Especial Abdicación, Historia 


El rey ha muerto, viva el rey: las instituciones de la abdicación y la renuncia (I)

«Le roi est mort, vive le roi.» Fórmula con la que tradicionalmente el duque de Uzès, par de Francia, proclamaba el ascenso al Trono de Francia de un rey al morir el anterior.

I. Introducción

La abdicación de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rey constitucional de España, ha generado una considerable profusión de opiniones, artículos y manifestaciones de toda clase. En buen número de estos se hace un uso indistinto e indiscriminado de los términos abdicación y renuncia, casi siempre identificándolos como una y la misma cosa, erigiendo así un ejemplo de falta de rigor que es totalmente reprochable a sus autores. Así las cosas, el propósito de estas líneas es profundizar en los conceptos de la abdicación y de la renuncia, en cuanto que instituciones de derecho político, subrayar las diferencias entre ambas instituciones y recordar algunos de los casos más interesantes de nuestra historia.

Por todo ello, el presente artículo tiene una motivación exclusivamente técnico-jurídica, desprovista de toda consideración política o ideológica que pudiera desviar su finalidad y viciar de parcialidad sus contenidos.

II. Instituciones de la abdicación y de la renuncia

A)  Previo: distinción y cuestiones comunes

1º) Las fuentes

Lo primero que debe hacerse al abordar esta cuestión es consultar las fuentes que regulan las dos instituciones de derecho político [1] cuyo examen nos ocupa. Así, la principal fuente escrita es la Constitución de 1978, concretamente, su artículo 57.5 (ubicado en el Título II «De la Corona»), que dispone:

«Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica

Sin perjuicio del desarrollo llevado a cabo en el párrafo «3º) La problemática de la ley orgánica» siguiente, basta constatar que, hasta la fecha, no se ha dado ningún desarrollo legal ni reglamentario a este precepto, debiendo por tanto completarse su sentido en base a los principios constitucionales y a la historia constitucional (cuyo análisis permite apreciar la costumbre constitucional [2]).

2º) La distinción entre la renuncia y la abdicación

 banderaLo primero que se advierte es el deseo del Constituyente de diferenciar dos instituciones de derecho político distintas, no siendo la abdicación y la renuncia la misma cosa. Así lo demuestra el empleo de la conjunción copulativa «y», que disipa cualquier duda que pudiese surgir sobre esta cuestión. Según la exégesis del artículo 57.5 realizada por los letrados de las Cortes Generales [3] -alta autoridad en la materia- ambas instituciones son supuestos de pérdida de los derechos regios y «Ambos comparten las características de tratarse de actos voluntarios, personalísimos, unilaterales, recepticios e irrevocables. Y a ellos se refiere el último punto del artículo 57 de la Constitución, dando a los mismos, por vez primera en nuestra historia constitucional, un tratamiento conjunto.» [4] En efecto, se trata de una doble novedad en nuestra historia constitucional, hasta el momento nuestras sucesivas constituciones: (i) por un lado, se habían limitado a tratar únicamente la institución de la abdicación (salvo la Constitución de Cádiz de 1812); y (ii) habían dado un tratamiento separado a la abdicación y a la solución de dudas de hecho y de derecho en el orden de sucesión a la Corona. En los apartados siguientes se subrayarán las diferencias entre ambas instituciones, bastando por el momento señalar la distinción abdicación-renuncia y el hecho de su novedad, desde el punto de vista constitucional.

3º) La problemática de la ley orgánica

Constatado lo anterior, y lanzados a un examen más profundo del precepto, se observa enseguida la dificultad de determinar la función conferida por el Constituyente a la ley orgánica exigida por el artículo 57.5. En efecto, resulta que la formulación de este precepto es equívoca (es decir, tiene al menos dos significados), de suerte que la doctrina constitucionalista no es unánime en su interpretación. Así, algunos como D. Ramón Entrena Cuesta [5] hacen una exégesis sumamente parca del precepto, sin advertir las especiales dificultades prácticas que tan exigua redacción puede plantear. Otros, como D. Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna [6], se afanan en la tarea de dilucidar la extensión de ambos significados y de determinar cuál es el correcto.

Como ya se ha advertido, la redacción del precepto podría significar, al menos, dos cosas distintas: (i) una ley orgánica regulará las instituciones de derecho político de la abdicación y la regencia (tratándose así de una ley orgánica al uso, con vocación de perpetuidad), postura esta minoritaria en la doctrina; o (ii) una ley orgánica ad hoc dará cuenta (recogerá el hecho puntual y será requisito de eficacia de dicho acto) de cada abdicación o renuncia, o solucionará las dudas de hecho o de derecho surgidas en relación con el orden de sucesión a la Corona.

Si se acogiera la primera interpretación, esto significaría que la Constitución instruye a las Cortes Generales para aprobar una ley orgánica regulatoria de todo proceso de abdicación, renuncia y resolución de dudas de hecho o de derecho. Esta ley orgánica debería aprobarse desde el primer momento (y no con ocasión de una abdicación o renuncia en particular) detallando el proceso a seguir, por ejemplo, comunicación al Presidente del Consejo de Ministros, aprobación o reconocimiento por parte de las Cortes Generales, estatuto jurídico del Rey saliente (que por tanto dejaría de ser inviolable) etc. Parece ser de esta opinión el D. José Manuel Serrano Alberca, Letrado de las Cortes Generales que en recientes declaraciones a la prensa entendía que «el procedimiento que regula la abdicación y la renuncia debe recogerse en una ley de este tipo como establece la propia Constitución, pero no el hecho de abdicar. “La Carta Magna”, señala, “no obliga a que el Rey esté autorizado por una ley para abdicar, sino que prevé que una ley orgánica, la prevista en el artículo 57.5, regule este proceso” [7]

Sin embargo, no es esta la opinión mayoritaria de la doctrina (y tampoco la del Gobierno de la Nación, como veremos enseguida), que entiende que las Cortes Generales deben autorizar mediante una ley orgánica ad hoc (lo que no deja de contradecir dos de las cualidades de toda ley, la generalidad y la vocación de perpetuidad) cada abdicación o renuncia concretas, es decir recogiendo el hecho específico e individual de la abdicación o la renuncia y dándole eficacia jurídica mediante una votación por mayoría absoluta (trámite con el que debe aprobarse cualquier ley orgánica). Reflexionemos ahora en qué se sustenta esta interpretación.

En primer lugar, debe procederse a un examen semántico del precepto. Si no se hubiese añadido el inciso final «cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona» (pues se trata de situaciones concretas y específicas) o no se hubiese empleado el verbo «se resolverá» (que implica la existencia de una contingencia puntual a solventar) en lugar de «se regulará» (que sí sería indicio de que la CE se refiere a una ley orgánica con vocación de perpetuidad, pues emplea en varias ocasiones este verbo en las reservas de ley), o se hubiese evitado el uso de los plurales («Las abdicaciones y renuncias») que apuntan más bien a la solución de contingencias particulares, podría apoyarse la primera interpretación. Una interpretación histórica también respalda la segunda interpretación. Si examinamos nuestra historia constitucional, los distintos textos apuntan a que el monarca, desde los albores del régimen liberal, necesitaba el «permiso» de las Cortes Generales para abdicar o renunciar. Veamos pues estos precedentes constitucionales:

 (i)           Artículo 172, regla 3º, de la Constitución de 1812: «No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar o en cualquier manera traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. Si por cualquiera causa quisiera abdicar el Trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes».

 (ii)          Artículo 48.6 de la Constitución de 1837: «El Rey necesita estar autorizado por una Ley especial […] para abdicar la Corona en su inmediato sucesor». No hace mención alguna a la institución de la renuncia.

 (iii)         Artículo 46.4 de la Constitución de 1845: redacción idéntica a la anterior. No hace mención alguna a la institución de la renuncia.

 (iv)         Artículo 74.7 de la Constitución de 1869: «El Rey necesita estar autorizado por una Ley especial […] para abdicar la Corona [8].» No hace mención alguna a la institución de la renuncia.

 (v)          Constitución de 1876: su artículo 55.5 es idéntico a los equivalentes de 1837 y de 1845. No hace mención alguna a la institución de la renuncia.

 (vi)         Las Cartas Otorgadas (el Estatuto de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834) no contenían disposiciones en este sentido.

El hecho de que todos los textos constitucionales del liberalismo español impusiesen como requisito la autorización de las Cortes a la abdicación del monarca (las formulaciones antes citadas así lo apuntan, al expresarse en términos indubitadamente imperativos) no es capricho ni coincidencia, si no que respondían a la necesidad de evitar la repetición de los sucesos de Bayona de 1808. Durante los mismos, y hallándose sus reales personas bajo coacción del emperador Napoleón Bonaparte, Fernando VII abdicó en su padre Carlos (quien previamente había abdicado en su hijo en marzo de 1808 a resultas del Motín de Aranjuez), quien a su vez cedió la Corona (más adelante profundizaremos en el sentido exacto de esta cesión) a Napoleón Bonaparte, quien finalmente la traspasó a su hermano José. A pesar de que la cadena de abdicaciones producida en Bayona se consideró nula de pleno derecho [9] desde el primer momento al hallarse las reales personas privadas de libertad (generando así un vicio por falta del consentimiento por causa de coacción) en cuanto que cautivas del emperador de los franceses, los constituyentes reunidos en Cádiz quisieron prevenir futuros sucesos de este tipo, decretando expresamente la necesidad de autorización parlamentaria para hacer efectivas futuras abdicaciones. A esto debe unirse la recepción del concepto liberal de la soberanía nacional, por la que se entendía que existía un doble pacto, por un lado, entre el Rey y su dinastía, y por otro, entre el Rey y la nación (representada en Cortes Generales), por lo que el monarca no podía hacer dejación caprichosa de sus derechos, debiendo recabar el permiso de unas Cortes llamadas a comprobar la bondad y justicia de tan trascendente decisión.

En la próxima entrega de este artículo culminaremos la problemática de la ley orgánica exigida por el artículo 57.5 de la Constitución de 1978 y abordaremos el análisis pormenorizado de la institución de la abdicación.

Vía| Constitución española de 1978; Constitución española de 1876; Constitución española de 1869; Constitución española de 1845; Constitución española de 1837; Constitución española de 1812; Estatuto Real de 1834; Estatuto de Bayona de 1808; Código Civil; Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de junio de 2014; Tratado de Ultrecht (1713); Tratado de 5 de mayo de 1808; Exégesis de la Constitución de 1978 de los Letrados de las Cortes GeneralesLecciones de Derecho Constitucionales, varios autores, coord. María Isabel Álvarez Vélez, Ed. Tirant lo Blanch, Capítulo I Teoría General del Sistema Normativo; Comentarios a la Constitución, varios autores, Ed. Civitas. Artículo 57; Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona, Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

[1] Se hará constante referencia al derecho político, rama de la disciplina jurídica que estudia la organización de la comunidad política (no necesariamente el Estado, que es una de las formas en que puede organizarse la comunidad política), y dentro de la cual se ubica el derecho constitucional (que sólo versa de la organización política regida por el principio de constitución liberal –compuesta sumariamente del principio de separación de poderes y del concepto de los derechos humanos y similares, como los derechos fundamentales-).

[2] La costumbre es comúnmente aceptada como fuente del derecho en el campo del derecho político, vid. entre otros, Lecciones de Derecho Constitucionales, varios autores, coord. María Isabel Álvarez Vélez, Ed. Tirant lo Blanch, Capítulo I Teoría General del Sistema Normativo (p. 42-43).

[4] Esta definición planteará problemas sustanciales a la hora de determinar la función de la ley orgánica en el apartado 3º) siguiente.

[5] Comentarios a la Constitución, varios autores, Ed. Civitas. Artículo 57 (pp. 1048-1049).

[6] Comentarios a la Constitución Española de 1978, varios autores, Tomo V (Artículos 56 a 65), Artículo 57 – Sucesión a la Corona (p. 169 y ss), Cortes Generales Editoriales de Derecho Reunidas.

[8] En este caso, se eliminó la coletilla «en su inmediato sucesor», en la medida en que se consideró un pleonasmo, pues como escribía Montero Ríos en 1875, la abdicación del Rey sólo podía producir, con o contra su voluntad, el efecto de adquirir la Corona su inmediato sucesor, pero no por él (esto escapaba a su voluntad), sino por la Constitución.

[9] Así, las Cortes Generales y extraordinarias , mediante decreto de 24 de septiembre de 1810, proclamaron que «conformes en todo con la voluntad general, pronuncian del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor Don Fernando VII, y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la Corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la nación

 

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