Especial Abdicación, Historia 


El rey ha muerto, viva el rey: las instituciones de la abdicación y la renuncia (II)

Retomamos la cuestión donde la dejamos, terminando el análisis de la ley orgánica exigida por el artículo 57.5 y abordando el examen detallado de la institución de la abdicación.

Liquidado este necesario excurso histórico, y estando así las cosas, parece que debe apoyarse la segunda interpretación [1] (especialmente dado que, en defecto de regulación específica, la interpretación histórica apunta en este sentido), lo que plantea la extraña circunstancia de una ley orgánica particular (en el sentido de que no sería general) y sin vocación de perpetuidad, dado que se agotaría con su propia promulgación. Sin embargo, esta interpretación suscita un problema que podría haberse solventado al acoger la primera: la posible (aunque improbable) negativa de las Cortes Generales a aceptar la abdicación. Como ya se ha apuntado anteriormente, la exégesis del artículo 57.5 realizada por los letrados de las Cortes Generales, indica que tanto la abdicación como la renuncia son actos recepticios. Se dice que un acto jurídico es recepticio cuando para su eficacia requiere la emisión de una declaración de voluntad por parte del sujeto y su comunicación a un tercero (quien no puede autorizar o denegar la declaración, limitándose a tomar nota de ella). Esto choca frontalmente con la exigencia de una ley orgánica, en tanto que las Cortes podrían, en ejercicio de su potestad parlamentaria, votar la denegación de la abdicación (privando así a esta de eficacia), lo cual plantearía un escenario de lo más disparatado. Por un lado, el Rey no habría cesado en su magistratura, obligado a mantenerse en el ejercicio de esta contra su voluntad (lo que sin duda crearía una situación de permanente tensión), pero tampoco podría ser obligado a cumplir con la voluntad parlamentaria, en tanto que seguiría siendo inviolable (artículo 56.3), no existiendo medios para constreñirle a cumplir con tal decisión. De esta dificultad, D. Joaquín Tomás Villarroya (q.e.p.d.) concluye en un ejercicio de pragmatismo que «la abdicación se presenta más que como un problema jurídico, como un quid facti; y, ciertamente, cuando un Rey tiene el firme propósito de abdicar, el desenlace no se produce, generalmente, a través de los cauces constitucionales, sino según criterios y modos que vienen condicionados por los términos en que la abdicación se plantea y las circunstancias políticas que la acompañan.» [2]. Es esta una solución eminentemente práctica que además cuenta con un precedente histórico: la abdicación de Amadeo I en 1873. Como el mismo autor apunta, esta se hizo con total omisión de los trámites constitucionales previstos al efecto, mediante carta firmada por el Rey saliente (sin refrendo ministerial) dirigida al Presidente del Consejo de Ministros, que fue leída en sesión conjunta de las cámaras. Estas, en un ejercicio de nobleza política, aceptaron la decisión regia y renunciaron a intentar convencer al monarca de que permaneciese en el cargo, y sin llegar a votar una ley aprobando la decisión regia (cuando, como se ha recordado anteriormente, el artículo 74.7 de la Constitución de 1869 así lo exigía).

Es así de esperar que la abdicación de la Corona de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón se resuelva con el mismo espíritu: acogiendo la segunda interpretación del artículo 57.5 antes explicada sin que, en ningún caso, las Cortes Generales se planteen denegar la abdicación.

Finalizada esta reflexión previa, tratemos ahora por separado las dos instituciones de derecho político de las que traen causa estas líneas: la abdicación y la renuncia.

B) Abdicación de la Corona

1º) Concepto

El sustantivo abdicación proviene del latín ab dicare, que quiere decir declarar o renunciar a algo. En este caso, se renuncia a la Corona (por ello se dice que «se abdica la Corona»), y en derecho constitucional (que no político) no se abdica a favor de una persona [3] (es decir, no se abdica la Corona a favor de un tercero, lo que sería una cesión traslativa [4]), sino que el Rey se limita a abdicar la Corona (renuncia así al derecho al cargo o ius ad officium que le confiere la Constitución, es decir realizando una cesión abdicativa), desencadenando la sucesión (en el orden previsto en la Constitución, en este caso en el artículo 57.1) en la persona en quien haya de recaer el Trono de acuerdo con el orden constitucionalmente previsto. De este modo, se dice que la cesión es abdicativa porque la voluntad del abdicante no determina de ninguna forma la identidad de la persona en que haya de recaer la sucesión, por estar este orden consagrado en una norma que escapa al control del abdicante (en otras palabras, el abdicante no puede, por su propia voluntad, trasladar la Corona a quien mejor le parezca). Es decir, en la configuración actual de la Constitución, no es posible que el Rey abdique en una persona que no tiene derecho a la sucesión según las reglas del artículo 57.1 (lo que constituiría una cesión traslativa).

Liquidado este breve examen semántico –para nada baladí, como se ha podido apreciar- pasemos a examinar el concepto de la institución jurídica de la abdicación. La doctrina es aquí pacífica al entender que se trata de la dejación voluntaria del oficio regio, y que causa la transmisión de sus derechos al sucesor de forma inmediata. Se dice que la transmisión es inmediata porque, cumplidos los requisitos formales de la abdicación, y conocida la identidad del heredero de la Corona por el juego del orden sucesorio, este adquiere la Corona desde el mismo momento en que la abdicación es efectiva (la proclamación por las Cortes sería así meramente declarativa, no constitutiva). Al producirse dicha transmisión de forma automática, se evita el interregno, uno de los principales miedos en tiempos pasados (pues podían dar lugar a abusos, usurpaciones y confrontaciones de toda clase). Por otro lado, al tratarse de una dejación [5], la abdicación sólo puede ser decidida por el monarca reinante (y no en caso de pretendientes –que aún no han recibido la dignidad real- ni de destronados –que ya la han perdido-), y que por tanto renuncia a potestades que ya había adquirido (esta precisión es muy relevante a la hora de diferenciar la abdicación de la renuncia).

Sentado lo anterior, surge la cuestión de determinar si el acto de abdicación requiere para su validez el refrendo. Recordemos que el refrendo es la institución por la cual la responsabilidad (artículo 56.3. «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2») de los actos del monarca se transfiere a un miembro del Gobierno de la Nación (artículo 64, es decir el Presidente o los Ministros), erigiéndose en requisito de eficacia de dichos actos. Se exige refrendo de todos los actos del monarca que incidan en la esfera jurídico-pública, con la salvedad expresamente prevista en la Constitución del nombramiento y relevo de los miembros de la Casa del Rey. Por supuesto, los actos jurídico-privados del monarca, en tanto que acometidos en su calidad de individuo (abstracción hecha de su cargo) no precisan de refrendo [6]. La doctrina más autorizada [7] entiende que en caso de abdicación es necesario el refrendo, pero de carácter puramente certificante, es decir que se limite a acreditar que el acto de abdicación es efectivamente expresión de la voluntad libre del monarca (evitando así que se diera por buena una abdicación hecha bajo coacción, lo que generaría una usurpación).

En el único caso de abdicación que se ha producido bajo la vigencia de la Constitución de 1978, al mismo acto de la abdicación (el anuncio por D. Juan Carlos de su voluntad de dejar el Trono) le sucedió al día siguiente un Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Gobierno y firmado por su Presidente. Es precisamente esta firma la que refrenda el acto de abdicación, cumpliendo este necesario requisito de eficacia. Empero, la abdicación no es efectiva por el mero refrendo, si no que al instrumentarse como una ley orgánica, es necesario que esta sea aprobada, sancionada por Don Juan Carlos en su último acto como monarca y publicada en el Boletín Oficial del Estado (pues estos son requisitos de validez de cualquier ley), tal y como se encarga de recordar la citada norma. Dice así el Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014:

 «Artículo única. Abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

  1. 1.    S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
  2. 2.    La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica.

 Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.»

2º) Abdicaciones en nuestra historia

El objeto de este apartado es recordar alguna de las abdicaciones más célebres de nuestra historia, no pudiendo –pues ello desbordaría el objeto del presente artículo- tratar todos los casos de abdicación de la Historia de España.

 a-   Carlos I de España y V de Alemania (1555-1556)

carlos v

Abdicación de Carlos V en su hijo Felipe II en Bruselas el 25 de octubre de 1555, pintura al óleo del belga Louis Gallait de 1842.

Extenuado por el esfuerzo empeñado para la defensa de sus reinos y estados contra el turco, el hereje y el francés, el César Carlos abdicó doblemente en Bruselas entre 1555 y 1556. Por un lado, abdicó todas las Coronas de las Españas y sus estados (incluyendo las Indias, Flandes y las posesiones italianas, entre otros) en la persona de su hijo Felipe (coronado como Felipe II). Por otro lado, cedió a su hermano Fernando (por entonces ya Rey Apostólico de Hungría) la dignidad imperial. En tanto que Fernando ya era rey de romanos (condición previa al acceso a la corona imperial) desde 1531, sólo necesitó ser reconocido como emperador electo en marzo de 1558 y coronado poco después. Retirado de las tribulaciones del mundo, el César Carlos expiraba en paz el 21 de septiembre de 1558 en el monasterio de Yuste (Extremadura).

b-   Felipe V (1724)

Tras el titánico esfuerzo bélico desplegado por las potencias europeas en la Guerra de Sucesión Española (1701-1713/14), el carácter melancólico y depresivo del primer Borbón que ocupó el Trono de las Españas (Felipe de Anjou, coronado como Felipe V) le llevó a abdicar, recayendo la Corona en su hijo Luís cuando este tan sólo contaba 17 años. Dicha abdicación fue comunicada el Consejo de Castilla el 10 de enero de 1724, y a su hijo por carta del día 14 del mismo mes, en la que el Rey saliente le daba consejos e instrucciones sobre el gobierno de sus reinos y estados. El reinado de Luís I no habría de durar más que ocho meses, pues moriría de viruela el 31 de agosto del mismo año (de ahí su triste epíteto «el Efímero»). En su testamento, Luís I abdicó a su vez la Corona, pasando esta a su padre, quien no deseaba reinar (ni ejercer la regencia en su nombre de Fernando, su segundo hijo con María Luisa de Saboya -el futuro Fernando VI-), pero presionado por su mujer, Isabel de Farnesio, acabó por retomar el ejercicio del oficio regio, que desempeñaría ya sin interrupciones hasta su muerte el 9 de julio de 1746.

En la próxima entrega de este artículo, recordaremos las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, especialmente complejas, así como la realizada en fecha reciente por Juan Carlos I, Cerrada así la reflexión sobre la abdicación, principiaremos el estudio de la institución de la renuncia simple, rememorando también algunos de los casos más significativos de nuestra historia.

Vía|Constitución española de 1978; Constitución española de 1876; Constitución española de 1869; Constitución española de 1845; Constitución española de 1837; Constitución española de 1812; Estatuto Real de 1834; Estatuto de Bayona de 1808; Código Civil; Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014; Tratado de Ultrecht (1713); Tratado de 5 de mayo de 1808; Exégesis de la Constitución de 1978 de los Letrados de las Cortes GeneralesLecciones de Derecho Constitucionales, varios autores, coord. María Isabel Álvarez Vélez, Ed. Tirant lo Blanch, Capítulo I Teoría General del Sistema Normativo; Comentarios a la Constitución, varios autores, Ed. Civitas. Artículo 57; Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona, Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

[1] Si bien la Constitución, como hemos visto, parece desechar esta opción, en buena lógica jurídica parece que la primera interpretación no es absurda, por cuanto se hace imperioso y necesario contar con una ley orgánica que regule los procesos de abdicación y renuncia, y que establezca reglas para solventar las dudas de hecho o de derecho que surjan en relación con el orden sucesorio.

[2]Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona (pp. 162-163), Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

 [3] Véase de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014, que da cuenta de la abdicación de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón: «S.M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España», como se aprecia no hay designación del beneficiario de dicha abdicación.

 [4] La abdicación en forma de cesión traslativa sí era posible, en algunos supuestos y con ciertas condiciones, bajo las leyes del Antiguo Régimen.

[5] Según el Diccionario de la Real Academia Española: «1. f. Acción y efecto de dejar. 2. f. Der. Cesión, desistimiento, abandono de bienes, acciones, etc.».

[6] Así, por ejemplo, las disposiciones de su patrimonio privado. La doctrina establece la salvedad del nombramiento de tutor del Rey menor en el testamento del Rey anterior, por cuanto, aunque contenida en un acto jurídico-privado (el otorgamiento de testamento), dicha disposición sí tiene incidencia en la esfera de actuación jurídico-pública del monarca.

 [7] Por todos, D. Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, in Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona (pp. 170-171), Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

RELACIONADOS