más sólido fundamento de una amistad reciproca y paz durable) han convenido así el rey católico como el cristianísimo en prevenir con las mas justas cautelas, que nunca puedan los reinos de España y Francia unirse bajo de un mismo dominio, ni ser uno mismo rey de ambas monarquías; y para este fin su Majestad católica renunció solemnísimamente por sí y por sus herederos y sucesores todo el derecho , titulo y pretensión a la corona de Francia en la forma y con las palabras siguientes […].»

b-   Amadeo I

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Retrato del Rey Amadeo I de España, obra del español Carlos Luís de Ribera y Fieve.

Otra de las renuncias regias más célebres de nuestra historia es la de Amadeo de Saboya, coronado como Amadeo I de España. Amadeo, duque de Aosta e hijo del Rey de Italia, había recibido la corona por ofrecimiento de las Cortes tras el destronamiento de Isabel II durante la revolución de 1886. La Constitución de 1869 proclamaba la monarquía como forma jurídica del Estado, pero no especificaba la identidad de su primer titular ni designaba la dinastía reinante (precisamente porque se había destronado poco antes a los Borbones). Tras estudiar las candidaturas de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, príncipe de Hohenzollern y miembro de la Casa Real de Prusia (candidato que fue desechado por presiones de Napoleón III, quien no quería verse acorralado por el sur y por el este por sus enemigos prusianos [5]) y de Antonio de Orleans, duque de Montpensier (también rechazado por el desafecto personal de Napoleón III hacia la Casa de Orleans), las Cortes ofrecieron la Corona a un candidato aceptable para los demás poderes europeos, de modo que el cambio de régimen pudiese llevarse a cabo de la forma más pacífica posible.

Sin embargo, el corto reinado de Amadeo I (de apenas dos años) se reveló en extremo convulso, lo que finalmente llevó al monarca a abandonar su cargo, decisión que anunció a la nación en su mensaje de 11 de febrero de 1873, que decía: « […] Éstas son, Sres. Diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su nombre a vosotros, la corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores.» A la vista de los argumentos anteriores y del clarísimo mensaje, Amadeo I efectuó al mismo tiempo una abdicación y una renuncia regia en toda regla, extinguiendo los derechos de sucesión de la Casa de Saboya al Trono de España.

c-    Las renuncias de los hijos de Alfonso XIII (1933)

Como hemos visto anteriormente, Alfonso XIII renunció en 1941 a sus derechos a favor de su hijo Don Juan, Príncipe de Asturias. Sin embargo, no era este su primogénito, sino su tercer hijo varón (y sexto en orden de nacimiento), por detrás de sus hermanos Don Alfonso y Don Jaime, quienes renunciaron al Trono por diversas circunstancias en 1933. Por su parte, Don Alfonso renunció a sus derechos para sí y para sus descendientes mediante escrito dirigido a su padre y fechado el 11 de junio, pues deseaba contraer matrimonio morganático (aquel que se celebra entre noble y plebeya) con la cubana de origen español Dª. Edelmira Sampedro y Robato (la celebración de ese matrimonio le habría privado de sus derechos dinásticos de todos modos). Al morir este príncipe de forma prematura y sin descendencia en 1938, se evitó cualquier pleito dinástico que su renuncia regia hubiera podido acarrear. Poco después, su hermano Don Jaime, segundo hijo varón de Alfonso XIII y aquejado de fuertes problemas de salud (quedó sordo a los cuatro años) que a su propio juicio le incapacitaban para ejercer tan alta responsabilidad, remitía a su padre mediante escrito de 21 de junio su renuncia para sí y para sus descendientes (su primer hijo no nacería hasta 1936, por lo que tampoco había problemas en este caso). Sin embargo, y a modo de curiosidad, Don Jaime no renunció a sus derechos dinásticos al Trono de Francia (que pasaron a él con la muerte de su padre, también pretendiente legitimista, en 1941), siendo proclamado jefe de la Casa de Borbón por los legitimistas franceses. Estos derechos pasarían a su hijo, Don Alfonso de Borbón y Dampierre, y de este a su nieto, Don Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, actual pretendiente legitimista al Trono de Francia. Por otro lado, Doña Beatriz, primera descendiente femenina de Alfonso XIII y tercera por orden de nacimiento, había renunciado en 1935 a sus derechos para sí y para sus descendientes en las capitulaciones matrimoniales de su matrimonio con Alessandro Torlonia, Príncipe de Civitella-Cesi, careciendo de descendencia al momento de efectuar su renuncia.

De esto modo y por este juego de renuncias, pasaron los derechos sucesorios del Trono de España a Don Juan de Borbón y Battenberg, que como ya hemos visto, renunciaría (en forma de renuncia simple) a sus derechos dinásticos

III. Conclusión

 A la luz de las consideraciones anteriores, pueden realizarse las siguientes conclusiones:

 (i)     Abdicación y renuncia no son la misma institución, si bien ambas se erigen en supuestos de pérdida de los derechos regios;

(ii)     Ambas instituciones de derecho político deben, en gran medida, su configuración a la costumbre constitucional, a la cual debe recurrirse para solucionar dudas interpretativas y para colmar las lagunas de los preceptos que las regulan;

 (iii)   La ley orgánica exigida por el artículo 57.3 de la Constitución española de 1978 parece ser una ley particular y carente de vocación de perpetuidad que recoja el hecho concreto de una abdicación o de una renuncia determinadas; y

 (iv)  La renuncia a los derechos dinásticos puede ser simple (si sólo se extinguen los derechos del renunciante) o regia (si también se extinguen los derechos de los descendientes del renunciante).

Vía | Constitución española de 1978; Constitución española de 1876; Constitución española de 1869; Constitución española de 1845; Constitución española de 1837; Constitución española de 1812; Estatuto Real de 1834; Estatuto de Bayona de 1808; Código Civil; Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014; Tratado de Ultrecht (1713); Tratado de 5 de mayo de 1808; Exégesis de la Constitución de 1978 de los Letrados de las Cortes GeneralesLecciones de Derecho Constitucionales, varios autores, coord. María Isabel Álvarez Vélez, Ed. Tirant lo Blanch, Capítulo I Teoría General del Sistema Normativo; Comentarios a la Constitución, varios autores, Ed. Civitas. Artículo 57; Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona, Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.
Imagen| Amadeo I

[1] Op. cit., Artículo 57.- Sucesión a la Corona (pp. 165-166)

[2] D. Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, op. cit., Artículo 57.- Sucesión a la Corona (p. 172).

[3] «La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros

[4] Dado que la renuncia es un acto personalísimo, es decir sólo puede ser acometida por el sujeto titular del derecho al cual se renuncia, no admitiéndose la renuncia por un tercero en nombre y representación del titular, ni siquiera aún cuando este tercero tenga conferida la representación legal (como los padres tienen la de los hijos) del otro sujeto.

[5] De hecho, esta intervención de Napoleón III fue el casus belli que necesitaba Prusia para declarar la guerra a Francia, iniciando así la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) cuya culminación con la victoria prusiana fue la proclamación del Segundo Imperio Alemán.

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