Especial Abdicación, Jurídico 


El rey ha muerto, viva el rey: las instituciones de la abdicación y la renuncia (III)

Continuando con el examen de las abdicaciones más significativas de nuestra historia, procedemos ahora a recordar las de Carlos IV y Fernando VII, así como la muy reciente de Juan Carlos I, tras lo cual abordaremos la institución de la renuncia simple.

c-   Abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII: el Motín del Escorial y las Abdicaciones de Bayona (1808)

Es este un caso particularmente interesante, en la medida en que en muy corto espacio de tiempo se produjeron varias cesiones de derechos regios, siendo especialmente problemática (desde el punto de vista de la técnica jurídica) la última de ellas.

Abdicaciones-de-bayona1808

Grabado de las abdicaciones de Bayona.

La primera abdicación de esta serie de cesiones fue la de Carlos IV en su hijo Fernando, Príncipe de Asturias, el 19 de marzo de 1808 con motivo de los sucesos del Motín de Aranjuez. Con el aumento de la tensión causada por la ocupación por tropas francesas de varias plazas españolas (en virtud del Tratado de Fontainebleau suscrito por Godoy con Bonaparte), el emperador de los franceses resolvió aprovechar las disputas de la real familia para destronar a los Borbones españoles. Convocados en Bayona, al sur de Francia, Bonaparte y Carlos IV presionaron a Fernando VII para que abdicase en favor de su padre, abdicación que le fue arrancada el 1 de mayo. Tras esto, Bonaparte presionó a Carlos IV para que le cediese la Corona a él, lo cual consiguió mediante el tratado de 5 de mayo suscrito por el general Duroc, como plenipotenciario del emperador, y Godoy, como plenipotenciario de Carlos IV. El tenor y la brevedad de este tratado hacen difícil determinar con exactitud el alcance de la cesión (y por tanto, la calificación de la misma como abdicación o renuncia). Dice así el artículo I del tratado de 5 de mayo: «[…] S.M. el Rei Cárlos […] ha resuelto ceder, como cede por el presente tratado à S.M. el Emperador Napoleon, todos sus derechos al Trono de las Españas y de las Indias […]», no incluyendo ninguna referencia a los sujetos por los que se renunciaba a los derechos regios (algo como «por sí y por sus descendientes» como sucedió en el caso de las renuncias regias de Felipe V y de Amadeo I), lo que haría más clara la interpretación de la cesión [1].

Lo que queda claro es que se produjo por un mismo acto y simultáneamente, la pérdida de derechos regios de un monarca reinante (Carlos IV) y la adquisición de esos derechos por parte de otro sujeto (Napoleón Bonaparte) que carecía de derechos dinásticos respecto del cedente (y por tanto, sin recurso a una norma que regulase la sucesión y que cobrase vigor por el mero hecho de la abdicación). Los precedentes que hemos examinado no dan pistas que indiquen cómo proceder, por lo que debemos intentar encajar este supuesto de hecho tan peculiar en alguna de las instituciones jurídicas que se examinan en este artículo.

Por un lado, y como veremos en los próximos apartados, la renuncia (incluso la regia o plena) en principio sólo puede llevarla a cabo aquel sujeto cuyos derechos dinásticos no son aún efectivos (el pretendiente) o han dejado de serlo (el destronado), lo que parece descartar la posibilidad de considerar esta cesión como una renuncia. Por otro lado, la abdicación podía ser traslativa en el Antiguo Régimen (cuando el acto de cesión desencadena por sí mismo -por la mera voluntad del cedente- la adquisición de la Corona por otro sujeto) siempre y cuando no contrariase la constitución política [2], en este caso, las leyes fundamentales del reino. Estas tradicionalmente dictaban que la Corona era inalienable, y por tanto no podía ser objeto de libre disposición por parte de su titular. Así las cosas, no sería válida la abdicación (en forma de cesión traslativa) por parte de Carlos IV a favor de Napoleón Bonaparte.

En todo caso, la discusión es baladí a efectos prácticos, por cuanto, sea esta cesión considerada abdicación traslativa o renuncia regia, el acto de cesión fue nulo y de todo punto inválido por vicio en el consentimiento, al encontrarse las reales personas bajo coacción, en tanto que prisioneras del emperador de los franceses (viciando así el consentimiento). De este modo, la cesión de la Corona a Napoleón Bonaparte, y después su traspaso por este a su hermano, José Bonaparte, se reputó nula desde el primer momento, y en tanto que José se hizo coronar a pesar de ello Rey de las Españas y de las Indias, debe reputarse tal acción como un supuesto de usurpación.

d-   Juan Carlos I (2014)

Al tratarse de un suceso de actualidad y como ya se ha mencionado en estas líneas, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón abdicó la Corona el 2 de junio de 2014. Dicha abdicación se recogió en un proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de Ministros al día siguiente y contando con el refrendo de su Presidente. En cuanto sea aprobada por las Cortes, sancionada por el monarca saliente y publicada en el Boletín Oficial del Estado, se reputará la abdicación como efectiva. Cuando tal cosa suceda, y por el juego del orden sucesorio contenido en el artículo 57.1 de la Constitución, el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, podrá ser proclamado Rey de España por las Cortes.

B)  Renuncia simple a los derechos dinásticos

1º) Concepto

Distinta en esencia es la renuncia de la abdicación, tanto por razón del sujeto que la ejercita como por razón de la materia (aquello a lo que se renuncia) y por los efectos que despliega.

Por razón del sujeto, no puede renunciar el monarca reinante (este sólo puede abdicar), sino el pretendiente (aquel que goza de derechos sucesorios pero aún no los ha hecho efectivos) o el monarca destronado (aquel que ha sido privado –contra su voluntad, sea con recurso a la fuerza o sin ella- de su cargo). Por razón de la materia, no se renuncia a la Corona (en tanto que el renunciante no la posee), sino a los derechos sucesorios (en el caso del pretendiente) o al derecho a recuperar el Trono del que ha sido injustamente privado (en el caso del monarca destronado) en caso de restauración.

Empero, este concepto que ofrecemos a los lectores no es pacífico, pues parte de la doctrina entiende que la renuncia sólo cabe respecto del pretendiente, dejando sin resolver el estatus jurídico del monarca destronado. Por ello, ciertos autores como el ilustre D. Joaquín Tomás Villarroya apuntan [3] que la renuncia tiene lugar en caso de destronamiento, pues el monarca que se encuentre en esa situación ya no puede abdicar la Corona, de la que ya ha sido desposeído. Así, únicamente le queda transmitir sus derechos dinásticos, esperando que el siguiente en la línea de sucesión conozca mejor fortuna.

En cuanto a los efectos, y a diferencia de la abdicación, la renuncia no pone en marcha automáticamente el proceso sucesorio, por cuanto no es necesario al no hallarse el Trono todavía vacante (en el caso del pretendiente, pues sigue habiendo un monarca en el Trono al momento de renunciar el pretendiente a sus derechos) o no ser posible el ascenso al Trono por causa de destronamiento de la dinastía. Lo que se produce mediante la renuncia simple es un reajuste en las expectativas de sus derechos que tienen el resto de sujetos con derechos sucesorios, al moverse la «línea» de la sucesión, acercando a unos y alejando a otros la posibilidad de ver algún día su testa coronada.

2º) Las renuncias simples de nuestra historia

a-   Isabel II

Destronada por la revolución de 1868, la de los tristes destinos (como la bautizó Benito Pérez Galdós) se retiró a la corte de Napoleón III, emperador de los franceses y casado con la española Eugenia de Montijo. Estando en el exilio, y por tanto incapaz ya de abdicar la Corona, Isabel renunció el 25 de junio de 1870 a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Alfonso, el futuro Rey Alfonso XII. A pesar de que el documento que firmó se titulaba «Acta de abdicación», debe entenderse que fue una renuncia, por cuanto el carácter voluntario de la abdicación es de todo punto incompatible con el elemento de coacción que es intrínseco a todo destronamiento. El acta decía así:

«He venido en abdicar libre y espontáneamente […] de la real autoridad que ejercía por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española promulgada en el año 1845 […] y en abdicar también de todos mis derechos meramente políticos, transmitiéndolos con todos los que me corresponden a la sucesión de la Corona de España a mi amado hijo Don Alfonso, Príncipe de Asturias[4].

A pesar de que decía inicialmente que abdicaba la Corona, esta declaración más bien debe ser tenida por un ejercicio de dignidad carente de significación jurídica. Acto seguido, la depuesta Isabel cedía de forma clara y sin generar ninguna duda al respecto sus derechos a su hijo Alfonso, por entonces Príncipe de Asturias y futuro Rey Alfonso XII.

b-   Alfonso XIII (1931)

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Alfonso XIII en uniforme de oficial de húsares.

El caso de Alfonso XIII se antoja más complejo por sus peculiares circunstancias. Tras conocer el resultado de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril, y dándose cuenta de que ya no contaba con el amor de su pueblo, el Rey dirigía este mensaje a la nación:

«Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.

 No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos.

 También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-

 Alfonso, Rey »

Así, el Rey no abdicaba formalmente, como se desprende de la ausencia del verbo abdicar y de la tajante negativa «No renuncio a ninguno de mis derechos». Sin embargo, introducía la innovadora fórmula de la suspensión del ejercicio del poder real, cosa que hasta entonces no se había visto. Del mismo modo, y en tanto que formalmente no abdicó, Alfonso XIII no requirió de la ley especial que el artículo 55.5 de la Constitución de 1876 exigía para las abdicaciones. Tampoco aparecía refrendo alguno en su mensaje. En la medida en que no se produjo abdicación formal, parece que estos requisitos no debían, en rigor, observarse.

En la siguiente entrega de este artículo finalizaremos el relato de la renuncia de Alfonso XIII y cerraremos el apartado con la renuncia de Don Juan de Borbón y Battenberg. Tras esto, nos lanzaremos al análisis de la figura de la renuncia regia.
Vía | Constitución española de 1978; Constitución española de 1876; Constitución española de 1869; Constitución española de 1845; Constitución española de 1837; Constitución española de 1812; Estatuto Real de 1834; Estatuto de Bayona de 1808; Código Civil; Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014; Tratado de Ultrecht (1713); Tratado de 5 de mayo de 1808; Exégesis de la Constitución de 1978 de los Letrados de las Cortes GeneralesLecciones de Derecho Constitucionales, varios autores, coord. María Isabel Álvarez Vélez, Ed. Tirant lo Blanch, Capítulo I Teoría General del Sistema Normativo; Comentarios a la Constitución, varios autores, Ed. Civitas. Artículo 57; Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona, Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

[1] A pesar de esta parquedad, parece que la cesión se hace por D. Carlos IV y por sus descendientes, en la medida en que el artículo I del tratado recoge somete la cesión a una serie de condiciones, y entre ellas: «Se conservará la integridad del reino: el príncipe á quien S.M. el Emperador Napoleon tenga por conveniente colocar en el Trono de España, será independiente […]». Por otro lado, el Estatuto de Bayona, en su artículo 2, establece la hereditariedad del cargo en los descendientes de José Bonaparte:

«La Corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las hembras.

En defecto de nuestra descendencia masculina natural y legítima, la Corona de España y de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, y a sus herederos y descendientes varones, naturales y legítimos o adoptivos.

En defecto de la descendencia masculina, natural o legítima o adoptiva de dicho nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, pasará la Corona a los descendientes varones, naturales legítimos, del príncipe Luis-Napoleón, Rey de Holanda.

En defecto de descendencia masculina natural y legítima del príncipe Luis-Napoleón, a los descendientes varones naturales y legítimos del príncipe Jerónimo-Napoleón, Rey de Westfalia.

En defecto de éstos, al hijo primogénito, nacido antes de la muerte del último Rey, de la hija primogénita entre las que tengan hijos varones, y a su descendencia masculina, natural y legítima, y en caso que el último Rey no hubiese dejado hija que tenga varón, a aquél que haya sido designado por su testamento, ya sea entre sus parientes más cercanos, o ya entre aquellos que haya creído más dignos de gobernar a los españoles

[2] Por constitución política debe entenderse ley fundamental de la que goza todo pueblo, sea oral o escrita, y que regula la organización esencial y estructura de una comunidad política (no forzosamente el Estado, que es una de las formas de organización que puede adoptar la comunidad política). Hay que tener cuidado de no entender que el concepto liberal de constitución -que es privativo- es el único válido (el artículo 16 de la francesa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la división de poderes determinada, carece de Constitución».)

[3] Op. cit., Artículo 57 – Sucesión a la Corona (pp. 164).

[4] Citado por Joaquín Tomás Villarroya, op. cit., Artículo 57.- Sucesión a la Corona (p. 165).

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